La Mesa de Enlace salió a marcar postura sobre el proyecto de Ley de Humedales y cuestionó que la iniciativa, al señalar que “atenta contra la actividad” agropecuaria.

En un documento titulado “No hace falta otra ley de política ambiental”, las entidades del campo expresaron su “preocupación” por el tema en medio del debate que tiene lugar en la Cámara de Diputados.

“Las entidades que conformamos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias queremos manifestar nuestra preocupación generalizada por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía”, consideró el grupo integrado por la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro.

Y agregó: “Los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales, los cuidamos porque son la herencia de nuestras generaciones, somos los que garantizamos la salud del suelo y del ambiente y conocemos las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer. Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia”.

“La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa. Necesitamos que se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción. Que los recursos humanos y económicos sean puestos en favor del ambiente. Que los funcionarios cumplan con su deber”, agregaron las entidades.

Además, señalaron que “la inoperancia y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos dejan al desnudo el fracaso de la política ambiental argentina y los tremendos problemas derivados de las fallas de contralor de quienes ejercen funciones en el Estado”.

(NA)