La Cámara Federal porteña escuchó este martes a ciudadanos venezolanos que denunciaron haber sido víctimas de secuestros ilegales y torturas en su país por parte del régimen de Nicolás Maduro, sobre quien se reclamó sea citado a declaración indagatoria con orden de captura internacional por parte de la Justicia argentina.

En una audiencia convocada por la Sala I del Tribunal de Apelaciones en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, las víctimas -entre ellas un fiscal-, cuya identidad se resguarda, detallaron lo que vivieron en Venezuela antes de irse del país.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron así en condiciones de resolver si hacen lugar a un planteo de la querella y la fiscalía y ordenan la detención de Maduro en base al principio de “justicia universal”, o si por el contrario le dan la razón al juez del caso, Sebastián Ramos, quien rechazó el pedido hasta concluir con medidas de prueba.

Entre los testimonios se contó en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 el de un fiscal que investigaba en Venezuela asesinatos durante manifestaciones estudiantiles y llegó a quienes habían dado las órdenes, pero sufrió un secuestro ilegal, fue torturado y se exilió en Argentina, según relató en la audiencia.

La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Democracia con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, quien pidió a los jueces que se cite a Maduro a declaración indagatoria con orden de detención por delitos considerados de “lesa humanidad” ante la “peor dictadura cívico militar” en la que se ha “transformado a Venezuela en un centro de torturas”, manifestó en la audiencia.

Además estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par en la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, impulsor del Foro Argentino por la Democracia. El fiscal ante esa instancia, José Aguero Iturbe, insistió en pedir la captura internacional contra Maduro, Diosdado Cabello y otros militares y agentes de inteligencia venezolanos imputados. A la audiencia también concurrió el fiscal que lleva la causa en instrucción, Carlos Stornelli.

Este viernes se realizará una audiencia pública en La Plata para fijar incrementos tarifarios. Ese día, en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia. se definirá un alza que probablemente sea del 100 % en dos tramos para los últimos meses del año. Así lo pidió la empresa, que brinda el servicio en 95 localidades bonaerenses.

Una de las integrantes del grupo de vecinos autoconvocados por la interminable crisis del agua en Bahía Blanca, Angélica Lauquen, afirmó que presentaron un petitorio en el Concejo Deliberante con el objetivo de que los representantes del pueblo se inscriban en la audiencia que tendrá lugar este viernes en La Plata para intentar frenar un nuevo ajuste tarifario.

Entre los fundamentos para rechazar una nueva suba –entre abril y julio los valores aumentaron un 350 %– se indicaron los constantes desbordes cloacales, que generan riesgo sanitario para la población; así como los recurrentes cortes de agua y la baja presión.

El último gran inconveniente se dio por un corte total del servicio durante dos meses en un sector de Loma Paraguaya. El problema se solucionó luego de que los vecinos cortaron una vía importante de circulación como la calle Pedro Pico.

El Gobierno Nacional decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades casi la mitad de los recursos que solicitaron las Nacionales, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado anoche por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios 3,8 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) están pidiendo para poder funcionar 7,2 billones de pesos.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no sólo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede a pocos días que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de 738 mil millones de pesos, que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar 3,8 billones de pesos que a juicio de la oposición no alcanzará para garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales.