Con mucho sentido del humor, algunos creen que la CGT “farmea aura” con su plan de lucha actual contra el Gobierno. En el código de los adolescentes, esa expresión alude a acciones deliberadas para proyectar una personalidad atractiva, segura o interesante con el propósito simbólico de “acumular” puntos de carisma social. En ese sentido, la movilización con presencia casi testimonial de este jueves en defensa de la industria sería parte de una serie de medidas de la CGT en busca del mismo efecto que esos jóvenes que hacen gestos y poses para ganarse la aprobación de los demás.

En forma equivalente, podría decirse que el Gobierno hace lo mismo cuando asegura que los salarios le están ganando a la inflación o que se crearon 500 mil puestos de trabajo. ¿Quién gana en el duelo de “farmear aura” entre los sindicalistas y los funcionarios libertarios? Las votaciones están divididas, sobre todo porque hay mucha gente que pide bastante más que gestos, y para saber quién “farmea” mejor que el otro habrá que esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Tras haber amagado con un temible esquema de protestas “a la francesa”, la CGT terminó con una sucesión de movilizaciones limitadas y sin huelgas que parecen una suerte de precalentamiento para llegar en mejores condiciones al quinto paro general contra Milei. ¿Llegará? Las movilizaciones de baja intensidad le permiten a la dirigencia cegetista calmar a los sectores más duros y ganar tiempo para que, según espera, crezca el malestar social y la paralización de actividades sea tan contundente que el Gobierno tenga que rectificar sus políticas.

La imagen de la movilización de hace 24 horas ante la Secretaría de Industria fue una fotocopia de concentraciones como las que se iniciaron el 22 de julio con una “adhesión” de la CGT a la marcha que los jubilados realizan los miércoles ante el Congreso.

Lejos de aquellas multitudinarias movilizaciones sindicales de los años 70, 80 o 90, la central obrera ahora organiza marchas de baja densidad, sin mover a pleno el clásico “aparato”, e incluso con sugestivas ausencias de algunos dirigentes importantes.

Parece apuntarse más a la cantidad que a la calidad de las movidas callejeras: en los últimos tres meses la dirigencia cegetista ya acumuló 5 movilizaciones (entre las que convocó y las que fue sólo adherente) con participación casi testimonial. Y ahora, el jueves próximo, se concretará un declarado “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que implica sumar una columna propia, pero no movilizar en forma masiva.

La postal del escenario de la protesta de este jueves mostró a la mayoría de los líderes de la CGT, aunque llamó la atención que un dirigente de peso como Armando Cavalieri (Comercio) haya preferido salir a la calle con sus militantes y no posar con sus colegas cegetistas de renombre. Lo mismo sucedió con Sergio Romero (UDA), referente de los sindicatos educativos, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), un aliado dialoguista, entre otros.

Aun así, el curso de acción actual de la CGT fue ratificado la semana pasada por una treintena de dirigentes que participaron de una reunión ampliada de la mesa chica. Allí se aprobó la movilización en defensa de la industria y el acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria, pero nadie dijo nada del paro general.

¿Adónde quedó el ala dura sindical, que presionaba a la CGT con medidas más duras contra el Gobierno? Parece estar en repliegue. Un crítico de la pasividad cegetista como el kirchnerista Abel Furlán fue desplazado por la Justicia de la jefatura de la UOM. Sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), agrupación ultraopositora de impronta combativa, perdieron fuerza: ya no tienen en sus filas al líder metalúrgico y su principal figura es el radicalizado jefe de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, con una agenda combativa propia que deja atrás a sindicatos como Aceiteros, Pilotos y Viales, entre otros.

Hace casi dos meses, en Rosario, anunciaron que preparaban “paros regionales para llegar a una huelga nacional por salarios antes de fin de año”. “Nos sobran motivos para avanzar en una huelga general antes de la visita del Papa porque la situación ya no da para más”, señaló Aguiar en aquel momento. Este jueves, en Córdoba, hicieron un encuentro en el que resolvieron pedirle a la CGT “unidad para enfrentar al Gobierno” a través de un paro por tiempo indeterminado.

ATE integra la CTA de los Trabajadores, que, junto con la CTA Autónoma, se adaptaron hasta ahora al plan de lucha light iniciado junto con la CGT y ya comenzaron a manejarse en forma autónoma: ambas centrales obreras anunciaron por su cuenta más movilizaciones y un paro general a fines de octubre, de incierta repercusión porque la CGT maneja sus propios tiempos y sigue mirando de reojo la quinta huelga general contra Milei.

La otra gran expresión del ala dura sindical está agrupada en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales gremios de un sector clave para garantizar el éxito de cualquier medida de fuerza. Su líder, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), fue el impulsor del virulento esquema de protesta “a la francesa” y, como sus pares, un crítico del cansino ritmo de las medidas de la CGT.

Pero la CATT archivó por ahora las amenazas de paralizar el transporte y su última medida fue académica: organizó la semana pasada el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, en la sede de la CGT, con oradores como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y el sociólogo brasileño Emir Sader.

¿La CGT, entonces, no es la única que “farmea aura”? Es probable que a todos los sindicalistas les pase lo mismo: no endurecerse al máximo contra el Gobierno, entre otros factores, por cierta renuencia de las bases a adherir a medidas que impliquen la pérdida del día de trabajo y el presentismo, en un contexto de necesidad de conservar el empleo (o miedo de perderlo). Y, además, por una estricta reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, que fija duras sanciones si los sindicatos que realizan paros no garantizan servicios mínimos del 50% o del 75% en un amplio listado de actividades que incluyen al transporte, la salud y la educación, entre otros.

Al mismo tiempo, el gremialismo siente que sus medidas no tienen tanta incidencia porque se llevan adelante sin apoyo de la oposición política o, peor aún, son consecuencia de su inacción en el Congreso. Por eso, en su discurso de ayer, el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) exigió que “la política se deje de joder y se ponga al frente de los problemas estructurales que demanda la sociedad argentina” porque, si no, “el pueblo se va a enojar y lo va a pasar por encima”. “Necesitamos el compromiso de la dirigencia política del campo nacional y popular”, dijo.

Aun así, pese a que hoy sólo tiene sabor a precalentamiento, el plan de lucha de la CGT puede ir profundizándose tras la visita del Papa (¿segunda quincena de noviembre?) y la batalla con la administración libertaria dejaría de ser testimonial. Se aproximan las grandes definiciones electorales y en el propio Gobierno debaten cómo lograr una reactivación económica que llegue al bolsillo de los votantes. Es lógico: el telón de fondo crucial son los comicios de 2027, donde a ninguno le alcanzará con “farmear aura”.

La discusión interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires entrará en una etapa vertiginosa hacia el tramo final de 2026. Es que en el calendario que tiene por delante aparecen distintas fechas en las que el partido se moverá y debería acordar, entre otros temas, la presidencia de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario en el marco del acuerdo alcanzado con el MDF que resultó en que el gobernador Axel Kicillof termine como presidente partidario, cargo que asumió formalmente en marzo de este año.

Se espera que el Congreso del partido sea convocado para el mes de noviembre y que, en principio, los congresales terminen levantando la mano para que el líder de La Cámpora sea ungido como presidente de ese órgano, que es la máxima autoridad partidaria en la provincia y representa la soberanía de los afiliados. Sin embargo, así como sucedió con el consejo partidario, el Congreso también es territorio en disputa y más aún con la interna que atraviesa el peronismo en pos de las elecciones del año que viene. Una de las claves será la conformación de la Junta Electoral del partido y del resto de las autoridades del Congreso, que también deberán elegirse en el próximo encuentro. Actualmente, el presidente de la Junta electoral es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Entre sus principales atribuciones, el Congreso define el programa de acción política y la plataforma electoral en la provincia de Buenos Aires, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas y otras decisiones de política electoral. Puede requerir informes a los organismos partidarios y a los afiliados con cargos electivos o ejecutivos, analizar la memoria, el balance y las cuentas del partido, intervenir Consejos de Distrito ante incumplimientos graves y convocar a elecciones si se produce la acefalía del Consejo Provincial. Asimismo, puede promover y sancionar reformas de la Carta Orgánica con las mayorías establecidas.

Si bien un dirigente cercano al gobernador confió a Infobae que el acuerdo “sigue vigente” —es decir, que Kicillof presida el consejo del partido y Máximo el Congreso—, también es cierto que desde el sector del gobernador empezarán en los próximos días a resolver nombres para proponer en la integración de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso: otro ámbito que se compone de 22 integrantes. Será una de las señales que busca dar el MDF, en pos de su emancipación. Entre la dirigencia cercana al gobernador hay entusiasmo para que haya más gestos en esta dirección. Ese movimiento juega a varias bandas. Por ejemplo, en el rumbo electoral del peronismo para la sucesión de Kicillof a la gobernación, ya que no está descartado que a nivel provincial sí haya una PASO para ordenar la proliferación de candidatos de peso que hoy aparecen. Ahí, el sello del PJ hoy en manos de Kicillof tendrá peso propio, pero para que el PJ forme una alianza con otros partidos, esa determinación tiene que pasar por el Congreso partidario, que en principio será presidido por el líder de La Cámpora.

Ante la consulta de Infobae, en La Cámpora fueron determinantes: “Este viernes iba a haber una reunión por este tema y se suspendió; una vez más el que no cumple los acuerdos es Axel”.

Otro tema a resolver será la locación elegida para ese encuentro. Una discusión que es gestual, pero que ya fue materia de conflicto el año pasado cuando en una reunión del consejo del partido, en San Vicente, —que por entonces presidía Máximo Kirchner— hubo una fuerte discusión entre el propio diputado nacional y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por el lugar propuesto para la realización del Congreso. En ese momento, Katopodis, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, pulsearon para que el Congreso se haga en La Matanza, ya que su intendente, Fernando Espinoza, ocupaba la presidencia del Congreso que ahora ostentará Kirchner.

Sin embargo, sobre la elección de Kirchner, las voces más duras del axelismo dejan entrever cierta inquietud de que, efectivamente, el líder de La Cámpora sea elegido. Según la Carta Orgánica, el presidente del Congreso se define con mayoría simple de los congresales presentes. El MDF dice tener la mayoría de los representantes. El año pasado, en el último encuentro de congresales, se registraron más de 690 presentes.

Antes de la realización del Congreso. El sector de Kicillof hará un acto por el Día de la Lealtad que se realizará el 17 de octubre en La Matanza. No será un acto de grandes dimensiones, aunque sí se buscará una liturgia propia, atada a la estructura de Espinoza, recientemente reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Tras ello, se espera que el consejo del partido que preside Kicillof se reúna y haga la convocatoria formal para la constitución del Congreso, que al menos una vez al año debe llevar adelante una sesión. Pese a la discusión interna, el calendario del PJ obligará así a un diálogo entre los distintos sectores.

La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.

La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.

La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.

El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.

La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.

Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.

En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.

La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.

La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema

La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.

La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.

Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.

El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.

La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.

Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal

La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.

Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.

A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.

La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.

La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial

La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.

Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.

Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.

La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.