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Conflicto del neumático: el gremio y las empresas llegaron a un acuerdo

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Pasadas las cuatro de la mañana de este viernes, el Gobierno Nacional, el sindicato de neumáticos y las empresas anunciaron un acuerdo para destrabar el conflicto que provocó el freno total de la producción en el sector automotriz.

Luego de más de 14 horas de reunión en el Ministerio de Trabajo, las partes resolvieron un ajuste del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial 2021/2022, totalizando de este modo un 66% de incremento salarial en ese período paritario.

La problemática en el sector data desde hace cinco meses y se volvió crítico en los últimos días cuando Bridgestone, Fate y Pirelli decidieron cortar la producción. Finalmente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y los referentes de SUTNA lograron alcanzar un acta acuerdo -que ya tiene el aval de las compañías-.

“Encabezada por el ministro Moroni, y luego de un amplio intercambio de opiniones, audiencias y reuniones, ambas partes han arribado en la sede central de la cartera laboral y con la presencia del Secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti y la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello por el ministerio, y el representante sindical del SUTNA, Alejandro Crespo, y representantes de las empresas, al siguiente acuerdo que garantiza la paz social y permite que el personal retome la prestación de servicios en sus lugares de trabajo habitual”, anunció esta madrugada el Poder Ejecutivo.

Además de alcanzar un 66% de incremento salarial para este año, se firmó que “para el período paritario 2022/2023, se establece un incremento salarial para la paritaria que se inicia el 01/07/2022 que se compone del siguiente esquema”:

A) 25 % de incremento a partir del 01/07/2022.

B) 16 % de incremento a partir del 01/10/2022.

C) 10 % de incremento a partir del 01/12/2022.

D) 12 % de incremento a partir del 01/02/2023.

E) 10 % de incremento a partir del 01/07/2023, integrando la base de cálculo de la paritaria 2023/2024 sobre el salario de julio 2022.

En tanto, “como gratificación extraordinaria por única vez” las empresas abonarán a cada trabajador una suma bruta de $ 100.000.

En el acta firmada por las partes se comprometieron “a mantener el poder adquisitivo de los salarios del sector” y “la paz social absteniéndose de llevar adelante cualquier tipo de medida que pudiera afectar de cualquier forma la producción en cualquiera de los establecimientos de las respectivas empresas”.

El encuentro entre el gremio y la patronal en la sede de Alem empezó el miércoles, pasó a un cuarto intermedio, y fue retomado el jueves a las 13 con el jefe de Sutna, Alejandro Crespo, los titulares de las compañías, y Moroni, en un clima de creciente tensión.

Toda la jornada de ayer transcurrió bajo un celoso hermetismo, mientras los trabajadores de la industria rodeaban el ministerio con bombos y banderas para respaldar a sus representantes y las medidas de fuerza, con apoyo de los partidos de izquierda y agrupaciones sociales críticas del Gobierno.

Desde el mediodía, en paralelo, Alberto Fernández seguía las negociaciones a través de su ministro, uno de los más cercanos del Gabinete, que se encuentra desde hace largos meses en la mira del kirchnerismo. Primero monitoreó los avances de los diálogos desde la Casa Rosada, y luego, entrada la madrugada, desde Olivos.

Más temprano, el primer mandatario se había reunido con el titular de Camioneros y uno de los líderes de la CGT, Pablo Moyano, que se ofreció para intervenir en el diálogo con Crespo.

También el titular de Economía, Sergio Massa, se mantuvo al tanto de los tensos diálogos, en comunicación con el Presidente y con Moroni, pero con la debida distancia. Sobre todo porque el martes, después de reunirse con las partes -en un cónclave mucho más breve que el de ayer-, rompió el diálogo cuando salió a cuestionar con mucha dureza al gremio por forzar el freno de la producción y “poner en riesgo 150 mil empleos”. En esa declaración, Massa rompió puentes, al menos con Hacienda, cuando amenazó con habilitar la importación de neumáticos. Las declaraciones del ministro generaron una fuerte reacción adversa de Crespo, que apoyado por las bases, le señaló lo irracional del planteo, y le dijo públicamente que mucho más convendría que funcionara la paritaria, donde exigen ganarle a la inflación, proyectada en un 90 por ciento para 2022 y un 60 en 2023.

