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En la UNS 7 de cada 10 estudiantes son primera generación en acceder a la educación universitaria

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En el marco del conflicto de las universidades nacionales con el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento del sistema público de educación superior, la Universidad Nacional del Sur presentó un informe en el que refuta afirmaciones falsas por parte del presidente y sus funcionarios. Una de ellas es que “los pobres no van a la universidad”.

De acuerdo al portal de datos abiertos datos.uns.edu.ar en 2022 (año de la última estadística publicada por la Secretaría de Políticas Universitarias) se anotaron 6821 ingresantes, de los cuales el 64,8% no contaban con padres y madres universitarios.

Es decir, casi 7 de cada 10 alumnos y alumnas eran primera generación en acceder a la educación universitaria: el 54,7% eran oriundos de Bahía Blanca y el restante 45,3% provino de otras localidades.

“Además del beneficio individual de haber accedido a la universidad, hay un beneficio para toda la sociedad de Bahía Blanca de que lleguen estudiantes de la zona porque eso dinamiza toda la economía local”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos la Doctora en Economía María Marta Formichella.

Habló de los denominados retornos sociales del acceso a la educación universitaria que van más allá de lo educativo. “La educación es un bien que genera beneficios no solamente a la persona que se educa, sino a todo el conjunto de la sociedad. Una sociedad con personas más educadas va a tener una mayor productividad, un mayor diálogo social y una mejor organización”, describió.

En el informe que publicó la casa de estudios bahiense se hizo hincapié en la relación directa entre la educación y los ingresos. La investigadora indicó que analizaron datos de la Encuesta Permanente de Hogares y detectaron que en las familias de ingresos más bajos, la mayoría tiene secundario incompleto, en cambio, en los casos de ingresos altos, la mayoría tiene educación superior completa. E inclusive remarcó que haber pasado por la universidad sin obtener el título genera más posibilidades de tener ingresos más altos en comparación con quienes no han accedido a ese nivel educativo.

Y algo similar ocurre con la situación laboral porque aquellas personas que logran acceder a la educación superior tienen más chances de tener trabajo con mejores condiciones de trabajo.

Respecto a uno de los argumentos del gobierno nacional para apuntar contra las universidades es el porcentaje de estudiantes que no finaliza sus carreras. Formichella recalcó que como todo indicador económico y social, nunca puede ser tomado de forma aislada. “Uno cuando analiza un fenómeno económico-social, tiene que tomar un conjunto de indicadores porque si no puede llegar a conclusiones erróneas. Habría que ver otros indicadores que tengan que ver también con la trayectoria, no solamente con el fin de la historia que sería no finalizar la carrera”, planteó.

Y, por último sobre el complejo presente de la educación pública universitaria, admitió que les genera mucha preocupación: “Hay que pensar que la educación es muy necesaria para el desarrollo de una sociedad, por un lado, para que todos tengan la oportunidad de avance personal, y, por otro, por todo lo que genera la educación en lo que en economía llamamos externalidades positivas”. En ese punto, enfatizó que se debe entender que una sociedad necesita de profesionales que se formen en el nivel superior: “Todos necesitamos en algún momento un médico, un abogado, etc”.

“Entonces, que haya un desfinanciamiento que implique la chance de que haya menos personas que estudien, no va a ser solo negativo para esas personas, sino que va a ser negativo para toda la sociedad”, concluyó.

Fuente: Frente al Cano.

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Diputada bahiense presentó un proyecto de ley para prohibir actividades durante alertas naranjas o rojas

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Una legisladora bahiense propuso un proyecto de ley para que en territorio bonaerense se suspenda todo tipo de actividades y eventos durante la vigencia de alertas meteorológicas de nivel naranja o rojo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La iniciativa llegó a través de la diputada por la Sexta Sección Natalia Dziakowski (GEN), quien tomó las últimas tragedias climáticas de Bahía Blanca para impulsarla.

Según explicó la legisladora, la iniciativa se fundamenta en la necesidad de reforzar las políticas de prevención frente al creciente impacto de fenómenos climáticos extremos en la provincia de Buenos Aires, que en lo que va del año registró niveles récord de precipitaciones e inundaciones en al menos 27 de los 135 municipios.

