Luego de dos semanas con muy poca actividad debido a las elecciones en Estados Unidos y a la visita del papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto el Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.

“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.

A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y que la sesión será el 25, los diputados aclararon que durante la reunión “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

El Gobierno convocará antes del Presupuesto a una sesión la semana que viene, el miércoles 18, donde, además del proyecto de Malvinas, se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.

Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión no resuelta en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminar todo el Título por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos; aunque los libertarios aclararon que no los borrarán de raíz.

Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.

Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales. Si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno. Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.

Por otro lado, según pudo saber Infobae, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una “compensación” por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los gobernadores reclaman desde el año pasado una reducción en el impuesto debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se suma el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.

Las provincias aseguran que con una reducción en ICL podrían bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos en el interior del país.

Además, entre los reclamos del PRO sigue pendiente la regularización de las deudas por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Los están conversando Jorge Macri y Toto Caputo”, señalaron a Infobae.

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia mano a mano con la Casa Rosada la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados.

En cambio, entre los pedidos del PRO que todavía no recibieron respuesta se encuentran los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y el reclamo de mayor transparencia en las concesiones viales.

La senadora Patricia Bullrich volvió a sentar una postura clara respecto de un tema incómodo para el Gobierno Nacional, al expresarse a favor de avanzar en el Senado con la aprobación de la Ley de Discapacidad. La legisladora afirmó este jueves que la Cámara Alta está preparada para debatir el proyecto que busca reemplazar la prórroga de la emergencia por un marco permanente y su respaldo público llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluyera recortes y cambios en el sistema de pensiones que habían generado tensiones con aliados parlamentarios.

“Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, manifestó Bullrich, en un contexto en el que cada uno de sus movimientos son observados desde la Casa Rosada, en donde han dejado trascender malestar por las veces que la senadora se diferenció de las posiciones que fija el presidente Javier Milei.

La iniciativa podría ser tratada así en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con un apoyo casi unánime. La Cámara alta ya cuenta con dictamen desde el 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por los diputados.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en la red social X.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza sostuvo que la discusión legislativa permitió acercar posiciones entre sectores que inicialmente defendían propuestas diferentes. “Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, agregó.

El acuerdo alcanzado en el Congreso se produjo tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. El peronismo también acompañó la firma del dictamen que habilitó el tratamiento en el recinto.

La oposición más dura había promovido la extensión de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para fin de año. Finalmente, dejó de lado esa alternativa y apoyó una norma de orden público con efectos permanentes, luego de las conversaciones que continuaron hasta la sesión del 22 de octubre en Diputados.

La posición de Bullrich adquiere relevancia por el conflicto político que había generado el capítulo dedicado a discapacidad dentro del Presupuesto 2027. El proyecto remitido inicialmente por la Casa Rosada sorprendió a referentes legislativos del oficialismo y a sus socios, entre ellos la propia senadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El texto presupuestario contemplaba un cambio de criterio para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. En lugar del enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proponía aplicar una evaluación de “invalidez laboral” y fijar un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

También eliminaba al Certificado Único de Discapacidad como vía directa para solicitar la pensión y trasladaba al Poder Ejecutivo la definición de los requisitos. A la vez, establecía una incompatibilidad total entre ese ingreso y cualquier empleo formal, incluso si se trataba de una actividad registrada por pocas horas.

El régimen vigente permite compatibilizar la prestación con un empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. La iniciativa original del Gobierno también modificaba el sistema de prestaciones, ya que suprimía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas y permitía que obras sociales, empresas de medicina prepaga y provincias fijaran sus propios valores.

Luego, el propio Gobierno confirmó que los artículos cuestionados sobre discapacidad serían eliminados del Presupuesto. La intención del oficialismo era reemplazarlos por una propuesta acordada con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, para incorporarla al dictamen de mayoría en comisión.

La nueva alternativa contemplaba elevar los requisitos de acceso a las pensiones, aunque mantenía la posibilidad de percibirlas de manera complementaria con un trabajo registrado. “Ya no bastará con tener el CUD para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron fuentes oficiales consultadas por el medio.

El entendimiento también incluía una actualización universal del nomenclador por inflación cada dos meses. Esa periodicidad difería de la prevista en la ley de emergencia, que establecía una actualización mensual.

Los bloques aliados reclamaban además precisiones sobre las compensaciones adeudadas a prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El reclamo se vinculaba con el artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé pagos para cubrir diferencias que no fueron absorbidas por las actualizaciones posteriores.

La tensión interna se profundizó cuando Bullrich cuestionó que el tema no hubiera sido discutido con anticipación en la Mesa Política del Gobierno. La legisladora apuntó contra el área económica y pidió que las decisiones vinculadas con sectores sensibles fueran previamente consensuadas con los dirigentes involucrados en las negociaciones parlamentarias.

La discapacidad también fue uno de los asuntos mencionados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Durante su estadía recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.