El largo encuentro de ayer tuvo distintas instancias. Empezó en las primeras horas de la tarde con los más altos funcionarios de Trabajo, las empresas y los trabajadores. Y alrededor de las cinco, continuó con un diálogo a solas entre Moroni, su secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti; y la directora nacional de Relaciones Laborales, Gabriela Marcelló, para ultimar los detalles de la propuesta final, luego de obtener el visto bueno de la parte empresarios. En otros salones esperaban, por separado, como es habitual, Crespo y los empresarios.

El encuentro en privado de Moroni y sus colaboradores más cercanos se prolongó por más de cuatro horas, entre llamados cruzados con el Presidente. Y hacia la medianoche, Moroni recibió a Crespo a solas para acercarle la letra fina del acuerdo. Finalmente la firma se logró pasadas las cuatro de la mañana del viernes.

El último pedido que envió la Casa Rosada a Trabajo fue que cerraran ayer mismo un acuerdo, para poder darlo a conocer, a más tardar, el viernes por la mañana, y evitar una escalada aún mayor en la tensión. En la negociación se jugaban la continuidad de la producción en una industria central para la economía y el ingreso de dólares a un Banco Central desabastecido en la crisis de divisas. Pero también la capacidad de acción del Presidente, que desde el martes se involucró directamente en la resolución del conflicto; y la propia continuidad de Moroni, su ministro y amigo de muy bajo perfil, que es apuntado por el kirchnerismo desde el año pasado y que hoy se encuentra, más que nunca, en la mira de Cristina Kirchner, la vicepresidenta y dirigente más fuerte del Frente de Todos, que sigue disconforme con la gestión en la esfera laboral.

(Infobae)

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Jubilados, piqueteros y partidos de izquierda reactivan el plan de lucha contra el Gobierno a horas de la partida del Papa

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Jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda reactivaron esta semana su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a menos de 24 horas de la partida del papa León XIV de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú. La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protesta fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES de avenida Córdoba 1144. Desde allí marcharán frente al Congreso de a Nación. La concentración está prevista para las 15.

Los organizadores, agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, definieron la fecha como un “miércoles federal” con acciones simultáneas en distintas provincias, tras más de 140 semanas consecutivas de protesta frente al Congreso desde diciembre de 2023.

El reclamo central es un aumento urgente de los haberes

El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.

Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.

Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.

En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.

La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina y se desarrolló sin el habitual despliegue de fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes hubo banderas y carteles que aludían al Pontífice, además de una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”.

El domingo anterior, en su primer discurso oficial en el país, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), León XIV había señalado, junto al presidente Javier Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que “el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades, como los ancianos que han contribuido durante años en construir la sociedad”.

Ese mensaje fue interpretado por referentes sindicales y de movimientos sociales como un respaldo implícito a sus reclamos. Tras el encuentro sobre el mundo del trabajo que el Pontífice encabezó el lunes en Puerto Madero, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones piqueteras coincidieron en que la exposición papal incluyó críticas directas a la gestión libertaria y al sector empresario.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que acompañan todos los miércoles a los jubilados, calificó la frase final del Papa en Luján, “Argentina, levántate y camina”, como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional.

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Javier Milei habló ante empresarios y prometió llevar la apertura de la economía al 90%

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El presidente Javier Milei habló ante empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026 que se realizó este jueves en el Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires tras el dato de inflación del mes de octubre. Allí, les envió un mensaje a los emprendedores, defendió el uso de la tecnología y reiteró que busca abrir la economía al 90%.

Se trató del primer discurso que llevó a cabo el mandatario después de la visita del papa León XIV a la Argentina y en el que reiteró los logros de su gestión para mejorar las condiciones para emprender en el país.

Milei organizó su presentación en torno a tres preguntas: qué dio la tecnología a lo largo de la historia, qué hacen los hombres con ella y hacia dónde se dirige. Para responder la primera, recurrió a datos históricos sobre el crecimiento económico mundial. Citó los estudios del economista Angus Maddison para señalar que, desde la era cristiana hasta 1800, el ingreso per cápita global creció apenas un 40% y afirmó: “Para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años”.

