Senadores de la Unión Cívica Radical proponen incorporar al Código Nacional Electoral sanciones para quienes se postulen a cargos públicos y, al momento de asumir, no lo hagan.

Se trata de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que pretenden incorporarlo como artículo 139 bis de la ley Nº 19.945 -Código Nacional Electoral- el siguiente texto: “Artículo 139 bis.- Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales. Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos“.

En los fundamentos, sostienen: “Buscamos ahora una herramienta legislativa que logre evitar las denominadas ‘candidaturas testimoniales’, las que significan una clara defraudación a los electores y un quiebre en la confianza política de los ciudadanos“.

Los representantes provinciales advierten que “las candidaturas testimoniales contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones” y agregan: “¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan?”.

“Por cierto, se trata de una responsabilidad individual, pero también de los partidos políticos que tienen la obligación y el compromiso de ofrecer los mejores candidatos con calidad suficiente para satisfacer las demandas actuales”, resalta el proyecto.

La violencia verbal en redes sociales se duplicó en Argentina en los últimos dos años y medio. Según un informe de la consultora Ad Hoc, el ecosistema digital del país está marcado por una dinámica sostenida de insultos, provocaciones y amplificaciones en la que participan políticos, periodistas, empresarios y usuarios anónimos. En el centro de esa red aparece el presidente Javier Milei, señalado como el mayor generador de insultos entre los usuarios no anónimos.

Entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 27,5 millones de insultos en plataformas digitales argentinas. La cantidad mensual de agresiones verbales pasó de un promedio de 666 mil a más de 1,3 millones. Los momentos más conflictivos coincidieron con la campaña presidencial de 2023, el inicio de la gestión de Milei y el caso LIBRA, en el primer semestre de este año.

El informe identifica al presidente como el usuario no troll más agresivo del ecosistema digital. En los últimos dos años, publicó y compartió 1.589 insultos en redes sociales. Supera a dirigentes de todos los espacios —libertarios, peronistas y macristas— y su estilo confrontativo no es esporádico: forma parte de una estrategia sistemática que incide directamente en la forma en que se construye el debate político.

Milei no se limita a responder: interviene con su nombre, lanza ataques contra adversarios, periodistas o figuras públicas, y luego su contenido es amplificado por comunidades afines. Esa lógica de ataque y reproducción define una parte sustancial de la conversación pública actual.

Una maquinaria de confrontación

El estudio de Ad Hoc describe una estructura tripartita que sostiene esta lógica: trolls, provocadores y amplificadores.

Trolls: usuarios anónimos o cuentas intensivas dedicadas a insultar, agredir o viralizar contenido violento.

Provocadores: figuras públicas —con legitimidad social o política— que toman el lenguaje troll y lo introducen en el debate masivo.

Amplificadores: medios de comunicación o periodistas que, al denunciar el agravio o referenciarlo, contribuyen a expandir su alcance.

En este esquema, el algoritmo premia la confrontación: lo que genera enojo o escándalo se viraliza más que el contenido moderado o argumentado. La violencia, entonces, se convierte en capital político.

El rol de empresarios y periodistas

El informe también incluye al empresario Marcos Galperín como un actor relevante en este circuito. Su actividad en redes —aunque sin insultos directos— contribuye a legitimar el discurso de agresión, con publicaciones que descalifican adversarios, replican a trolls libertarios y marcan una postura ideológica alineada con el oficialismo.

Por su parte, periodistas como Luis Novaresio, Julia Mengolini y María O’Donnell fueron víctimas de ataques organizados desde comunidades libertarias. Y al responder o denunciar públicamente esos agravios, involuntariamente amplificaron el alcance del mensaje original.

El fenómeno, según el informe, no es solo una cuestión de formas. La política argentina habría adoptado completamente la lógica de las redes: la intensidad importa más que la masividad, y el escándalo más que las ideas. “La política se volvió un espectáculo guiado por algoritmos y dopamina”, advierte el documento.

Se pierde el criterio de verdad, se disuelve el debate racional y se impone un tribalismo digital en el que cada usuario solo consume aquello que confirma lo que ya piensa. En ese clima, la agresión no es un exceso: es una herramienta central del discurso público.

El informe cierra con una propuesta sencilla pero ambiciosa: “Parar la pelota”. Replantear cómo se construye el debate público y qué tipo de discusión necesita una sociedad democrática. En un escenario cada vez más dominado por insultos, trolls y provocaciones, la pregunta no es solo quién gana la pelea, sino qué queda en pie después. (DIB)

Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO defenderá el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó el titular de la bancada, Cristian Ritondo.

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata”, señaló el jefe del bloque PRO en una entrevista con la señal de streaming Neura. Además, Ritondo marcó sus diferencias con los cambios que le hizo el Senado de la Nación a la media sanción, entre ellos la especificación del uso de los recursos.

Sin embargo, cuando los cambios del Senado volvieron a Diputados, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por la provincia de Buenos Aires votaron a favor de las correcciones que impuso la Cámara alta. Eso ocurrió en la madrugada del pasado 5 de junio.

La justificación de Cristian Ritondo

“La ley la cambia el Senado y dice cómo tiene que gastar el dinero el Ejecutivo. Entendemos que había un monto previsto que ya anunció el Gobierno y lo está aplicando”, introdujo Ritondo.

A la hora de argumentar su rechazo a la ley que él mismo votó, sostuvo: “No sé si nosotros tenemos que obligar al Ejecutivo diciéndole en qué gastar el dinero público”.

“En una inundación no es solamente el monto, hay gastos de operatividad que están desde el primer momento. No sé si lo hacen por maldad o ignorancia. El Gobierno va a aclarar en qué gasta el dinero, pero no le podemos decir cómo usar la plata. Ya le dijimos cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo”, argumentó Ritondo.

El giro del PRO y su vínculo con La Libertad Avanza

El cambio de posición del PRO frente a este tema se conoció pocos días después de que se sellara su acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El bloque oficialista en Diputados y en el Senado fue el único que rechazó esta ley. Además, el veto del presidente se justifica por la defensa del equilibrio fiscal.

En este nuevo escenario, el PRO priorizó su pacto con el Gobierno y se encamina a tener una nueva postura frente al tema. Ritondo asegura que esto no los afectará en la estrategia electoral porque “los bahienses saben muy bien todo lo que está haciendo el Gobierno”.

Otros de los diputados del PRO que votaron a favor y ahora defenderían el veto son: Martín Ardohain, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Qué decía la ley de emergencia en Bahía Blanca

Se trataba de una ley que declaraba la emergencia pública en materia económica, social, productiva y de servicios en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por un temporal devastador ocurrido en marzo de este año. La norma había sido sancionada por el Congreso con amplio respaldo de todas las fuerzas políticas.

La ley establecía una serie de medidas para aliviar la situación de la población y de los sectores económicos perjudicados, como la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, la prórroga de impuestos nacionales y la implementación de beneficios previsionales y asistenciales. Además, facultaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para atender la emergencia en ambas localidades.

En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley implicaba una delegación de facultades al Presidente que no se justificaba en términos constitucionales y que las medidas previstas afectaban el equilibrio fiscal. A pesar del fuerte impacto social del temporal —que provocó muertes y destruyó infraestructura—, el Gobierno consideró que la situación no ameritaba la declaración de una emergencia nacional con efectos presupuestarios. (DIB)