La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reafirmaron su postura de rechazo para con “cualquier política” que busque desregular Vialidad Nacional y le solicitaron al Gobierno por la continuidad de todas las fuentes laborales.
La ITF Américas, encabezada por su Secretario Regional Édgar Díaz, envió una carta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, expresando su preocupación al respecto.
De esta manera, manifestó su apoyo al Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), afiliado a la federación y que conduce Graciela Aleñá, quien había informado que tal decreto supondría la derogación de la Ley Nº 505 que define a la Dirección de Vialidad Nacional como “entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente”, vaciando así de funciones al organismo y traspasándolo a la órbita del Estado Nacional quitándole su presupuesto propio.
Desde la ITF remarcaron que el sindicato argumentó que esta política dejaría al país “indefenso y en una situación de incomunicación parecida a la del siglo XVIII, significando un retroceso enorme, a contramano de cualquier política de crecimiento e innovación”.
En la misma línea, la Federación sostuvo: “Es importante destacar que la falta de conectividad y de rutas de comunicación en condiciones, produce la imposibilidad del libre flujo de mercaderías, ambulancias, acceso a la educación y salida de la producción entre otras cuestiones”.
Además, señalaron: “Vialidad Nacional cumple un rol fundamental para el país que va más allá de mantener la seguridad vial, garantiza la conexión entre ciudades en todo el territorio nacional. Destacándose, por ejemplo, sus planes de contingencia para despejar aludes en el norte o el Plan Invernal en toda la Patagonia y la Cordillera, además de ser la primera línea de combate contra los incendios en el sur y el norte”.
En consonancia con el reclamo de la ITF, desde la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) expresaron su solidaridad con los trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) y manifestaron su enérgico repudio a la posible desregulación del organismo promovida el gobierno nacional a partir de la derogación de la Ley Nº 505, la cual establece el carácter autárquico del organismo.
En esta línea, desde la organización que nuclea a los gremios del transporte exigieron mediante un comunicado de prensa firmado por su Secretario General, Juan Carlos Schmid y su Secretario de Prensa, Juan Pablo Brey, “la inmediata suspensión de cualquier medida que busque desregular o privatizar la Dirección de Vialidad Nacional (DVN).
Y agregaron: “Es fundamental mantener la autonomía y el presupuesto propio del organismo, así como asegurar que no se reduzca el personal y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores de Vialidad Nacional”.
Además, insistieron en la necesidad de “abrir un debate público y transparente sobre el futuro de la DVN, con la participación activa de los trabajadores, la sociedad civil y los expertos en la materia”.
“Cualquier medida relacionada con Vialidad Nacional debe garantizar que su implementación beneficie al pueblo argentino y no responda a intereses privados”.
Luego de conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de YPF, el Gobierno celebró la media y aseguró que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.
El Gobierno dijo, además, que por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso”.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, que firma el propio Javier Milei, se destacó “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.
“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios”, se explicó.
“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, agregó.
El comunicado detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.
Finalmente, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.
El desempleo en la Argentina llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). A partir de las cifras se proyecta quecasi 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
En términos interanuales, la tasa de desocupación también mostró un aumento. En el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales.
Suba del desempleo con actividad estable
El informe del Indec mostró que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior.
En ese contexto, el incremento del desempleo se explicó por una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo sin encontrarlo. La población económicamente activa alcanzó a 14,6 millones de personas en los aglomerados relevados.
La presión sobre el mercado de trabajo —que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes— llegó al 30%, con una leve suba en la comparación trimestral.
A su vez, el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que buscaron otro empleo, lo que reflejó dificultades para mejorar ingresos o condiciones laborales.
Formalidad vs. informalidad
En relación con la calidad del empleo, el informe mostró que se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024.
Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Y dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% tenía descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.
Además, el 11,3% de los ocupados estaba subocupado y el 29,2% sobreocupado, lo que refleja las tensiones existentes en la estructura del mercado laboral.
Mayor impacto en los jóvenes
La desocupación mostró un comportamiento dispar según la edad. El aumento fue más marcado entre los jóvenes de 14 a 29 años. En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario.
De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general.
Entre los adultos de 30 a 64 años, en cambio, el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.
Mauricio Macri declaró como testigo en la causa “Sueños Compartidos”: “Alberto Fernández me intimó a que pague”. El expresidente acusó a quien fuera su sucesor en el cargo de presionarlo con los pagos a Madres de Plaza de Mayo.
Macri era jefe de gobierno porteño al momento de los hechos investigados, presunto fraude a la administración pública en la construcción de viviendas. Alberto Fernández, en ese entonces, era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner cuando habría ocurrido el llamado referido por el exmandatario.
El expresidente dijo en su declaración como testigo: “Apenas asumimos (en 2007) recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños compartidos. Era por viviendas pegadas a lo de (la encargada del comedor, Los Piletones) Margarita Barrientos”.
Macri mencionó: “Esteban Bullrich, que en ese momento era ministro de Acción Social de CABA, me dijo: ‘No podemos seguir pagando’. Porque (Madres) había cobrado bastante más del doble de lo ejecutado. No tenía sentido seguir pagando, Bullrich no aceptó pagar, y esa discusión siguió con (la sucesora en el cargo) María Eugenia Vidal”.
El expresidente dijo en su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que fue “bastante traumático” el trato con Madres porque “siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento” de las obras, y criticó que desde la Fundación hacían planteos “en el plano de la política, en lugar de discutir técnicamente”.
En su breve declaración como testigo, en los tribunales federales de Comodoro Py, el expresidente mencionó que la entonces presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y otras mujeres encabezaron una toma en la Catedral Metropolitana, que fue en 2008: “Fueron a la Catedral y armaron un desquicio detrás del altar, llamaron del Obispado diciendo que era un desastre”.
Las claves del juicio “Sueños Compartidos”, por fraude a la administración pública en la construcción de viviendas
El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
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