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Mucho interés por refuncionalizar el Mercado Municipal y la Plaza Lavalle

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A un mes del llamado a Concurso Nacional de anteproyectos para la refuncionalización y puesta en valor del Mercado Municipal y la plaza Ricardo Lavalle por parte de la municipalidad, cerca de 80 estudios de arquitectura de distintas ciudades el país manifestaron su interés en el mismo, al tiempo de presentar cerca de 50 consultas relacionadas con la convocatoria.

La recepción de esas inquietudes corrió por cuenta de los profesionales que conforman el grupo de arquitectos que asesora a los interesados en el concurso. Los mismos manifestaron a La Nueva. que resulta evidente el interés que ha despertado la convocatoria, más allá, mencionaron, que a la hora de presentar propuestas no todos terminen por hacerlo.

Si bien representantes de estos estudios ya realizaron una visita al lugar, tanto al edificio de calle Donado al 100 como a la plaza Lavalle, las consultas recibidas se relacionan con algunas normativas edilicias y urbanas vigentes en la ciudad, algunos datos sobre el clima local y otros detalles que hacen al diseño del espacio público.

“Las preguntas fueron todas con mucho sentido y profundidad, lo cual permite pensar que se trata de estudios que ya están trabajando en el tema. Es difícil aventurar cuántos trabajos habrá, pero la perspectiva es muy alentadora”, señaló uno de los arquitectos asesores.

La presentación de los trabajos tendrá lugar el venidero 29 de junio y los anteproyectos de intervención apuntarán a refuncionalizar el mercado (clausurado en octubre de 2022), la plaza vecina y sus calles adyacentes.

Detalles

La convocatoria al concurso tiene lugar 56 años después de haberse obtenido un proyecto ganador en un concurso similar organizado por la municipalidad para el diseño de un edificio destinado a mercado municipal, en la planta baja, y cocheras, en los pisos superiores.

En ese momento, 1968, se recibieron 46 propuestas, la mayor cantidad registrada para este tipo de convocatorias en nuestra ciudad.

El viejo mercado de abasto existente desde 1892 ocupaba entonces todo el terreno, con accesos por calles Donado y O’Higgins, entre calles Arribeños y Olivieri. El nuevo proyecto de mercado y cocheras ocupó la mitad de ese espacio, dejando libre el resto para un uso que luego definiría el municipio.

En esta ocasión, el edificio mantendrá su forma y uso y lo que se pretende es tener una propuesta de tratamiento integral del sector, involucrando a la plaza Lavalle, construida diez años después que el mercado, y a las cortadas que aparecen en esa particular manzana.

“Se busca revalorizar el área y sumar actividades comerciales, gastronómicas, sociales y culturales”, detalla el pliego elaborado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.

Se apunta así a equiparar en calidad los extremos del corredor delimitado por calles Alsina-O’Higgins y Belgrano-Donado, entre Dorrego y Saavedra, considerando que uno de ellos –donde se ubican el teatro Municipal y sus plazoletas–, permiten a ese edificio “exhibir su porte y calidad”.

Por eso en el caso del mercado se busca potenciarlo, mejorando su relación con la plaza y con el tratamiento de los edificios de su entorno, como el ex hotel Italia, el edificio Taberner y la Casa del Ángel, de Brown y Anchorena.

El mercado tendrá el 30% de sus locales con destino gastronómico funcionando todo el día, ofreciendo desayuno, almuerzo, merienda y cena para un mínimo de 150 personas.

Una de las situaciones a considerar por los participantes es que los pisos superiores seguirán funcionando como cocheras. También se plantea la necesidad de mejorar el acceso a la planta baja, que por estar a 1,60 metros del nivel de vereda ha derivado en la presencia de rampas y escaleras.

También se busca darle un destino cultural al último piso, espacio donde durante 36 años ocupara el Concejo Deliberante, y recuperar la azotea.

La plaza

Diseñada en 1978 por el grupo de inversores que construiría un Hotel en O’Higgins y Saavedra, la originalmente llamada Plaza del Sol se deberá mejorar, corrigiendo su diseño “intrincado y laberíntico”.

“El lugar presenta condiciones poco aptas. Los desniveles complican el traslado, la altura de los muros y los senderos angostos generan condiciones inseguras. Hoy se plantean espacios más abiertos, reconocibles, seguros, flexibles en su uso”.

La idea es contar con un espacio convocante y de bajo mantenimiento. Se pide además mejorar su calidad de “plaza seca” y sumar suelo absorbente.

