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Camuzzi advirtió sobre intentos de estafa a través de Whatsapp en Bahía Blanca

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Desde la firma Camuzzi Gas Pampeana advirtieron sobre distintos casos de estafa ocurridos en los últimos días en Bahía Blanca, por lo cual realizaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar ser engañados.

En ese sentido, se indicó que en nuestra ciudad se han dado intentos de fraude a través de la red social WhatsApp por parte de individuos que se hacen pasar por empleados de la empresa con fines delictivos.

“La compañía aclara que bajo ningún motivo solicita por teléfono, en esta, como en cualquier otra circunstancia, datos sensibles como códigos de activaciones, información bancaria, ni ninguna otra información que pueda ser perjudicial para el usuario”, se indicó.

Además, se explicó que en casos de que alguna persona se presentara como empleado de Camuzzi en un domicilio, debe contar con identificación con nombre, apellido, fotografía y número de legajo.

Asimismo, se remarcó que todos los operarios visten uniformes con el logo de la empresa y son los únicos autorizados a circular con la flota vehicular de la distribuidora.

“Los empleados de Camuzzi no tienen permitido el ingreso a los hogares, salvo que se efectúe un reclamo que requiera la verificación de la instalación interna, en caso de rehabilitación del suministro o bien que el medidor se encuentre en el interior de la propiedad”, se aclaró.

Además, se destacó que estas personas deberán indicar el motivo de su presencia al propio usuario y exhibir la identificación correspondiente.

Por último, desde la firma se aseguró que “los empleados de Camuzzi no pueden efectuar transacciones fuera de las Oficinas Comerciales”.

Ante cualquier inquietud, comunicarse telefónicamente al 0810-555-3698, de lunes a viernes de 8 a 18.

Fuente: La Nueva.

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Denunciaron a Patricia Bullrich por presunto abuso de autoridad

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada  para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El Gobierno acusó de “irresponsables” a los senadores tras el rechazo al DNU por los fondos de la SIDE

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El Gobierno nacional acusó de “irresponsables” a los senadores que rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y le pidió a la Unión Cívica Radical que “decida si es parte de la transformación o del pasado”.

A través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, desde la administración libertaria plantearon: “La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”.

En el mismo, señaló: “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”.

“Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales”, subrayaron luego de que 49 legisladores del kirchnerismo y el radicalismo votaran en contra, 11 a favor y dos se hayan abstenido.

Asimismo, atribuyeron el rechazo a “los intereses personales” de cada espacio al tiempo que aseguraron que con la decisión “atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos”.

“Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional”, alertaron al respecto.

Para el Gobierno, el desembarco de Milei facilitó la transformación de la SIDE en un sistema de inteligencia “con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia”.

“El rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política”, concluyeron.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Ley de Financiamiento Universitario: “Da sustentabilidad al sistema”, dijo Vega

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El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, expresó su esperanza de que el proyecto de financiamiento universitario recientemente aprobado en el Senado cuente con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional y que el presidente no lo vete.

“No sólo contó con una amplia mayoría en ambas cámaras, sino que además cuenta con el respaldo de toda la sociedad, como se vio en la última marcha universitaria, que fue una marcha masiva que puso en valor el rol de la educación superior para el desarrollo de nuestro país”, dijo Vega.

Este viernes se convirtió en ley la normativa destinada a mitigar la crisis financiera y salarial que enfrentan las universidades nacionales. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Sin embargo, su implementación dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Al respecto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en un programa de televisión que la ley podría ser vetada para “no comprometer el equilibrio fiscal”.

Vega agradeció a los senadores que apoyaron el proyecto, destacando que “lo único que busca es darle sustentabilidad al sistema universitario nacional, uno de los principales instrumentos del país no sólo para desarrollarse, sino para generar movilidad social ascendente”.

Además, expresó un agradecimiento especial a los tres senadores de la provincia de Buenos Aires —Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad— que respaldaron la iniciativa.

Durante esta semana, rectores de las universidades públicas, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, solicitaron a los senadores que aprobaran el proyecto.

Asimismo, el Consejo Superior de la UNS emitió una resolución pidiendo a la Cámara de Senadores que sancione la ley y exhortando al Poder Ejecutivo a promulgarla y ejecutarla de manera inmediata para atender las demandas establecidas en la normativa.

El proyecto, presentado por la UCR, cuenta con el apoyo de legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

La ley tiene como objetivo principal declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el presente año.

En este sentido, busca “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

De los fondos asignados, el 85 % se destinará a gastos salariales, mientras que el 15 % cubrirá los gastos de funcionamiento, utilizando una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos.

Fuente: La Nueva.

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