El gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto iniciar mañana con una serie de desplazamientos de funcionarios que abarcará a la AFIP y podría llegar hasta la titular de Aduana, Rosana Lodovico, envuelta en una denuncia de supuesta corrupción.

Así lo señalaron fuentes de Casa Rosada, que informaron que las primeras modificaciones en el organigrama de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se verán este viernes.

Además, según supo NA, estaba sobre la mesa la posibilidad de echar a la jefa de Aduana, sobre quien recae una denuncia por presuntamente recibir sobornos de una empresa acusada de contrabando.

De acuerdo a la información que surgió desde Casa Rosada, la reestructuración de la AFIP será en cargos que no incluirán a su titular, Florencia Misrahi.

De hecho, la actual jefa del organismo recaudador acordó los cambios en su organigrama junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Este viernes podría haber novedades sobre la situación de la titular de Aduana, quien se encuentra acusada en la Justicia por recibir un crédito de una empresa que estaba investigada por
contrabando y lavado de dinero.

De acuerdo a la denuncia penal que realizó la diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, cuando la empresa Promarlon SA estaba acordando una moratoria, Lodovico recibió un
“crédito” de parte de esa compañía, que en sus estatutos no estaba habilitada para otorgar préstamos.

Según Campagnoli, fueron 250 mil dólares los que recibió la jefa de Aduana de Milei, utilizados para comprar una casa de fin de semana.

Fuente: Noticias Argentinas.

Habida cuenta que en el país hay más de 800 mil armas de fuego con tenencia irregular, el Gobierno nacional envió un proyecto de ley al Congreso para facilitar el acceso legal y legítimo de las mismas.

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse,respaldados por el presidente Javier Milei enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley
para regularizar la tenencia de armas de fuego.

Además, se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan el registro de usuarios irregulares. También se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armasde Fuego por cuatro años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare.

En tanto, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), se continuará eliminando procedimientos para facilitar la tenencia legítima. Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo.

La ANMaC, un ente descentralizado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.

Fuente: Noticias Argentinas.

La falta de dictamen de la Ley Bases en la Cámara de Senadores preocupa al gobierno de Javier Milei que promete suspender el Pacto de Mayo con gobernadores si se mantiene ese escenario, y ya piensa en un plan b para el 25 de mayo en la provincia de Córdoba.

“Si no hay dictamen es porque la decisión de la oposición fue romper, y si no lo hay tampoco hay razón para el pacto. En ese caso puntual, se transformará en un acto multitudinario, con los que nos quieran ir a ver y acompañar”, reveló a la agencia Noticias Argentinas un importante funcionario.

La idea es sencilla, el Pacto de Mayo con representantes de las provincias, expresidentes y sindicalistas tendría lugar solo si el Gobierno entiende que “hay chances de discutir y aprobar la ley”.

De lo contrario, la administración libertaria mantendría el evento del 25 del mes en la provincia de Córdoba, pero evitaría la presencia de representantes de la política y en su lugar las invitaciones se cursarían a la ciudadanía.

A casi una semana de la fecha, la organización es incipiente, y si bien se avanza en la coordinación estructural, con la idea de replicar lo que definieron como “un esquema imperialista” desde lo estético, y con la posibilidad de montar una puesta en escena con columnas romanas, aún falta definir detalles como el escenario (interior o exterior) del Palacio de Justicia.

Tras las idas y vueltas y los desentendimientos internos sobre la posibilidad de postergar o concretar el acuerdo con los mandatarios provinciales durante la fecha patria, por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que se trató de “una confusión discursiva”.

“El Gobierno no está casado con una fecha”, planteó sobre el calendario un importante colaborador del mandatario, y agregó: “Tampoco debe ser una fecha patria, ponemos la fecha nosotros y la transformamos en patria”.

Los reclamos al interior de las filas

Al envión anímico de la media sanción del nuevo proyecto de la ley en la Cámara de Diputados le siguió la dilación en el Senado, motivada por la oposición, y hasta el momento, la falta de dictamen

En la administración libertaria responsabilizan a Unión por la Patria por la extensión de los tiempos, pero también admiten demoras del oficialismo en la instrumentación de los detalles de las modificaciones y miran con recelo la defensa de la gestión del jefe de gabinete, Nicolás Posse, ante la Cámara Alta.

Con la semana próxima como horizonte, los funcionarios involucrados en avanzar en los acuerdos con la oposición dialoguista apuntan a conseguir los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Para eso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se reunieron el pasado jueves en el Senado para avanzar en la estrategia y operativizar los tiempos.

Según supo esta agencia, desde la administración libertaria evalúan la posibilidad de elevar el piso correspondiente a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias solo en “zonas desfavorables” con intención de destrabar la negociación con los gobernadores patagónicos, con fuerte reclamos en estos puntos.

También estarían dispuestos a aplicar “clarificaciones” en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones al alcance del blanqueo de capitales.

Fuente: Noticias Argentinas.