A poco de cumplirse dos años de la designación de Nicolás Pakgojz al frente de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), se conoció a través de un decreto que renunció a su puesto. Junto a él, presentó su dimisión el vicepresidente del organismo.

En Boletín Oficial el Gobierno oficializó ambas salidas. Por un lado, Pakgojz presentó su dimisión con fecha 10 de diciembre, mientras que su segundo, Marcelo León Ugarte, con fecha 9 del corriente mes.

“Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”, destacó el Gobierno en el decreto 896/2025 publicado durante la madrugada de hoy.

La administración libertaria había oficializado la designación del ex presidente de la AABE, en diciembre del 2023, mediante la publicación del decreto 78/2023. Su función era ejecutar la gestión, auditoría y posible enajenación de bienes pertenecientes al Estado nacional. En aquel entonces, el área se encontraba bajo la órbita de Nicolás Posse.

El licenciado en Economía y ex funcionario porteño, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, ocupó la jefatura de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia de Pakgojz en la gestión pública y su alineamiento con el paradigma de eficiencia estatal, que viene desarrollando la administración de Javier Milei, fueron factores determinantes en su nombramiento.

El decreto nombraba a Marcelo León Ugarte al frente de la Vicepresidencia. Ugarte había desarrollado su carrera íntegramente dentro del sector público. En el Gobierno anterior se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del mismo organismo.

A principios de este año, bajo la supervisión del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el economista había ordenado una revisión y auditoría de los bienes del Estado, luego de que saliera a la luz un informe de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que revelaba irregularidades en la administración de más de 46 mil propiedades del Estado.

Pakgojz avanzó en las tareas para “para evaluar su uso, ocupación y situación contractual”; “identificar bienes improductivos, contratos irregulares y ocupaciones ilegales” y “la recuperación de inmuebles mal administrados y su posterior venta o concesión”. El organismo señaló que el pico de irregularidades se dio durante el mandato de Alberto Fernández. Hubo faltas de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones que permitieron que se sigan utilizando dichos inmuebles sin pagar alquileres acordes al precio de mercado.

Desde el 10 de diciembre pasado, el ahora ex titular del organismo forma parte de la Legislatura porteña por La Libertad Avanza. Junto a él, juraron Solana Pelayo, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian, en sus respectivas bancas del partido violeta, posicionando a la LLA como la segunda fuerza legislativa en CABA.

La salida de los dos funcionarios del organismo descentralizado, en el ámbito de la Vicejefatura del Gabinete de Ministros, se convierte en la segunda renuncia en lo que va de la semana. El martes, Juan Pazo dimitió a su cargo como director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La noticia se conoció la madrugada del 16 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy (martes pasado) al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera en su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunirá a su consejo partidario este viernes en el distrito de Malvinas Argentinas. Será un encuentro en el que se definirá cómo será el proceso de renovación de autoridades, ya que este jueves venció el mandato del diputado nacional, Máximo Kirchner, como presidente del partido.

Minutos antes de las 14 horas, los representantes de las distintas ramas partidarias arribarán al predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas y pondrán en consideración dos posturas, dependiendo del sector al que representen. Es que la tensión con la que convivió y convive el espacio no cede. En el kirchnerismo buscarán un esquema de unidad, con la condición de que se le garantice presencia en el grupo de los apoderados partidarios y en la junta electoral del partido. Son básicamente quiénes tendrán la firma para la conformación de listas del 2027. En el medio ofrecen paz para con el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y que “pueda caminar tranquilo durante todo 2026”.

En el espacio del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que promueve la figura de Kicillof la posición algo variada internamente, pero, en términos generales, distinta a la propuesta cristinista: dicen estar dispuestos a participar de una interna partidaria para principios del año entrante.

Por ello, un grupo de dirigentes peronistas del interior bonaerense —puntualmente den la Quinta sección electoral- referenciados en la vicegobernadora, Verónica Magario, hicieron correr un comunicado en los últimos días en los que no solo pedían elecciones internas a nivel provincial, sino la depuración y apertura de padrones.

Las conversaciones fueron y vinieron en la previa al encuentro de este viernes. Ayer, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, trasladó a los interlocutores de Axel Kicillof una propuesta con sello del cristinismo. Fue una reunión en la que del lado de Movimiento Derecho al Futuro se sentaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo); Gabriel Katopodis (Infraestructura), junto al diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. Allí, el lomense planteó que están dispuestos a evitar una interna y que acompañarán a Kicillof o al menos no intercederán en los planes preelectorales del mandatario provincial -que apunta en el 2026 desplegar el MDF por distintos puntos del país- a cambio del mantenimiento de la actual distribución de espacios para los apoderados y la junta electoral. Se trata de instancias consideradas determinantes dentro de la estructura partidaria, constituye la condición fundamental que acompaña la propuesta de acuerdo de unidad.

En las vísperas de culminar la primera semana legislativa, el Poder Ejecutivo vivió horas frenéticas que dieron lugar a un proceso de revisión de la agenda para la sanción del Presupuesto 2026, con la idea de insistir en la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, para concentrar las energías por la aprobación de la reforma laboral durante el mes de febrero. Esto definió la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei el pasado jueves en una reunión que se llevó adelante en el Ministerio del Interior de Casa Rosada mientras la CGT protestaba en Plaza de Mayo.

