La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.

Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).

Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).

En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.

En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.

Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.

La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.

La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.

Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.

En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.

En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos”.

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.

Aún sin el cronograma electoral definido, en el Gobierno no descartan presentarse en unidad con el PRO para competir por la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. Si bien desde La Libertad Avanza aseguran que el tema no está planteado, en Casa Rosada dejan abierta la posibilidad y sostienen que, antes de encarar negociaciones electorales, deben resolver previamente algunas definiciones del sistema electoral, como el futuro de las PASO.

“Todavía no estamos pensando en eso. Nosotros antes tenemos que definir algunas otras cosas, como por ejemplo, si hay PASO o no”, sostuvo una fuente del armado porteño ante Infobae. “Todo puede ser”, postuló al respecto una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En las filas libertarias esperan tener despejadas algunas incógnitas antes de sentarse a cranear el mapa de alianzas que posibilite la reelección del presidente Javier Milei en los próximos comicios. Uno de esos puntos pendientes es la aprobación de la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Las declaraciones llegan después de que el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestara su intención de competir por un nuevo mandato. “Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande”, planteó en declaraciones a Infobae En Vivo.