Mientras la oposición y medios de comunicación afines presionan al Gobierno nacional para que suspenda su intento de investigar en el Congreso el desempeño de la Corte Suprema de Justicia, trascendió -según la agencia Télam- que el próximo jueves 26 de enero se reuniría la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Se trataría del primer paso para iniciar el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, luego de la solicitud formal que presentó el presidente Alberto Fernández la semana pasada, con el apoyo de once gobernadores.

El Frente de Todos presenta los votos necesarios para iniciar el trámite en la Cámara baja, mediante el cual podrían ser llamados a declarar Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, frente a lo que es una acusación por mal desempeño de sus funciones.

Por ello, desde Juntos por el Cambio anunciaron un bloqueo del Congreso de la Nación hasta que el oficialismo no retire su iniciativa de enjuiciar a la Corte, en una estrategia que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, señaló que muestra sus “connivencia” con los jueces acusados.

En la conferencia de prensa que manifestaron su rechazo al proyecto oficialista, legisladores de JxC indicaron que en caso de que prospere -ya que el oficialismo tiene 16 de los 31 votos-, se centrarían en “bloquear desde el debate”.

A la presión opositora se sumó esta semana la de dos de los principales medios de comunicación nacional, los cuales publicaron ayer que Estados Unidos rechazaría el juicio político a la Corte y pediría “respetar las instituciones”, según un vocero del Departamento de Estado que ninguno de los dos medios especificó de quién se trataba.

A su vez, en el día de ayer se conoció además el sobreseimiento que el juez Sebastián Ramos dictaminó rápidamente sobre el asesor del presidente de la Corte, Silvio Robles, quien mantuvo conversaciones por chat con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, en las que trazaba la estrategia política a desarrollar en el marco del inminente fallo sobre la coparticipación mediante el que la Corte benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

“En un fallo inusitadamente veloz, el Juez Ramos, dictaminó respecto a la denuncia contra Silvio Robles, ladero de Horacio Rosatti, que no podía ser imputado de ningún delito porque la denuncia se apoyaba en una escucha ilegal”, expresó el diputado Leopoldo Moreau tras conocerse la noticia. “En Argentina para Comodoro Py hay dos códigos de procedimiento y dos códigos penales, uno que se aplica en la persecución contra el movimiento popular y otro que se aplica a favor del macrismo y de la banda mafiosa que los representa en los tribunales”, agregó.

Y recordó “la causa del memorándum de entendimiento con Irán que estaba cerrada fue reabierta precisamente por la utilización de una escucha ilegal que fue avalada por distintas instancias desde Bonadio hasta los Camaristas Hornos y Borinsky. Esta reapertura implicó que Carlos Zannini estuviera ilegalmente preso más de 3 meses y lo que es peor aún, llevar a la muerte a Hector Timerman. Como si fuera una trágica parodia la defensa de Robles se apoya en el único voto que rechazó esa ilegalidad, pero quedó en minoría, que fue el de la Dra Ana Figueroa.”

El fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires al otorgarle el 2,95% de los impuestos federales coparticipables, es uno de los principales argumentos del oficialismo para acusar a los magistrados por mal desempeño de sus funciones. Se trata de una resolución que generó el repudio de 18 gobernadores, quienes rechazaron públicamente que el máximo tribunal de Justicia se arrogue la potestad de decidir sobre el sistema federal.

(INFOCIELO)