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Récord de detenidos: las cárceles y comisarías bonaerenses alojan a 58.781 presos, casi 6000 más que en 2018

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La cantidad creció con respecto a los años anteriores y representa un 120% de exceso con respecto a la capacidad máxima de alojamiento del servicio penitenciario provincial; un tercio de los presos tiene entre 18 y 30 años; el 40% está acusado o fue condenado por robos y hurtos.

Nunca en la historia penal de la provincia de Buenos Aires hubo tantos detenidos. Durante 2021, hubo 58.781 presos alojados en celdas de cárceles y comisarías bonaerenses o en prisión domiciliaria, monitoreados por medio de tobilleras electrónicas.

La estadística oficial confirmó un ascenso con respecto a 2020, cuando hubo 57.449 personas privadas de su libertad. Durante el año de pandemia había bajado la cantidad de detenidos con respecto a 2019, cuando hubo 58.300 presos distribuidos en los distintos penales y seccionales del territorio bonaerense, a los que se sumaron aquellas personas que estaban con prisión morigerada y controlada a través de dispositivos electrónicos.

Según consta en el relevamiento realizado por el Registro Único de Personas Detenidas (RUD) del Ministerio Público Fiscal bonaerense, de los 58.781 detenidos en 2021, al menos 54.258 presos estaban alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), alcaidías y dependencias de la policía bonaerense. En tanto que 4523 personas estaban detenidas bajo la modalidad de arresto o prisión domiciliaria.

El estudio, realizado por el Ministerio Público a partir de la información que consta en las causas penales iniciadas durante 2021 en las fiscalías bonaerenses, puso al descubierto la juventud de la población carcelaria: al menos una tercera parte de los 58.781 detenidos tiene entre 18 y 30 años.

Sobre los delitos que cometieron esos presos y que los llevaron a la cárcel, casi el 40% de los detenidos fueron procesados o condenados por robos y hurtos; el 21%, por delitos contra las personas, como ser lesiones graves u homicidios. Aunque el hecho más revelador está relacionado con los acusados o sentenciados por delitos contra la integridad sexual: según el informe, el 14% de los 58.781 detenidos tiene imputaciones o condenas por agresiones sexuales.

Con relación al estado procesal, el estudio concluyó que el 47,4% de las personas alojadas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires se encuentra con condena dictada; el 7,4% de las personas privadas de la libertad está con sentencia de primera instancia que todavía no quedó firme, y el 45,2% restante, en condición de “detenida”, categoría que comprende aquellas personas que figuran como procesadas con auto de prisión preventiva como así también las que se encuentran encausadas y presas.

De los 58.781 detenidos en las 66 cárceles y alcaidías bonaerenses, el 93,8% son hombres y el 6,2%, mujeres, entre las que figuran 32 madres que están presas con sus hijos, a los que crían dentro de un penal.

Las comisarías de la policía bonaerense también tienen una importante cantidad de personas detenidas. En las distintas seccionales de la fuerza de seguridad provincial se encuentran 4415 presos. Esta cifra expone una circunstancia de constante conflicto entre la Justicia, las autoridades de la policía bonaerense y el SPB, que pugnan por aliviar la cantidad de presos alojados en seccionales que no están preparadas para tener detenidos, lo que provoca habituales fugas o motines. Ese conflicto se profundiza debido a que los establecimientos del SPB están superpoblados y carecen de plazas para recibir a detenidos derivados de las comisarías.

Pero también existe una superpoblación en los penales bonaerenses, que actualmente tienen una capacidad para alojar a 27.000 presos, aunque hay poco menos de 50.000 detenidos, es decir, un excedente del 85 por ciento. Esas son las cifras oficiales. Otros organismos, como ser la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) enfatizan que en Buenos Aires la cantidad de personas en condición de detenidas supera en un 120% la capacidad máxima de alojamiento prevista en el sistema de persecución penal provincial.

Aun cuando durante los últimos dos años se sumaron casi mil plazas nuevas para alojar presos, se registró una serie de incidentes que pusieron al descubierto debilidades en el sistema carcelario. Este fue el caso de Joel Maximiliano Gómez, de 25, años, que huyó de la alcaidía departamental de Avellanada, situada en la localidad de Piñeyro.

Hace una semana, Gómez pasó a través de las rejas del calabozo y escapó sin que ninguno de los guardiacárceles lo advirtiera, a pesar de que había una cámara de seguridad que enfocaba hacia la celda. El detenido estaba alojado en ese lugar a la espera de ser trasladado a los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para ser juzgado por un doble homicidio ocurrido en 2020. Dos agentes penitenciarios fueron apartados de sus cargos, acusados de haber facilitado la fuga.

