La base está. La unidad de nombres propios, recorridos políticos y vertientes ideológicas tiene un objetivo central: construir un frente anti Milei para el 2027. Ese es el plan del peronismo, pero también del radicalismo disidente y de algunos sectores que integran Provincias Unidas. El gran desafío es no convertirse en un engendro electoral que, ante un eventual triunfo, esté destruido internamente antes de empezar.

En los últimos días empezaron a asomar varias voces históricas del peronismo y todas tuvieron una referencia similar al contexto político. Creen que deben armar un gran frente para el año que viene. Ser capaces de convertirse en los principales rivales de Javier Milei, sin dejar pequeñas expresiones en el camino. Es con todos los que se pueda y tengan un punto en común de referencia, que no solo sea vencer al gobierno libertario.

Miguel Pichetto contó en público, durante una entrevista con el streaming Gelatina, algunos detalles de la conversación que tuvo con Cristina Kirchner el martes de la semana pasada, cuando la fue a ver a su prisión domiciliaria. “Coincidimos en la necesidad de armar un frente nacional, como lo que hizo Lula en Brasil”, sostuvo el rionegrino. Ambos tienen en la cabeza lo mismo. Armar un gran frente transversal y heterogéneo. Es una tarea extremadamente difícil.

El lugar que ocupe la ex presidenta dentro del próximo esquema electoral es un tema de debate permanente en el peronismo. Hay una coincidencia mayoritaria que atraviesa a varios sectores, ya sea del interior como de la provincia de Buenos Aires. El armado que se piense y ejecute tiene que ser con el ella adentro. En todo caso, lo que se debe discutir es qué rol tendrá y dónde quedará parada toda la dirigencia cristinista.

Esa idea sobrevive también en un grupo de legisladores del interior que empezó a moverse políticamente con más decisión y en paralelo al kirchnerismo. Ayer, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Kelly Olmos (CABA) y Marianela Marclay (Entre Ríos), se reunieron con Martín Rapetti y Diego Bossio, fundadores de la consultora Equilibra. El ex titular del ANSES, aferrado al perfil bajo desde hace tiempo, está trabajando cerca de ese sector del peronismo.

En el encuentro analizaron un estudio sobre la evolución del empleo, los ingresos y las perspectivas económicas de la Argentina. Allí hablaron sobre la calidad del trabajo que se está generando, el deterioro del poder adquisitivo y la fragilidad de los ingresos en distintos sectores sociales. Además del intercambio de miradas, el encuentro se inscribió en el intento de una línea interna del peronismo de reconstruir un relato económico propio, en un contexto de debilitad política y de dificultades para lograr triunfos legislativos.

Esos legisladores son la cabeza visible de un grupo que convive con el cristinismo en la Cámara de Diputados y que ha decidido construir un núcleo de poder interno en paralelo al mundo K. En ese grupo consideran que en la Argentina que gobierna Milei no aparece, hasta ahora, un “horizonte de desarrolo productivo”. Destacan que el orden fiscal “ocupa el centro de la escena”, pero creen que “no hay un plan integral que evidencie cómo se va a generar trabajo de calidad”.

En ese sector creen que el orden fiscal es necesario, pero que debe estar complementado por una política productiva, una estrategia de desarrollo y un proyecto que ponga a la generación de empleo en el centro. Reuniones de ese estilo, y también de índole estictamente políticas, comenzarán a realizarse con más frecuencia. Es la forma de mostrar movimiento y activar los debates internos. Hay una sensación generalizada, en varios dirigentes del interior, de que hay que empezar a apretar el acelador, aunque el tiempo de definiciones llegue una vez que pase el Mundial de fútbol en el norte de América.

La idea de armar un esquema transversal la planteó con claridad el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, durante una entrevista con La Nación+, en la que resaltó la necesidad de crear una alternativa a Milei basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. Es decir, una mirada similar a la que discutieron los legisladores que analizaron el informe de la consultora Equilibra.

En esa misma línea se manifestó, tiempo atrás, durante entrevista con Infobae, el senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. “El equilibrio fiscal y la inflación controlada son dos ejes que el peronismo no debería discutir más”, aseguró. Aún sigue siendo un nombre propio que suena como opción para encabezar un proyecto político nacional.