El intercambio que coordinó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluyó a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa de bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt, se dio horas más tarde del traspié en la extensa sesión en Diputados y con el presidente Javier Milei en la sede de Gobierno.

“Después de tres años tenemos media sanción de Presupuesto. Faltaron cosas, algunas que eran muy importantes, como el energético o la coparticipación de la Ciudad. Tenemos que corregir las dos leyes que no se pueden pagar porque no estamos dispuestos a negociar el equilibrio fiscal”, insistió un funcionario involucrado en las negociaciones a Infobae.

Como contó este medio, la idea definitiva del equipo de gestión, que dejó entrever la posibilidad de vetar el Presupuesto presentado si se aprobaba tal cual salió en Diputados, es buscar la forma de incluir durante el debate en el Senado los puntos del artículo 75 que fueron rechazados y que consideran que atenta contra el superávit fiscal. Para eso, estudian la posibilidad de agregar un apartado vinculado al tema al tiempo que se vieron obligados a reordenar las prioridades previstas para los últimos días del 2025 y los primeros del 2026.

Si bien en Casa Rosada aseguran que los proyectos emblemas son el de Inocencia Fiscal y la “modernización” laboral, consideran necesario culminar con el tratamiento de la previsión presupuestaria para avanzar en el siguiente paso. “Inocencia fiscal es la ley más importante de nuestro gobierno”, se jactaban el pasado miércoles.

Pese a que admitieron que la caída del capítulo XI configuró un derrota al menos en términos discursivos para la administración libertaria que convocó a sesiones extraordinarias con viento de cola tras el holgado triunfo electoral y la conquista de la primera minoría en la Cámara de Diputados, destacaron -con mesura- la reacción del Mercado tras la media sanción.

El primer traspié dejó una serie de fallas internas a revisar y el enojo de los socios del PRO que en voz de su jefe de bloque, Cristian Ritondo, acusó al oficialismo de violar la Constitución tras elegir a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Al interior del espacio violeta, hay quienes cuestionan la decisión de incluir el tratamiento del polémico capítulo en el texto del Presupuesto 2026, lo que generó que varios gobernadores aliados se desmarquen, algunos con aviso previo y otros de manera sorpresiva para evitar pagar el costo político. Según precisaron al menos dos fuentes la idea original fue del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque varios interlocutores de la mesa política plantearon a este medio que la determinación se tomó de conjunto.

“Nos jugamos un pleno. Si nos salía bien éramos los reyes absolutos. Ningún gobernador estaba verdaderamente en contra solo no quisieron pagar el costo político”, argumentó una fuente al respecto luego de que el capítulo fuera rechazado por 123 votos contra 117.

La sesión del miércoles lo tuvo todo: rosca, enojos, bloqueos en WhatsApp, reproches y diagnósticos incipientes.

Luego de semanas de distribuir casi $66.000 millones a las provincias con buen dialogo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores aliados tomaron distancia y fueron clasificados en dos bandos. Por un lado están a los que se les cuestiona el voto, pero se les concede el haber anticipado la jugada, que incluye a Raúl Jalil (Catamarca), a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Saénz (Salta), y por el otro están los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) -al que le facturan jactarse de manejar el bloque completo-, Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el cuentapropista Rolando Figueroa (Neuquén), entre los que se registran sorpresivas abstenciones y rechazos. “Nos cagaron casi todos, pero de algunos nos enteramos por la pantalla. El Gobierno sobrecumplió con ellos”, se sinceraba una fuente legislativa.

Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) anticipan que no habrá fracturas en la relación con los mandatarios provinciales que -consideran- deberán “dejar de lado el perfil súper negociador”, y tender puentes para lo que queda del temario de las sesiones extraordinarias.

Con una reconfiguración de los tiempos, el bloque violeta en la Cámara Alta trabaja para la conquista del despacho del Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal con intención de avanzar en su tratamiento el viernes después de navidad. La fecha prevista para el debate de la hoja de ruta con modificaciones en Diputados es el 29 de diciembre.

Los planes para la reforma laboral

Mientras la marcha peronista que sonaba en el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) se colaba por los pasillos de Casa Rosada, un funcionario elogiaba la decisión de la central de protestar contra el proyecto de “modernización” laboral redactado por Federico Sturzenegger en una jornada carente de sesión legislativa y garantizaba contar con la habilitación para “mejorar la redacción” de algunos puntos de la reforma que conforme a los gremios.

“Todo lo que no sea generación de empleo no es prioridad”, insistían. En paralelo, a metros de distancia, el oficialismo conquistaba en la Cámara de Senadores el dictamen del proyecto con modificaciones en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y la exministra anticipaba que el debate quedaría pospuesto para el 10 de febrero. Algo similar ocurre con la Ley de Glaciares, reclamada por las provincias.

“Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”, planteó Bullrich sobre el proyecto luego de acercar posiciones con los aliados en tensión por lo acontecido en Diputados.

Minutos antes había lanzado una chicana virtual contra la dirección de la CGT luego de la movilización: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”. En Balcarce 50 parecen haber tomado nota.

En los próximos días, los interlocutores legislativos deberán afinar la estrategia y mejorar la comunicación con los aliados si aspiran evitar nuevos tropiezos y acumular triunfos en materia legislativa durante el segundo tramo de la gestión.