El panorama se agrava en las comisarías de la policía bonaerense. Allí la superpoblación es más evidente y favorece situaciones de evasión o de motines protagonizados por los presos, custodiados por efectivos que no están preparados para cuidar detenidos, una función específica de los agentes penitenciarios.

Esa situación de hacinamiento en las seccionales bonaerenses quedó expuesta, por ejemplo, en la fuga ocurrida en diciembre pasado en la comisaría 4ª de San Martín, cuando huyeron nueve de los 51 presos que estaban alojados en la dependencia, situada en José León Suárez. Los calabozos de esa seccional tenían capacidad para 12 detenidos y había 51 presos en el momento de la evasión.

Cada motín o fuga de una comisaría bonaerense echa luz sobre la situación de hacinamiento en los calabozos de las seccionales. A partir de la fuga de cuatro presos que estaban alojados en la comisaría de José C. Paz, ocurrida en septiembre pasado, se conoció que en dicha dicha seccional había 72 detenidos en un lugar donde hay capacidad para alojar a 15 presos.

Los motines también constituyen un factor que expone esa situación de hacinamiento en las comisarías bonaerenses, aunque acarrea un riesgo adicional: el peligro de que esa revuelta termine con algún interno fallecido aumenta exponencialmente debido al confinamiento y a la cantidad de presos alojados en un espacio reducido.

(La Nación)

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Paso Urbano: después de los reclamos de Susbielles, los libertarios “se acordaron” del Cholo

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Durante meses la obra del Paso Urbano de Bahía Blanca, en la zona de El Cholo, fue una postal del abandono. Pavimento destruido, desvíos peligrosos y una infraestructura clave para la logística portuaria paralizada. Nación miraba para otro lado. Hasta que el intendente Federico Susbielles decidió poner el tema arriba de la mesa.

La secuencia política es bastante clara.

Primero, a mediados de febrero, el Municipio y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca salieron a pedir formalmente a Nación que les permitiera intervenir para arreglar el tramo más deteriorado de la ruta en la zona de El Cholo.

El mensaje era directo: si el gobierno nacional no iba a terminar la obra ni a mantenerla, al menos debía autorizar a la ciudad a hacerlo.

Ese movimiento no fue menor. Significaba que el gobierno local estaba dispuesto a buscar soluciones propias para una obra nacional paralizada, incluso explorando esquemas alternativos para garantizar la transitabilidad en uno de los accesos más importantes de la ciudad.

El reclamo fue creciendo. Desde el municipio se insistió en que el estado del paso urbano no solo afectaba la logística portuaria, sino también la seguridad vial de miles de vehículos que circulan todos los días por ese sector.

Y entonces pasó lo que suele pasar en política: cuando alguien empuja fuerte el tablero, los demás reaccionan.

Días después del planteo de Susbielles, desde el ámbito libertario comenzaron a aparecer anuncios y gestiones para realizar reparaciones en el tramo deteriorado del Paso Urbano. De golpe, la obra que llevaba meses congelada volvió a tener movimiento.

La explicación oficial habla de trabajos de mantenimiento y recuperación del pavimento. Pero en Bahía muchos leen otra cosa: el fuerte reclamo del intendente peronista apuró a los libertarios, que salieron a mostrar gestión sobre un problema que hasta ese momento parecía no estar en la agenda nacional.

En política las casualidades existen, pero no tantas.

La cronología muestra que primero vino el reclamo de Susbielles, después la presión pública del municipio y el Puerto, y recién entonces aparecieron las reparaciones.

Dicho de otra manera: cuando el intendente empezó a mover fichas para resolver el problema, algunos en Nación se acordaron de que el Paso Urbano existía.

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La tensión con la industria y las internas copan la agenda frente al descanso del Congreso

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El Congreso parece haberse tomado un respiro después de un mes a paso forzado, impuesto en febrero por el oficialismo para avanzar con sus principales proyectos en sesiones extraordinarias. Ese descanso legislativo coincide con una escalada en el frente industrial después de sucesivas cargas presidenciales y, también, potencia el efecto de la renovada interna violeta. La ofensiva de Javier Milei sobre empresas acaba de generar respuesta orgánica del sector, un dato político fuerte, hasta impensable no hace mucho. Y la pelea doméstica con Victoria Villarruel escribe un capítulo grave -con sospechas cruzadas-, mientras el recambio en el ministerio de Justicia expone un pico de tensión en la línea más próxima a Olivos.

El ruido político y mediático de estas horas no tiene los protagonistas centrales que seguramente imaginaba el Gobierno al elaborar el discurso y la actuación que marcaron la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, hace apenas cuatro días. Los pasajes más resonantes de Milei ante la Asamblea Legislativa tuvieron como eje las cargas sobre el kirchnerismo. Sin embargo, en buena medida por la crisis del peronismo/K y la fatiga del tema, el efecto más notable es la consagración de una franja empresarial como “enemigo” para la “batalla cultural”. Era previsible, después de algunos mensajes previos, y quedó ratificado en la cadena nacional.

No lo dicen las respuestas formales, pero resulta evidente que este giro del oficialismo se produce frente a algunos elementos de la economía preocupantes. Lo exponen registros diferentes, incluso algunos, como el último informe del EMAE, que muestran avances en algunos rubros y retrocesos en otros. Esos renglones de retroceso incluyen a la industria y el comercio interno, en la misma línea que estimaciones privadas. Y en paralelo con relevamientos sobre consumo (niveles y modificaciones de hábitos por cuestiones de ingresos) y empleo.

Milei había dedicado mensajes con descalificaciones a Paolo Rocca y, después, a Javier Madanes Quintanilla. Esa andanada sobre Techint y Fate/Aluar había generado malestar, contenido hasta ahora. El discurso presidencial en el Congreso terminó por precipitar una reacción medida, pero fuerte, más que por los términos por el hecho en si mismo de la respuesta, a cargo de la UIA y de AEA. Reclamaron “respeto” y “diálogo”, una manera también de contraponer mensajes. Se verá si abre una discusión de fondo sobre algunos trazos gruesos de la gestión económica.

Por lo pronto, en dos días seguidos, la UIA difundió el referido comunicado y el último informe de su Monitor de Desempeño Industrial, que anota otra vez una caída generalizada de la actividad. Resulta probable que dispare una confrontación de datos desde la vereda violeta, al estilo de las redes sociales, antes que una discusión sobre visión económica y desarrollo. Pero en términos prácticos, se trata de un dato también político.

Aunque tenga sentido paradójico, el discurso de Milei terminó corriendo el foco del Congreso -protagonista casi exclusivo de febrero- y a la vez dejó abierta una expectativa sobre el anuncio de decenas de reformas, sin precisiones y, por lo tanto, un interrogante sobre la actividad legislativa que realmente impulsará el Ejecutivo. En lo inmediato, viene más lento el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que aprobó el Senado y recién empieza a moverse en Diputados. Habrá audiencias públicas y el desenlace quedaría para abril.

La tensión del oficialismo aparece ahora concentrada en la interna. El más repetido enfrentamiento -entre Olivos y la vicepresidente- agregó entregas y, sobre todo, añadió ingredientes mas fuertes: sospechas de operaciones y acusaciones graves. Los cruces más visibles acaban de sumar a Patricia Bullrich y registraron fragilidad de límites en el intercambio de Villarruel y Luis Petri. La vicepresidente pegó en tono de denuncia sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión del ex ministro de Defensa. Y el ahora diputado la acusó de golpista.

Ese cruce y el arrastre del estado de no retorno con Karina Milei -recreado en la Asamblea Legislativa del domingo pasado- pusieron otra ves en primera línea las especulaciones sobre movimientos en el Senado. Es curioso, porque Bullrich retomó la exposición pública de la disputa con Villarruel, pero más allá de lo que se busca imponer como versión de distensión, está lejos de una buena relación con la hermana del Presidente. En ese clima, la vicepresidente dijo que van por su caída del cargo, algo que pareció anticipar capítulos más oscuros de esta pelea.

En el centro del Gobierno, la interna repuso titulares sobre las disputas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. La designación de nuevas autoridades en el ministerio de Justicia no agota la historia, sino que provoca interrogantes sobre su proyección hacia otras áreas sensibles de Gobierno, la justicia federal y hasta la Corte.

Como se sabe, Mariano Cúneo Libarona actuó durante meses como pieza para evitar un conflicto grave en el tablero del poder. Había difundido su decisión de renunciar en los días amargos para el oficialismo por la derrota en la elección bonaerense y siguió en el cargo, en parte porque el cuadro se alivió con la celebración de octubre. En rigor, su salida venía escrita desde antes. Y la permanencia se estiró hasta ahora; termina con la designación de Juan Bautista Mahiques. La jugada incluye a Santiago Viola en el segundo escalón ministerial, desplazando a Sebastián Amerio.

La movida expresa un éxito de Karina Milei en detrimento de Santiago Caputo. El punto ahora es si este avance se extiende hacia cargos de peso que responden al asesor: ARCA y SIDE. Por lo pronto, los primeros pasos del designado ministro fueron claros. Visitó la jefatura de Gabinete y allí estuvo reunido con Karina Milei -a quien había agradecido su designación de manera especial y públicamente- y con Santiago Viola.

Este jueves, Milei tomará juramento a los nuevos funcionarios. Presencias, ausencias y gestos presidenciales también tendrán lectura en clave de interna.

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Tras las 90 reformas que anunció Milei, el peronismo quiere evitar que LLA se adueñe de la agenda del Congreso

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En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.

Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.

Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.

“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.

En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.

Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.

En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.

Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.

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