“Tenemos que retomar ese programa de orden fiscal pero con crecimiento con industria nacional y con desarrollo nacional”, sostuvo Olmos, en referencia a la gestión de Néstor Kirchner, que marcó un cambio de ciclo en el peronismo y el comienzo de la era kirchnerista. Una etapa que todo el arco peronista rememora en forma positiva, sin importar el sector interno al que pertenezcan.

El ex asesor presidencial, que es un influyente armador y articulador de voluntades dentro del PJ, revisó el pasado, consideró la necesidad de profundizar la autocrítica sobre las últimas gestión justicialista y aclaró: “No puede pasar que volvamos al gobierno y tengamos programas diferentes internamente y ese programa común debe estar actualizado”. En sus palabras está matizada la interna feroz que vivió el Frente de Todos durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que no hay que volver a hacer. La piedra con la que no deben volver a tropezarse.

Más amigo de las declaraciones de alto impacto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo ayer que el peronismo tiene que tener “un proceso interno” que “despierte al monstruo”, ya que considero que la fuerza política que integra “es un gigante dormido”. Al igual que otros actores del PJ, consideró que el “justicialismo tiene que ser la columna vertebral de un proyecto más amplio”.

El “Gitano” quedó en el centro de la poļémica un puñado de días atrás, cuando aseguró que el gobierno nacional no iba a llegar al final de su mandato. Entre algunos dirigentes peronistas tomaron con cierta molestia sus declaraciones, ya que entienden que las caras visibles del PJ deben dejar de agitar fantasmas de una caída anticipada. Ningún argentino quiere que eso ocurra de verdad. Y mucho menos que la política lo anticipe. Solo da lugar a que el Gobierno los acuse de golpistas y haya más ruido del habitual en la conversación política y social.

Axel Kicillof es otro de los que empuja la creación de una coalición anti Mile. Está en la misma sintonía del resto de la dirigencia y es, hasta el momento, el único precandidato presidencial en pie que tiene el peronismo. En el kicillofismo hace tiempo que vienen diciendo que existe la necesidad de construir puentes por fuera del peronismo. “Hay que ampliar hacia aquellos que piensen que el de Milei es un modelo inviable y que hay que fortalecer un modelo de trabajo y producción en la Argentina”, aseguró esta semana el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El Gobernador empuja desde La Plata su armado nacional. El primer objetivo es construir bases del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en distintas provincias del país. En eso están trabajando los principales ministros y funcionarios de la gestión bonaerense, como el propio Bianco, Andrés “Cuervo” Larroque, Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez. A partir de ahí, piensa en edificar un movimiento nacional sólido.

El peronismo está en movimiento. Parece haber empezado una etapa de discusiones más profundas sobre la ruta que deben tomar y sobre la identidad que deben construir. Tal vez haya llegado la hora de volver a empezar.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reafirmó su postura frente a la gestión del espacio público y la seguridad al afirmar que “nos quisieron hacer creer que el caos era inevitable” y que su administración puso fin a esa lógica. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario porteño repasó una serie de medidas implementadas durante su gestión, con énfasis en el restablecimiento del orden y la recuperación de valores tradicionales en la ciudad.

Jorge Macri apuntó contra discursos que, según él, naturalizaban situaciones como la usurpación de propiedades, la realización de piquetes y la presencia de manteros en el espacio público. “En esta ciudad nos quisieron hacer creer que el desorden era normal, que se podía usurpar una propiedad sin consecuencias. Que se podía hacer un piquete y joderle el día a millones de personas. Que los delincuentes tenían más derechos que las personas de bien. Que los manteros eran parte del paisaje y no había manera de sacarlos”, planteó el funcionario, marcando distancia respecto de gestiones anteriores.

Entre los logros de su gestión, Macri resaltó la recuperación de más de seiscientas propiedades, la eliminación de cuarenta comedores fantasmas y el avance en la lucha contra lo que denominó “curros de los gerentes de la pobreza”. A su vez, remarcó el fin de los bloqueos callejeros: “Se terminó la extorsión de los piquetes y las calles volvieron a ser de los vecinos”, afirmó el jefe de Gobierno.

