Conecta con nosotros

Destacado

Revocan el sobresemiento a Cristina Kirchner en causa por lavado de activos

Publicado

en

La Cámara Federal porteña revocó este martes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El sobreseimiento resuelto luego de un planteo al respecto del fiscal del caso Guillermo Marijuán fue apelado por una asociación civil, “Bases Republicanas”, ligada al macrismo y aceptada como querellante por la Cámara luego del dictado de la desvinculación de la Vicepresidenta.

El Tribunal de Apelaciones con los votos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y la disidencia de Eduardo Farah revocó el sobreseimiento y dispuso profundizar la investigación que seguirá a cargo de Casanello

“No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, sostuvo Farah en minoría.

En el voto mayoritario de Bertuzzi y Llorens se hizo lugar a la apelación de la ONG y se ordenó al juez que “reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados” en la resolución de la Cámara “y todos aquellos que presenten las partes legitimadas en el proceso”.

En la causa se investigan maniobras de lavado de dinero cometidas por Báez a través de su grupo empresario y ya se hizo un juicio oral en la que resultó condenado al igual que otros acusados.

La expresidenta tenía falta de mérito en el caso y Casanello la sobreseyó por falta de pruebas, una decisión que ahora quedó revocada.

Fuente: Telam.

Advertisement

Destacado

En medio de la tensión con Casa Rosada, Patricia Bullrich se expresó a favor de la ley de discapacidad

Publicado

en

La senadora Patricia Bullrich volvió a sentar una postura clara respecto de un tema incómodo para el Gobierno Nacional, al expresarse a favor de avanzar en el Senado con la aprobación de la Ley de Discapacidad. La legisladora afirmó este jueves que la Cámara Alta está preparada para debatir el proyecto que busca reemplazar la prórroga de la emergencia por un marco permanente y su respaldo público llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo incluyera recortes y cambios en el sistema de pensiones que habían generado tensiones con aliados parlamentarios.

“Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, manifestó Bullrich, en un contexto en el que cada uno de sus movimientos son observados desde la Casa Rosada, en donde han dejado trascender malestar por las veces que la senadora se diferenció de las posiciones que fija el presidente Javier Milei.

La iniciativa podría ser tratada así en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con un apoyo casi unánime. La Cámara alta ya cuenta con dictamen desde el 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por los diputados.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en la red social X.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza sostuvo que la discusión legislativa permitió acercar posiciones entre sectores que inicialmente defendían propuestas diferentes. “Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, agregó.

El acuerdo alcanzado en el Congreso se produjo tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. El peronismo también acompañó la firma del dictamen que habilitó el tratamiento en el recinto.

La oposición más dura había promovido la extensión de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para fin de año. Finalmente, dejó de lado esa alternativa y apoyó una norma de orden público con efectos permanentes, luego de las conversaciones que continuaron hasta la sesión del 22 de octubre en Diputados.

La posición de Bullrich adquiere relevancia por el conflicto político que había generado el capítulo dedicado a discapacidad dentro del Presupuesto 2027. El proyecto remitido inicialmente por la Casa Rosada sorprendió a referentes legislativos del oficialismo y a sus socios, entre ellos la propia senadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El texto presupuestario contemplaba un cambio de criterio para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. En lugar del enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proponía aplicar una evaluación de “invalidez laboral” y fijar un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

También eliminaba al Certificado Único de Discapacidad como vía directa para solicitar la pensión y trasladaba al Poder Ejecutivo la definición de los requisitos. A la vez, establecía una incompatibilidad total entre ese ingreso y cualquier empleo formal, incluso si se trataba de una actividad registrada por pocas horas.

El régimen vigente permite compatibilizar la prestación con un empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. La iniciativa original del Gobierno también modificaba el sistema de prestaciones, ya que suprimía el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas y permitía que obras sociales, empresas de medicina prepaga y provincias fijaran sus propios valores.

Luego, el propio Gobierno confirmó que los artículos cuestionados sobre discapacidad serían eliminados del Presupuesto. La intención del oficialismo era reemplazarlos por una propuesta acordada con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, para incorporarla al dictamen de mayoría en comisión.

La nueva alternativa contemplaba elevar los requisitos de acceso a las pensiones, aunque mantenía la posibilidad de percibirlas de manera complementaria con un trabajo registrado. “Ya no bastará con tener el CUD para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron fuentes oficiales consultadas por el medio.

El entendimiento también incluía una actualización universal del nomenclador por inflación cada dos meses. Esa periodicidad difería de la prevista en la ley de emergencia, que establecía una actualización mensual.

Los bloques aliados reclamaban además precisiones sobre las compensaciones adeudadas a prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El reclamo se vinculaba con el artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé pagos para cubrir diferencias que no fueron absorbidas por las actualizaciones posteriores.

La tensión interna se profundizó cuando Bullrich cuestionó que el tema no hubiera sido discutido con anticipación en la Mesa Política del Gobierno. La legisladora apuntó contra el área económica y pidió que las decisiones vinculadas con sectores sensibles fueran previamente consensuadas con los dirigentes involucrados en las negociaciones parlamentarias.

La discapacidad también fue uno de los asuntos mencionados por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Durante su estadía recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.

Continue leyendo

Destacado

Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

Publicado

en

Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo

Destacado

ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

Publicado

en

Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

Continue leyendo
Advertisement

Trending