Los abogados y los jueces eligieron este martes 18 de octubre a sus representantes para integrar el Consejo de la Magistratura y en ambos casos se impusieron las listas ligadas a la oposición, aunque el resultado no modificará el virtual empate que existe en el órgano que designa, sanciona y remueve magistrados.
Por los jueces, resultó ganadora la Lista Bordó, encabezada por Diego Barroetaveña, quien ingresará al Consejo junto con su compañera de fórmula Agustina Díaz Cordero.
La Lista Celeste de Alberto Lugones quedó en segundo lugar y en tercer puesto el espacio Compromiso Judicial.
Cómo quedó el Consejo de la Magistratura
De acuerdo al sistema D´Hondt, Lugones retiene su banca en la Magistratura, en que que por el tercer lugar no ingresará Machín y en su lugar lo hará la segunda de la lista, Alejandra Provítola, ya que la integración debe ser con paridad de género.
En la pelea de los magistrado los referentes políticos no dieron respaldos explícitos, pero la Lista Bordó es más cercana a la oposición y la Celeste al oficialismo.
En tanto, en la disputa de los abogados sí hubo apoyos de parte de referentes de Juntos por el Cambio, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y la el diputado nacional del radicalismo Mario Negri.
La Lista 3 se quedó con la victoria y colocó en el Consejo a Miguel Piedecasas y Jimena de la Torre, con el respaldo de la oposición, que también festejó el resultado en redes sociales.
En segundo lugar se ubicó la opción encabeza por el ex diputado nacional Héctor Recalde y en tercer lugar la propuesta liderada por Rubén Ramos.
Según supo la agencia NA, la Lista 3 ingresó dos lugares, uno Recalde y otro la de Ramos, pero también por la paridad de género entrará la siguiente de la nómina.
Qué es el Consejo de la Magistratura
El Consejo cierra con esta elección un año más que agitado, en el que la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros “técnicos” (abogados, jueces y académicos) y “políticos” (legisladores y el representante del Poder Ejecutivo) y se convocaron, con la del martes, a dos elecciones en menos de seis meses.
El Consejo de la Magistratura de la Nación fue incorporado al diseño institucional de la Argentina en la Convención Constituyente de 1994, cuando fue reformada la Constitución, a través del artículo 114.
En 1997 -a través de la ley 24.937 y su inmediata modificación, la 24.939- configuró el marco legal para que en 1998 el Consejo de la Magistratura pueda comenzar a funcionar
como un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación.
En noviembre de ese año, se hizo la primera elección de los entonces 20 miembros que tenía según la reglamentación, con un período de cuatro años: además del presidente de la Corte Suprema, tenía que estar integrado por cuatro jueces, cuatro diputados, cuatro senadores, cuatro abogados y un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.
Las atribuciones del Consejo son la selección, juzgamiento y remoción de los magistrados, y la administración de la justicia federal. El Consejo tiene así la potestad de apartar de su trabajo a cualquier miembro del Poder Judicial que haya cometido irregularidades, pero no son investigaciones penales y los involucrados no van a la cárcel por estas denuncias.
Quizás uno de los casos más recordados es el de Juan José Galeano, el cuestionado juez que estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA: el magistrado había presentado su renuncia antes de que comenzara el proceso en su contra, pero ésta fue rechazada y finalmente el Consejo lo destituyó en el 2005.
De acuerdo con el procedimiento, cuando el organismo recibe una denuncia por presunto mal desempeño, la comisión de Disciplina y Acusación es la encargada de investigar el caso: si se comprueban las irregularidades, los miembros de este grupo deben pedir el juicio político o jury y luego el plenario del cuerpo debe ratificar o rechazar esta solicitud.
Si se aprueba, se convoca a un jurado de enjuiciamiento, integrado por por dos jueces y un abogado que son elegidos en el momento a través de un sorteo público, y dos senadores y dos diputados, en ambos casos uno por la mayoría y otro por la minoría.
Este tribunal, que se crea para cada caso específico y luego se disuelve, es el encargado de decidir si el acusado es culpable o inocente de los cargos.
La composición del Consejo fue modificada por leyes posteriores, la 26.080 y la 26.855, de 2006, y así fue como ahora cuenta con 13 miembros, de los cuales tres son jueces, dos abogados, uno representante académico, otro del Poder Ejecutivo, tres senadores y tres diputados.
En diciembre de 2021, la Corte Suprema ordenó que el Consejo reordenara el equilibrio entre “Consejeros Técnicos” (jueces, abogados y académicos) y “Consejeros políticos” (legisladores) en un lapso de cuatro meses.
Con esta fecha de vencimiento, el Consejo de 13 miembros inició los procesos electorales para adecuarse al fallo y logró llevar su integración a 20 integrantes a fines de mayo, cuando juraron el senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes.
(Perfil)
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