El mensaje posteado con el video que abre esta nota en redes sociales va en línea con el discurso que brindó el propio Jefe de Gobierno este último lunes en el recinto de la Legislatura porteña durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Ciudad. Durante su oratoria expresó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.

La administración de Jorge Macri también impulsó cambios en el acceso a los servicios de salud. El mandatario señaló: “Los extranjeros ahora pagan para atenderse y los porteños tienen prioridad por primera vez en la historia”. Además, en materia de seguridad, destacó la incorporación de tres mil ochocientos treinta y nueve policías y el alcance de la videovigilancia en el ochenta y dos por ciento de la ciudad. Según el funcionario, estos avances permitieron una baja en homicidios, robos y delitos en general.

El debate sobre la ley de glaciares en la Cámara de Diputados avanza hacia la celebración de dos audiencias públicas previstas para finales de marzo.

El oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas. Finalmente, hubo un consenso y se estableció una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no va a contar la norma por lo menos hasta mediados de abril.

En el debate del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales los legisladores de distintos sectores políticos consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.

El reloj institucional marca el 25 de marzo como la primera fecha de audiencia, con la posibilidad de extender el proceso el día siguiente a través de una modalidad virtual, en lo que se configura como un paso clave para asegurar el cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La diputada Beatriz Estévez de Unión por la Patria cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto. “Nunca vino ningún representante del Ejecutivo a explicar este proyecto. Le pedimos que en el cronograma se ponga qué día va a venir un funcionario del Ejecutivo”, expresó en una de las intervenciones centrales del encuentro, según consta en las actas consultadas.

La propuesta del oficialismo llegó en boca del diputado de LLA Nicolás Mayoraz que anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. “Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones”, explicó.

Sin embargo, luego de que se fueran sumando voces de los bloques opositores que pedían audiencias en las provincias con cuencas hídricas que estaban comprometidas por ley, los libertarios cedieron y Mayoraz confirmó que “a la redacción le vamos a hacer cambios. Pensamos desdoblar y hacer dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom”.

El mecanismo está diseñado para favorecer la “amplia participación”, permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo cinco minutos de exposición por persona, con una eventual reducción si la inscripción supera las previsiones. Para anotarse, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.

En la previa a las modificaciones del cronograma de trabajo, el diputado del bloque CC, Maximiliano Ferraro remarcó la necesidad de federalizar el proceso: “Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuencas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional”.

La diputada Sabrina Selva de UP señaló la existencia de consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, afirmó. Consideró pertinente establecer límites de días y horarios, en línea con el antecedente de las audiencias federales organizadas en el debate de la ley de medios.

Quien intentó defender la idea inicial de una sola jornada de audiencia pública fue la diputada Silvana Giudici de LLA quien recordó: “Agradezco muchísimo que el bloque del kirchnerismo que antes no quería audiencia pública hoy lo pida. Hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”, sostuvo. Finalmente, su posición no tuvo acompañamiento.

Durante la sesión, la participación de actores sociales también ocupó el centro del debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas: “Todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación. Propongo que se garantice la participación de esas comunidades”.

El debate abierto expone interrogantes sobre el alcance real del mecanismo participativo. La legisladora María Zigarán de Provincias Unidas interpeló a la comisión sobre los objetivos de la convocatoria: “¿Quieren garantizar la participación pública o quieren enmascarar con una ritualidad la participación? Si la verdadera vocación es lo primero hay que regionalizar las audiencias públicas en cada una de las cinco zonas”, planteó.

El diputado Diego Guliano cuestionó la manera en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado: “Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprenden bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública y a nosotros nos parece muy bien”.

Las comisiones acordaron que la reunión inicial comenzará solo si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario dentro del proceso.

Hasta ahora, el cronograma establece el 25 y 26 de marzo como las fechas pautadas para el debate abierto, con el objetivo de lograr una “amplia participación” de las partes interesadas, incluidas provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares y sus cuencas.