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Política Provincial

Kicillof crea programa para acelerar obras de vivienda que están paralizadas

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Después de modificar el Régimen de Predeterminación de Precios de los Contratos de la Obra Pública para acelerar la llegada de fondos a los municipios bonaerenses, el Gobernador Axel Kicillof oficializó la creación de un programa destinado a la terminación y renegociación de convenios del Instituto de Vivienda, que va en la misma dirección.

Las dos medidas surgen a partir de los planteos de los intendentes bonaerenses respecto a la paralización de obras, el retraso en el giro de partidas y la desactualización de los presupuestos a partir de la escalada inflacionaria de los últimos meses. La gestión de Kicillof intenta reactivar la hoja de ruta trazada en su “Plan 6×6″, centrado en la obra pública.

Según indica la resolución N° 2/22 del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Agustín Simone, y la jefatura de Gabinete de Ministros, que comanda Martín Insaurralde, el programa de Terminaciones y Renegociaciones está destinado a promover acciones con las municipalidades y entidades “para la conclusión de emprendimientos con intervención del Instituto de la Vivienda”.

En ese sentido, la normativa explica que el Instituto de la Vivienda, como encargado de ejecutar la política habitacional bonaerense interviene en este programa porque “existe un conjunto de obras que, por distintos motivos, se encuentran paralizadas” y eso su deber efectuar “el cumplimiento de los planes de vivienda de interés social”.

Como lineamientos generales, el programa de Terminaciones y Renegociaciones establece que los precios de los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas y los montos de los convenios de financiamiento de planes sociales de construcción o mejoramiento financiados por el Estado Provincial, se establecerán en pesos.

Además, la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito aclara que el programa de Terminaciones y Renegociaciones podrá ser aplicado a los contratos o convenios de financiamiento anteriores a su entrada en vigencia, en tanto se logre un acuerdo entre las partes contratantes.

Por último, el nuevo cálculo de los montos de financiamiento y pago de los certificados de avance de obra de viviendas, así como los procedimientos para ampliaciones de plazo y aprobación del plan de trabajos se regirá por el nuevo régimen de redeterminación de precios de los contratos de obras públicas, que se adapta a la suba inflacionaria que en el último mes alcanzó el 7.4% y en el año lleva un acumulado del 46.2%.

Ahora bien, el programa se divide entre aquellas obras que deben ser terminadas, porque fueron paralizadas por problemas financieros o directamente abandonadas en su ejecución durante la gestión anterior, y aquellas de vivienda que ante la suba inflacionaria quedaron desfasadas en sus presupuestos y deben ser renegociadas para darles una finalización.

De qué se trata el programa de terminación de viviendas

En el caso de las terminaciones, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano otorgará financiamiento a las municipalidades o a entidades sin fines de lucro, con aplicación de los programas vigentes en la cartera bonaerense, para la terminación de emprendimientos iniciados en el marco de los diferentes programas nacionales o provinciales, con contratos de obra pública o convenios de financiamiento rescindidos o con procedimientos de rescisión iniciados.

En cualquiera de esas instancias en las que la obra aplique al programa de terminación, antes de suscribirse deberá estar aprobada y notificada la rescisión del Convenio de Financiamiento o del Contrato de Obra Pública anterior.

En relación al inmueble sobre el que se asiente la obra de vivienda, el texto de la norma que lleva la forma de Simone deberá pertenecer al dominio del Instituto de la Vivienda o al dominio municipal, y sobre lo que haya hecho al momento la cartera encomendará un relevamiento exhaustivo, para luego poder elaborar un presupuesto que tenga en cuenta el costo real de la obra a ejecutar.

Finalmente, las viviendas que se suscriban al programa de terminación y sean correctamente habilitadas al uso, serán adjudicadas por el Instituto de la Vivienda. En ese sentido, la Gerencia Escrituraria y Social verificará el listado de postulantes del municipio que cumplan con los requisitos.

(DiputadosBsAs)

 

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Aprobaron la Ley Ema contra el acoso digital en los colegios y prohibieron celulares en los secundarios

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La Ley Ema surgió a raíz del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 tras sufrir la viralización y difusión no consentida de un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, transformó el dolor en una propuesta para que no se repitan casos similares y así surgió primero una Guia Ema y luego el proyecto de ley, trabajado junto a diversos colectivos y especialistas.

En la Legislatura, el articulado fue presentado por la diputada Mayra Mendoza, quien hoy, tras la sanción, dijo que todo es “fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Agregó que “a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo” y destacó que “desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales”.
La “Ley Ema” privilegia un enfoque preventivo de la problemática al incorporar a las bases educativas el concepto de ciudadanía digital segura, centro a partir del cual se disponen una serie de acciones concretas para combatir el acoso. Entre ellos figuran la inclusión en la currícula de contenidos transversales obligatorios sobre el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales.

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un “uso responsable” que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.

Fuente: Agencia DIB.

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Carlos Bianco exigió mantener las PASO y dijo que eliminarlas es “un delito”

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Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO, desde la administración de Axel Kicillof exigieron mantenerlas y calificaron de “ilegal” querer avanzar con cambios a menos de un año de las elecciones.

En pleno debate sobre las intenciones de la gestión libertaria de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que ese cambio de reglas es “un delito” y que en el fondo lo que busca es evitar que la oposición se organice para disputarle la presidencia a Milei.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo en conferencia de prensa Bianco, quien denunció que desde el Gobierno nacional lo han dicho de “manera descarada” que quieren voltear las PASO para que la oposición no se pueda organizar.

En este contexto, destacó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional. “Eso está mal, es ilegal, es un delito. Manipular el sistema electoral para que reelija o gane una determinada fuerza política. Si modificás el sistema electoral tiene que ver con que sea más transparente, más económico, más eficaz”, agregó. Y destacó, como una forma de mensaje interno, que hay un compromiso de gobernadores peronistas de no modificar el sistema actual.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

Fuente: Agencia DIB

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