Tres de los registros de la propiedad del automotor de Bahía Blanca dejarán de funcionar, luego del anuncio del Ministerio de Justicia de cerrar 155 de estos centros en todo el país.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Entre los fundamentos de la resolución 19/2025 se rescata la útlima medida de este tipo que había llevado adelante la cartera, cuando suprimió otros 136 registros.

La medida tiene como finalidad seguir con la reducción de costos y la simplificación de algunos trámites y había sido una de las promesas de campaña de Javier Milei. Desde su llegada al Gobierno, ya son 320 las sedes que fueron dadas de baja.

No obstante, los cierres no serán inmediatos. El documento gubernamental detalla que “corresponde también instruir al organismo registral para determinar la forma y los plazos necesarios para poner en práctica la presente medida, una vez que se encuentren dadas las condiciones técnicas para su materialización”.

En concreto, los centros que cerrarán en Bahía Blanca son los siguientes:

– Registro N° 3, ubicado en Villarino 279. En esta locación también funciona el registro destinado exclusivamente a motovehículos.

– Registro N° 4, que se encuentra en Lamadrid 42.

– Registro N° 6, situado en Güemes 267.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las versiones sobre una posible devaluación en el marco del acuerdo que se negocia con el FMI. “Difícil errarle en todo, pero lo están logrando”, afirmó el funcionario.

“Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales, en medio de un clima de preocupación de los analistas por la escasa información sobre la reunión con el Fondo Monetario mantenida con funcionarios argentinos en los últimos días.

La negociación de la Argentina con el Fondo Monetario generó expectativas y grandes bancos de Wall Street y exfuncionarios del organismo dieron por hecho un acuerdo en los próximos meses con un desembolso inicial de hasta US$ 10.000 millones y un plazo de 4 años, condicionado al fin del cepo y la unificación cambiaria con una suba del dólar del 30%.

“Parece altamente probable que las partes lleguen a un acuerdo sobre un programa de Acuerdo de Facilidades Extendidas para abril. Esperamos un desembolso inicial significativo y la refinanciación de la mayor parte del servicio de la deuda del FMI hasta 2028”, señaló el Bank of America, el segundo mayor de Estados Unidos.

El banco elogió el “éxito” en reducir la inflación y el ajuste fiscal del 5% del PBI para alcanzar el déficit cero en 2024 mediante una caída del gasto público del 30% en términos reales.

Y estimó que se podrá sostener el equilibrio en las cuentas gracias al crecimiento del PBI, que estimó en un 4,5% (menor al 5% que espera el gobierno), luego de una recesión del 2% en 2024.

El Ministerio de Defensa comunicó la baja de 23 militares por tener sentencia firme sobre crímenes de lesa humanidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y luego replicada en redes sociales.

Al respecto, fuentes de la cartera comandada por Luis Petri, indicaron que no fue una decisión de ellos, sino que “acataron” una orden. “La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo”, expresaron.

Según el ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, “obligando al cumplimiento de la medida” que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.

Quien solicitó formalmente las bajas de los efectivos fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

El documento fue enviado tanto al ministro Petri, como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo: “Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”, concluyó el pedido.

Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, expresó que solicitó “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada” y que las condenas se encuentran firmes “encontrándose agotadas todas las instancias recursivas”, luego de haber sido condenados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”.