El pliego considera la posibilidad de al menos dos modificaciones en las fachadas. Por un lado, la marquesina de frente podrá ser removida o rediseñada. Por otro, para habilitar el último piso y la azotea será necesario disponer de un nuevo ascensor. Como no se puede perforar la estructura existente, la solución que aparece es ubicarlo en el exterior.

Lavalle

La costumbre de llamar “Plaza Lavalle” al paseo induce sin dudas al error de pensar que se refiere a Juan Lavalle (1797-1841), militar y político de la época de la Independencia, que carga en su historial con la decisión de mandar fusilar a Manuel Dorrego, a quien había derrocado como gobernador bonaerense.

En realidad el nombre homenaje al bahiense Ricardo Lavalle, abogado y político radical, quien fue electo vicegobernador bonaerense acompañando a Anselmo Marini, entre 1963 y 1966. Lavalle falleció en 1972, a sus 56 años de edad. En la inhumación de sus restos en el cementerio local hablaron Marini y los dirigentes Raúl Alfonsín y Ricardo Balbín.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno redefinió áreas clave de la Jefatura de Gabiente encargadas de la gestión de medios y ciberseguridad

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Manuel Adorni

El Gobierno nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que redefine la organización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación.

A través del Decreto 269/2026 publicado hoy jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías, en una medida que impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público.

Según el texto oficial, la renovación busca mejorar la gestión de competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete, optimizando recursos y actualizando los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita.

De esta manera, se transfiere a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni.

Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas.

A partir de ahora, la Unidad Gabinete de Asesores contará con nuevas atribuciones, entre las que destaca la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Entre las áreas más relevantes del nuevo esquema se encuentran:

  • Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, con sus subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
  • Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la cual funcionan la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
  • Secretaría Ejecutiva, que incorpora la Subsecretaría de Coordinación Interministerial y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, además de la Oficina Nacional de Contrataciones.
  • Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Innovación, de Ciencia y Tecnología y de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología.
  • Secretaría de Turismo y Ambiente, con las subsecretarías de Turismo y de Ambiente.
  • Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora incluye la Subsecretaría de Prensa, la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la Subsecretaría de Medios Públicos.

La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área.

El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas.

Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto.

Uno de los objetivos asignados a la Secretaría de Innovación es la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de las participaciones estatales en AR-SAT y Correo Oficial de la República Argentina S.A. Asimismo, la Secretaría ejercerá el control tutelar sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Hasta que se complete el proceso de reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes a nivel inferior, asegurando la continuidad de las acciones y dotaciones de personal. El gasto derivado de la aplicación de la nueva estructura se atenderá con los créditos asignados a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa.

Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino.

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El proyecto del Gobierno para eliminar las PASO activó al PJ y se acelera un armado opositor en el Congreso

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El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para eliminar las PASO, dentro de un paquete que incluye otras reformas políticas como el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia, le abrió el camino al peronismo para empezar a avanzar, con mayor decisión, en la conformación de una nueva alianza política en las dos cámaras del Congreso.

Tal como se preveía, Javier Milei anunció que buscará derogar las elecciones primarias y así simplificar el proceso electoral del año que viene. Ese paso activó, en forma definitiva, la decisión del peronismo de salir a buscar adhesiones y votos en todo el universo opositor. El objetivo es claro: evitar que se caigan definitivamente.

En el PJ hay un consenso amplio respecto a la necesidad de que las PASO sigan vigentes el año que viene, ya que son la herramienta clave para poder despejar las diferencias internas que sobreviven entre las diferentes tribus, y lograr que emerja un solo candidato que sintetice las ideas macro de una nueva coalición opositora.

En un momento donde la discusión del peronismo es completamente horizontal, debido a la diversidad de liderazgos y la estadía afuera del poder central, las elecciones primarias son determinantes para poder reagrupar a viejos adversarios. En ese camino de construcción política están Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros dirigentes, que empujan el nuevo armado desde los límites del justicialismo.

En el peronismo creen que el Gobierno tendrá un camino muy espinoso para buscar el apoyo necesario en la oposición. Sobre todo porque necesita mayoría absoluta, que se consigue con la mitad más uno del total de la Cámara. Es decir, necesitan 37 senadores y 129 diputados. Los gobernadores del norte que han sido aliados tácticos de Milei jugarán un rol central y determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Gustavo Saénz (Salta) está a favor de las eliminación de las PASO. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) aún no definieron sus posturas, aunque en el pasado se manifestaron en contra de sostenerlas. Lo cierto es que, puertas adentro de la provincia, ambos tienen que llegar a acuerdos políticos con otros sectores del peronismo, fuerza a la que pertenecen, para mantener el orden interno. Las figuras de Lucía Corpacci y Juan Manzur, presidentes de los PJ locales y jefes políticos de una porción de la dirigencia, serán determinantes.

