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Casación dará a conocer mañana si confirma la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

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La Cámara Federal de Casación dará a conocer mañana en una audiencia pública si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país se plasmará en una sentencia de más de 1.500 fojas de la cual mañana se leerá la parte resolutiva y desde ese momento correrá el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que no quedará firme aún.

En la audiencia que comenzará a las 11, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py  y será trasmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube el presidente de la sala IV Gustavo Hornos leerá el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar. Los acusados podrían estar presentes si lo desean, aunque no es obligatorio, informaron fuentes judiciales.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

En el edificio de Comodoro Py se montará un operativo especial de seguridad porque ya se anunció que se hará una “clase abierta” en apoyo a la ex vicepresidenta y en denuncia del “lawfare” del cual su defensa postula que es víctima y no se descartan otras movilizaciones.

A inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.
En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un “hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.

A lo largo de tres años y medio de juicio oral se comprobó “un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, agregó el Tribunal.

En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex vicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.

Además de definirse sobre las condenas, los camaristas resolverán si dejan en pie el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Eliminan la exigencia de habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

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El Registro Nacional de Armas suprimió la obligación de presentar la habilitación municipal como requisito previo en los principales trámites administrativos que gestiona a nivel nacional, una decisión que busca agilizar y simplificar la operatoria de múltiples sectores regulados. La resolución, publicada el 17 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, ajusta la normativa nacional de cara a la desregulación promovida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de 2023, que impulsa la libre circulación de bienes, servicios y trabajo en el país.

Según la disposición firmada por Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas, la supresión del requisito responde a la constatación de que la exigencia de habilitaciones municipales provocaba una duplicidad de requisitos y generaba una carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos. El organismo expone que los regímenes locales no solo difieren en sus exigencias, sino que dificultan la estandarización documental a nivel federal, complicando la gestión administrativa nacional. En consecuencia, la eliminación de este requerimiento busca facilitar el acceso y la tramitación de las gestiones ante el registro.

Nueva operativa para fábricas, depósitos y agencias de seguridad

La resolución derogó el requerimiento de presentar habilitación municipal para la inscripción y rehabilitación de depósitos de nitrato de amonio en soluciónfábricas y depósitos a cielo abierto de este compuesto regulado. Estos requisitos habían sido establecidos por la Disposición N° 220/08 y sus anexos, pero a partir de ahora, la documentación será ajustada según las competencias jurisdiccionales específicas, sin necesidad de presentación de certificaciones municipales ante la administración nacional.

Del mismo modo, la modificación de la Disposición N° 35/14 afecta directamente a usuarios colectivos inscriptos como agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras. Desde la entrada en vigencia de la nueva norma, la presentación de la constancia de habilitación municipal deja de ser obligatoria para inscripciones, reinscripciones, apertura de sucursales, solicitudes de prórroga o cambio de domicilio. El nuevo texto determina que solamente se requerirá la constancia otorgada por la autoridad jurisdiccional competente, sin especificaciones adicionales. Así lo establece el apartado J) del Anexo I modificado, que detalla: “constancia de la prórroga de la habilitación otorgada por la autoridad jurisdiccional competente. La misma será valorizada según lo estipulado en la normativa vigente”.

La resolución del Registro Nacional de Armas subraya que suprimir la exigencia documental ante el organismo no exime a los administrados de cumplir con la legislación vigente en sus jurisdicciones locales. Corresponde a cada autoridad local verificar el cumplimiento de las normas municipales, provinciales o nacionales aplicables en materia de seguridad, control de materiales y habilitación de actividades específicas.

A partir de la publicación, el nuevo régimen es aplicable de forma inmediata

La nueva disposición entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto es, el 17 de abril de 2026. Las autoridades aseguraron que la medida fue dictada con intervención previa del servicio jurídico competente y en virtud de las facultades previstas en las leyes nacionales vigentes.

El texto oficial precisa la derogación de los puntos específicos en los anexos de la Disposición N° 220/08 y la supresión del requisito en el apartado L) del Anexo II de la Disposición N° 35/14, lo que implica el fin de la obligación de presentar la certificación municipal acompañada de designación de director técnico o jefe de seguridad con categoría de usuario legítimo de armas.

De este modo, el Registro Nacional de Armas redefine sus exigencias documentales alineándose con la tendencia a la simplificación administrativa y el impulso a la desregulación a nivel nacional, con el objeto de optimizar simultáneamente la eficiencia estatal y la facilidad de acceso para los usuarios de los regímenes específicos bajo su alcance.

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El Gobierno relevó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias: no se contabilizó Buenos Aires

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, realizó el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un relevamiento hecho en conjunto con 19 provincias que dio como resultado una cifra total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos AiresLa RiojaSantiago del EsteroFormosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.

 

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Se aceleró la inflación mayorista: 3,4% en marzo, contra 1,7% y 1% de los meses anteriores

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La inflación de los precios mayoristas fue del 3,4% en marzo. De acuerdo con el Indec, el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se explicó por una suba del 3,5% en los productos nacionales y del 1,1% en los importados. En enero de este año el indicador había sido de 1,7%, en tanto que en febrero había retrocedido al 1%

En la comparación interanual, el índice registró un aumento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%, según el informe oficial difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, mostró un aumento del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%. Por su parte, el índice de Precios Básicos del Productor (IPP)también registró una suba del 3% mensual. Este indicador presentó un incremento interanual del 28,1% y una variación acumulada del 5,3% en el primer trimestre.

Al interior del IPIM, los productos primarios encabezaron las subas del mes con un aumento del 7,8%. Dentro de este grupo se destacó el comportamiento del rubro “Petróleo crudo y gas” (27,3%), mientras que los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%. En tanto, los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron incrementos del 2,3% en marzo. Entre ellos, “Alimentos y bebidas” aumentaron 2,5%, junto con subas en “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

Los productos importados registraron una suba del 1,1% en el mes, con una incidencia menor en el nivel general del índice.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que explicó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%). En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%.

Fuente: Agencia DIB

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