A partir de ese marco, Milei planteó que el interrogante histórico no es por qué existe la pobreza, sino por qué existe la riqueza. “El estado natural del hombre durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial fue la pobreza”, sostuvo, y señaló que antes de ese proceso el 90% de la humanidad vivía en situación de indigencia extrema. Según el mandatario, el avance de la tecnología no solo transformó la producción, sino que vino acompañada de un conjunto de ideas que, a su juicio, resultaron igualmente decisivas: libertad, propiedad privada y respeto por los contratos.

Con ese antecedente, el jefe de Estado vinculó el avance tecnológico con la mejora en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y en cosas que antes eran un lujo”, declaró. Señaló también que ese crecimiento productivo “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata”.

Frente al auditorio, el mandatario destinó una parte central del discurso a reconocer el recorrido de quienes emprenden en condiciones adversas. “Construyeron en medio de cepos, de inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital”, dijo.

Luego planteó que las condiciones actuales representan una oportunidad que, según sus palabras, se presenta “una vez por generación”. En esa línea, definió el rol del Estado con una fórmula concisa: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

Para fundamentar esa apertura, Milei recurrió a Adam Smith y al concepto de que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Partiendo de esa premisa, detalló los avances de su gestión en materia de integración comercial: cuando asumió, Argentina llegaba a menos del 10% de la población mundial; hoy, tras la apertura de más de 500 mercados, ese porcentaje trepó al 30%. La meta fijada para 2031 es alcanzar el 90% del planeta. “Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa”, indicó, y atribuyó al Ministerio de Desregulación la función de ampliar ese margen para potenciar los rendimientos crecientes.

En el tramo final, el presidente abordó el rol de la inteligencia artificial como el fenómeno tecnológico que, a su criterio, atraviesa todos los sectores de la economía. Identificó dos vías de impacto: la demanda generada por la construcción de centros de cómputo —con encadenamientos en cemento, acero, cobre, energía e ingeniería— y la productividad, a la que calificó como “la más importante”. Enumeró los sectores que, según su visión, se verán transformados y apuntó: “Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube: crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos”.

Milei enumeró los recursos con los que Argentina cuenta para posicionarse en ese proceso: energía a través de Vaca Muerta y la generación nuclear, minerales críticos como cobre, litio y uranio, el clima frío de la Patagonia como ventaja para refrigerar centros de datos y el capital humano local. Para aprovechar esas condiciones, mencionó cambios normativos en curso: la adecuación de la ley de glaciares para dar seguridad jurídica a la minería, la eliminación de la brecha cambiaria y la baja de retenciones para el campo, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años. Según informó el mandatario, el RIGI acumula pedidos de adhesión por más de USD 210.000 millones, de los cuales USD 76.000 millones ya fueron aprobados.

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El Gobierno retomó las negociaciones con los aliados y el Presupuesto se tratará el miércoles 25 en Diputados

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Luego de dos semanas con muy poca actividad debido a las elecciones en Estados Unidos y a la visita del papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto el Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.

“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.

A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y que la sesión será el 25, los diputados aclararon que durante la reunión “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

El Gobierno convocará antes del Presupuesto a una sesión la semana que viene, el miércoles 18, donde, además del proyecto de Malvinas, se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.

Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión no resuelta en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminar todo el Título por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos; aunque los libertarios aclararon que no los borrarán de raíz.

Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.

Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales. Si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno. Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.

Por otro lado, según pudo saber Infobae, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una “compensación” por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los gobernadores reclaman desde el año pasado una reducción en el impuesto debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se suma el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.

Las provincias aseguran que con una reducción en ICL podrían bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos en el interior del país.

Además, entre los reclamos del PRO sigue pendiente la regularización de las deudas por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Los están conversando Jorge Macri y Toto Caputo”, señalaron a Infobae.

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia mano a mano con la Casa Rosada la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados.

En cambio, entre los pedidos del PRO que todavía no recibieron respuesta se encuentran los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y el reclamo de mayor transparencia en las concesiones viales.

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