Dziakowski hizo referencia directa a los antecedentes recientes de Bahía, donde en marzo murieron 18 personas como consecuencia de una inundación histórica, y recordó también el temporal de viento de diciembre de 2023, que provocó el derrumbe del techo del club Bahiense del Norte durante un evento deportivo, con un saldo de 13 fallecidos.

“Bahía Blanca ha sido castigada meteorológicamente en dos ocasiones trágicas en pocos meses, y es urgente que como Estado tomemos medidas preventivas. No podemos seguir permitiendo que haya eventos o actividades cuando se advierten condiciones de riesgo extremo”, sostuvo la diputada.

El proyecto busca establecer un marco normativo más nítido para impedir la realización de actividades durante el tiempo en que rija una alerta naranja o roja, niveles que indican la probabilidad de fenómenos con potencial peligro para los vecinos.

Es necesario avanzar hacia una cultura de la prevención. Lo que está en juego es la seguridad y la vida de las personas”, concluyó.

Las alertas meteorológicas generaron debate a comienzos de este año. Particularmente en nuestra ciudad, la granizada de febrero —que dejó innumerables autos dañados y hasta cinco heridos— puso la lupa sobre la cantidad de advertencias emitidas por el SMN, que en los primeros 33 días del 2025 fueron 11.

Fuente: Frente al Cano.

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Habrá un extenso corte de agua el viernes en diferentes barrios

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ABSA informó que el próximo viernes 4 de julio, se realizarán trabajos en el cruce de Brown y Undiano, como parte de la obra de reacondicionamiento del Acueducto Brandsen.

Los trabajos estarán a cargo de una empresa contratista, y consistirán en el reemplazo de una válvula de 820 milímetros de diámetro y otras piezas menores.

Para poder llevar adelante las tareas, que se iniciarán a primera hora del día, la prestataria deberá interrumpir el suministro de agua desde la madrugada y por un plazo no menor a 12 horas, afectando la provisión en el macro y microcentro, mientras que es posible que se registre baja presión en los barrios Universitario, Kilómetro 5, Pacífico, Villa Rosas, Villa Delfina, Pedro Pico y San Martín.

Por esta razón, se solicita a todas las personas usuarias del servicio de estos sectores, que realicen las reservas de agua domiciliarias necesarias para cuando se produzca la afectación y durante ese período, destinen su uso sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Fuente: Frente al Cano.

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El Municipio estima recaudar 2000 millones de pesos con la nueva moratoria

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El pasado viernes el secretario de Economía Carlos De Vadillo mantuvo una reunión con un grupo de ediles y dio detalles del alcance del proyecto de moratoria que envió el Ejecutivo para su aprobación al Concejo Deliberante.

Luego de que la iniciativa no sea incluida en la sesión de la semana pasada por falta de tiempo para su análisis por parte de la oposición, se decidió postergar su tratamiento. Y, en ese marco, fue citado el funcionario comunal para que explique la propuesta.

El presidente del bloque de Juntos, Adrián Jouglard, enfatizó esta mañana en diálogo con Radio Altos que el Municipio busca implementar la moratoria para que las y los contribuyentes bahienses regularicen sus situaciones de morosidad y, así, mejoren los niveles de recaudación del gobierno municipal.

Según les manifestó De Vadillo, estiman recaudar hasta diciembre (fecha hasta la que se extendería el plan) 2.000 millones de pesos.

La moratoria incluye a las tasas municipales de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía, Seguridad e Higiene y patentes municipalizadas.

En cuanto al nivel de recaudación, la respuesta del funcionario fue que los números con los que cuentan son anteriores a la inundación el 7 de marzo: “El nivel de cumplimiento se ubicaba en 51%”.

Ya en noviembre pasado, el propio De Vadillo, había informado en Frente a Cano que el nivel de cumplimiento de la y los contribuyentes rondaba el 51% y el 60%.

“El Municipio tiene dificultades para cumplir con todos los compromisos a partir de la baja de la recaudación y de la baja de la actividad económica de un sector muy contribuyente como es el portuario- petroquímico. Necesita que la moratoria vuelva a aportar economía”, expuso.

Todo se encamina, subrayó Jouglard, para que el proyecto de moratoria sea tratado en la próxima sesión y aprobado. En el caso del bloque de Juntos, si bien resta una reunión entre sus integrantes, dijo que en principio la mayoría votaría a favor.

Fuente: Frente al Cano.

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