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Política Provincial

Se definen la elecciones en La Plata con la apertura de 79 urnas

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Las elecciones en la ciudad de La Plata, que enfrentó a los dos julios –Julio Garro, del PRO, versus Julio Alak, de UP- quedó prácticamente empatada en el escrutinio provisorio. Ambos dirigentes se atribuyeron la victoria, pero la palabra final la tiene la Justicia Electoral. Este lunes comenzó el escrutinio definitivo en el que se definirá al ganador. El resultado podría salir hoy mismo.

El conteo del domingo a la noche, detenido en algo más del 97 por ciento de mesas escrutadas, terminó con Alak arriba por 856 votos. En un padrón de más de 600 mil, es una diferencia a todas luces exigua por lo que el actual intendente que busca tener 4 años más de gestión pidió que se abran las urnasporque “hay muchas irregularidades”. De hecho, la semana pasada su secretario de Gobierno (y senador provincial electo), Marcelo Leguizamón, encabezó una conferencia de prensa para mostrar esas inconsistencias.

Fuente: Infocielo.

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Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses

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El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión en la Corte Suprema de Justicia frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia volvió a reclamar la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense.

Tras la audiencia, la segunda que reúne a ambas jurisdicciones, Kicillof confirmó un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio donde, dijo, el Gobierno nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó en la puerta del máximo tribunal.

En ese sentido, el mandatario contó que en esta oportunidad hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta de la gestión libertaria sobre cuáles serían los montos concretos a transferir. Habrá que esperar entonces hasta el 10 de junio para ver qué solución encuentra esta problemática.

En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de Economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Nación participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de Anses.

Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos

El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.

En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

“El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones”, dijo Kicillof tras la audiencia y ejemplificó con el Presupuesto actual de provincia de Buenos Aires para que se tome dimensión del reclamo. “Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto“, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Convocaron a una nueva marcha federal universitaria

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Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización será el 12 de mayo y tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, en lo que será la cuarta protesta del sector desde la asunción del presidente Javier Milei.

La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.

El eje central de la protesta será la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.

La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización que el sector viene desplegando en los últimos meses. La semana pasada se realizó un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realizó en abril de ese año y marcó la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.

Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.

En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.

El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.

En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.

Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.

Fuente: TN

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Ley de Salud mental: provincias rechazan la reforma impulsada por Nación

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En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, junto al Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención.

Asimismo, se destacó la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

Rechazo al proyecto de ley de Nación

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultadaen el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

En tanto, este lunes, el proyecto que impulsa el Ejecutivo que ingresó el fin de semana al Congreso, será presentado a todos los ministros de Salud del país en una reunión del CoFeSa (Consejo Federal de Salud) .

Acuerdos en contexto de emergencia

En este sentido, se planteó la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales. Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron:

– Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.

– Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

– Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Lineamientos comunes para los 135 municipios bonaerenses

En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios, fortaleciendo la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.

Del mismo modo, subrayaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires” que buscan organizar para la etapa actual las políticas municipales y su integración con las provinciales en el marco de una altísima incidencia de padecimientos en la esfera de la salud mental.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, y advirtieron que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

Fuente: Agencia DIB

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