“No la va a tener fácil el Gobierno. Hoy no tiene el número para eliminarlas”, sostuvo un referente del peronismo en el Senado, cámara en la que comenzará a tratarse todo el paquete de la reforma política. Aunque aún hay muchas posturas que no están visibilizadas, en el bloque justicialista que conduce José Mayans hay consenso en votar en contra de su eliminación.

La reforma política dará lugar a un extenso toma y daca entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “A algunos Gobernadores no les conviene, a otros si y a unos pocos les da igual porque tienen muy ordenados sus problemas internos”, explicó a Infobae un importante senador de la oposición. Inevitablemente, las elecciones del año que viene entrarán en el juego político también. Sobre todo para los gobernadores que tienen en sus planes la reelección y que deben limitar el crecimiento de sus opositores en sus provincias.

Las fuerzas provinciales jugarán un rol central porque en una disputa tan fina, los dos polos intentarán llevar agua para su molino. Los legisladores también pondrán en consideración su juego político para el año que viene y si existe, o no, la posibilidad de ser parte de una alianza electoral donde el peronismo sea el eje central. Factores contextuales que influirán directa o indirectamente en las negociaciones cruzadas que se aproximan.

De los gobernadores de Fuerza Patria el único que está en contra de sostener las PASO es Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los demás, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa) están a favor. Un indicio claro sobre cómo votarán los legisladores que pertenecen a esas provincias o que responden a esas jefaturas políticas .

En las distintas vertientes que actualmente conviven en el peronismo y que trabajan, cada uno por su lado, para la construcción de un gran frente electoral, existen un sinfín de voces que alientan la unificación de una postura contraria a la eliminación de las PASO. A partir de ahora, que se hizo formal la decisión de la Casa Rosada, comenzará la articulación más fina.

En Diputados, el camporismo, el kicillofismo, el Frente Renovador, el sector de Grabois y la mayoría de los legisladores de la oposición están de acuerdo con sostener las PASO. También la mayor parte del bloque de Provincias Unidas y un sector del radicalismo. El poroteo empezó en las últimas semanas y se profundizará en los días que vienen.

Al igual que en la ley de financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, el PJ, como bloque mayoritario de la oposición, va a tomar la iniciativa para construir un gran polo opositor que frene el proyecto libertario. El PRO, principal aliado del Gobierno, no tiene una definición troncal respecto a lo que hará. Algunos votarán a favor, otros deslizaron que lo harán contra. Entonces, las cuentas del oficialismo empienzan a entrar en una nebulosa.

Si, finalmente, las PASO se caen, en el peronismo entienden que la salida para tanto ruido dentro del esquema político es organizar unas internas abiertas. Tal como lo propuso el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac. Mientras tanto, buscarán construir un tejido opositor que tenga anclaje en el Congreso pero que pueda ser el primer experimento serio del año para tratar de fundar las bases de una posible coalición electoral.

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Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo

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Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.

El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.

“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.

Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.

  • La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
  • Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
  • La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
  • Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
  • La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.

Qué propone el proyecto

La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.

Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.

El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.

Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.

La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.

En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.

El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.

El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.

Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.

La diputada Silvana Giudici puntualizó, en relación con la peligrosidad del fármaco, que mientras para el fentanilo se dispone de un antagonista químico, el propofol no tiene antídoto: “Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad”.

Veintisiete diputados de diversas bancadas respaldan la propuesta legislativa. Figuran, además de Giudici, Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Carlos Alberto Almena, Alida Ferreyra, María Luisa González Estevarena, Sabrina Ajmechet, Álvaro García, Guillermo Montenegro, Federico Agustín Pelli, Carlos Raúl Zapata, Gino Visconti, Adrián Brizuela, Rocío Bonacci y otros.

La presentación del proyecto ocurre tras una comisión investigadora impulsada por Giudici sobre las ciento catorce muertes provocadas por fentanilo contaminado en la Argentina y la presentación previa de iniciativas orientadas a la trazabilidad de opioides y anestésicos en el sector hospitalario.

Los impulsores buscan que la nueva ley permita, por primera vez, una supervisión con criterios claros, registros unificados y sanciones penales estandarizadas sobre el uso, almacenamiento y reporte de irregularidades con propofol en todas las instituciones sanitarias del país.

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