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La Auditoría detectó que Macri vendió bienes del Estado “por debajo del valor del mercado”

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La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que durante el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) se vendieron bienes del Estado “por debajo del valor del mercado” y advirtió que tampoco “destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social”, en un informe difundido este miércoles.

La AGN concluyó que la “agencia de bienes del Estado -durante el gobierno de Cambiemos- vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente”.

Ese organismo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.

Entre los resultados del reporte, se consignó que se llevaron a cabo “71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares” y que la ciudad de Buenos Aires “concentró el 77,2% de las operaciones”.

En relación a las ventas, en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para “determinar el precio base de las subastas”, y se observó que en “el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, que implicó una “merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares”.

También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%, “no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación”, y que entonces se calculó “equivocadamente el monto resultante de la venta, lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos”.

Además, se analizó que en la venta del inmueble de Catalinas Norte II, ubicado en Puerto Madero, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación sobre de la propiedad por una superficie que resultó 39% menor a la que se terminó escriturando, generando que la AABE reciba “un valor inferior al que le correspondía”, se indicó.

En cuanto al principio de subastas, se consideró que “se vio vulnerado” porque se constató que hubo una “baja participación de oferentes” porque en el “58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado”.

En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, se advirtió que la AABE “no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social”.

Respecto a la modalidad conocida como dación en pago, se alertó que “se utilizó a partir de enero de 2019 transfiriendo inmuebles por 169,9 millones de USD al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrariando el marco normativo vigente” porque esa “modalidad fue factible recién en octubre de 2019”.

Además, se detectó que contrariando la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal -prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses de fin de mandato presidencial que coincide con el período electoral-, la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la CABA por 148,2 millones de USD.

La modalidad de transferencia dación en pago fue derogada en febrero de 2020, al poco tiempo de asumir la presidencia Alberto Fernández.

Fuente: Telam.

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Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión en la Corte Suprema de Justicia frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia volvió a reclamar la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense.

Tras la audiencia, la segunda que reúne a ambas jurisdicciones, Kicillof confirmó un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio donde, dijo, el Gobierno nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó en la puerta del máximo tribunal.

En ese sentido, el mandatario contó que en esta oportunidad hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta de la gestión libertaria sobre cuáles serían los montos concretos a transferir. Habrá que esperar entonces hasta el 10 de junio para ver qué solución encuentra esta problemática.

En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de Economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de Anses.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones”, dijo Kicillof tras la audiencia y ejemplificó con el Presupuesto actual de provincia de Buenos Aires para que se tome dimensión del reclamo. “Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto“, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Plantean reconstituir el Consorcio Intermunicipal Bahía Blanca-Rosales

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Por medio de un proyecto de resolución el concejal Daniel Medina propuso, desde Coronel Rosales, reactivar el Consorcio Intermunicipal para tratar temáticas de Transporte, Ambientales y de desarrollo económico, que fuera creado en el año 1995, en los gobiernos de Osvaldo Rigoni y Jaime Linares.

“Han pasado 30 años desde la celebración de dicho pacto, que hoy no se encuentra formalmente operativo. En el presente, la necesidad de recomponerlo es aún mayor. Tenemos en común un sistema de transporte cuyo control depende de decisiones provinciales cuando la realidad es regional. Lo mismo sucede en materia ambiental y de desarrollo. Ambos distritos han crecido exponencialmente y muchos de los reclamos comunitarios son compartidos. En materia de legislación creo que sería prudente comenzar a tener una mirada más regional que nos permita compatibilizar la situación de ambos distritos de cara al futuro”, afirmó Medina.

El concejal de Bien Común remarcó que los recientes aumentos en la 319 y la conectividad entre ambas ciudades, con miles de personas que se trasladan entre ambas urbes, deben ser un punto de encuentro para gestiones comunes compartidas desde el plano ejecutivo y legislativo y lograr una mayor fluidez en tal sentido.

“Hay aspectos ambientales como los controles de calidad del agua y el aire, y la situación del tratamiento de los residuos. Son tópicos que nos deben unir en estudios comunes y agendas conjuntas. Lo mismo sucede con la gestión del desarrollo y unificar esfuerzos en el impulso de la búsqueda de inversiones para la región. El crecimiento urbanístico es el principal fundamento para reactivar este consorcio y potenciar la vinculación comercial, industrial, la recuperación de la conectividad ferroviaria para pasajeros desde Bahía Blanca a Buenos Aires, entre otros muchos puntos de interés estratégico”, sostuvo.

También dijo que la iniciativa será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, en el marco de diferentes presentaciones sobre la situación del transporte que une las cabeceras de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Fuente: La Nueva.

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Nuevas postales urbanas de un sistema de transporte público en crisis

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La crisis estructural que atraviesa el transporte público en Bahía Blanca tiene dos frentes de batalla. Uno es el económico, con discusiones constantes por las tarifas y los aportes económicos. El otro es el humano, y sucede en la vereda, como lo muestra la imagen tomada hoy por un vecino en la primera cuadra de la transitada calle Martiniano Rodríguez.

Un grupo de usuarios debió esperar amontonados en la parada donde frenan varias líneas, aguardando el arribo de una unidad, debido a un desperfecto mecánico en un colectivo de la empresa San Gabriel.

No se trata solo de un contratiempo; es el síntoma de un servicio que está al límite de sus posibilidades técnicas, con consecuencias directas en la calidad de vida de miles de bahienses que dependen del colectivo.

Laura, una de las pasajeras que debió esperar el recambio de la unidad mostró su enfado a La Nueva.: “Llevo media hora esperando y este colectivo solía pasar más rápidom, encima con el día cómo está. El servicio está cada día peor”.

El conflicto

El pasado viernes, las empresas San Gabriel y Rastreador Founier emitieron un comunicado indicando que la situación económica crítica que vive el sector obliga a tomar la decisión de interrumpir el servicio nocturno y reducir la frecuencia, saliendo por última vez de cabecera a las 20.30 y volviendo a activar el servicio a las 6.30 de la mañana.

Sin embargo, ayer por la tarde, por pedido del Municipio, ambas compañías volvieron a trabajar en sus horarios habituales. Desde la comuna se solicitó una prórroga a las empresaspara poder encontrar una solución al delicado conflicto que atraviesa el sistema de transporte en la ciudad.

“Al menos durante este martes también se va a funcionar con normalidad, a la espera de una respuesta”.

Fuente: La Nueva.

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