De acuerdo con el Boletín Oficial, “desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli”, reza el Decreto 606/2026, con la firma del presidente Javier Milei y el propio Santilli.

Tal como informó la Agencia DIB, en noviembre de 2025 el presidente Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que el Registro Nacional de Personas (Renaper) y la Secretaría de Deportes quedaban bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Santilli. Tras negociaciones, en aquel momento la administración libertaria avanzó en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabezaba Scioli, y en la repartija de las estructuras.

Por eso, la Secretaría de Turismo y Ambiente quedó en el área de la Jefatura de Gabinete de Adorni, y con Scioli a la cabeza. Y en el caso de Deportes, fue una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice, se decía, como garantía de negociación con las provincias; Diógenes de Urquiza Anchorena siguió en su cargo al frente de esa subsecretaría.

El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes segmentos. El sector privado lideró los incrementos, con una suba mensual del 2%. Mientras que el sector público formal evidenció un aumento del 1,5%, el sector privado informal reflejó una mejora del 3,5%.

Cabe señalar que el dato correspondiente al segmento no registrado tiene un retraso estadístico de cinco meses, por lo que representa la evolución de diciembre de 2025.

En la medición interanual, el índice general de salarios formales mostró una suba de 28,7% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un alza de 33,2%.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

“La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.