Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 129/2026 en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

“Resulta pertinente que la Unidad Gabinete de Asesores dependiente de este Ministerio, efectúe la convocatoria a la Audiencia Pública”, destacaron las autoridades, tras determinar que esta área estará a cargo de brindar las condiciones para que se pueda llevar a cabo el debate. No obstante, se confirmó que la sesión estará a cargo del titular de Justicia.

De esta manera, informaron que la cita está prevista para el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para las personas que estén interesadas en participar de la audiencia, establecieron que la inscripción comenzará el 1° de abril, siendo el último día hábil el 20 de abril. Además, indicaron que la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Por último, informaron que las autoridades tendrán hasta 7 días posteriores a la reunión para publicar el informe final. Asimismo, señalaron que este deberá ser publicado tanto en el Boletín Oficial, como en dos diarios de circulación nacional y en la página del Ministerio de Justicia (www.jus.gob.ar).

Quién es Matías Álvarez, el candidato a asumir la presidencia de la UIF

En medio de la profunda reorganización institucional impulsada por el ministro de Justicia, el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez fue el candidato propuesto para dirigir la Unidad de Información Financiera, el organismo nacional responsable de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, buscarían reforzar la lucha contra los circuitos financieros asociados al narcotráfico.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, Álvarez forjó su carrera en la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado. Actualmente, ejercía como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una unidad especializada en el tráfico de drogas y las maniobras de lavado asociadas.

La selección de este fiscal implicaría un cambio significativo respecto a la orientación previa bajo la gestión de Ernesto Gaspari, el titular que había asumido el rol tras la renuncia de Paul Starc a mediados de enero de este año. Así, el foco en el análisis de los flujos económicos del delito constituye una apuesta por optimizar la prevención y detección de operaciones que afecten al sistema financiero.

El candidato inició su carrera en 2015 como secretario de Fiscalía y, tras pasar por distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, se integró a la PROCUNAR. Entre 2019 y 2023, desempeñó funciones como auxiliar fiscal, lo que lo llevó a profundizar en la investigación de redes criminales y en el seguimiento de los métodos empleados para disimular el origen ilícito de ganancias obtenidas por estas organizaciones.

Con anterioridad a su desempeño en el Ministerio Público, Álvarez integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acumulando experiencia en el análisis judicial de redes delictivas. Esta trayectoria lo distingue de otras postulaciones por su contacto directo con investigaciones sobre el terreno y por el enfoque en los factores económicos que sostienen al crimen organizado.

Además, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde recibió el Diploma de Honor con especialización en Derecho Penal y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales. La titular de la cartera designó en su lugar a Guillermo Arancibia.

Arancibia se desempeñó como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses, y según supo este medio, en el último tiempo se dedicó a asesorar a la funcionaria en el Centro de Formación de Capital Humano. Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.

El saliente Bearzi, de extensa carrera en el mundo de las finanzas, mantiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, asumió al frente de ANSeS en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros, eyectado de la administración libertaria luego de que adelantara los planes del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma previsional, algo no figuraba en el cronograma trazado por la Casa Rosada en el corto plazo.

El hasta entonces funcionario contaba con antecedentes en la función pública, en cargos de perfil financiero. Hasta 2015 fue titular de su propia firma Bearzi y Asociados, también director por Anses en Edenor en 2016. Por su parte, se desempeñó como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020; director académico Posgrado de Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano en el escueto comunicado que circuló por redes sociales.

Pasado los primeros dos años de Gobierno, Arancibia se erige como el cuarto titular del organismo luego de la dimisión de Fernando Bearzi y de la abrupta salida de Mariano de los Heros, en febrero de 2025, y del cordobés Osvaldo Giordano, en el mismo mes pero del 2024. Sin embargo, desde la administración aclaran que a diferencia de los dos primeros cambios, este último se dio de común acuerdo.

El organismo descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios de la Seguridad Social atraviesa un proceso de reducción de personal que inició con la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad.

Asimismo, da lugar a una instancia de “modernización” que incluye la determinación de la cartera de eliminar, desde abril, cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales. La prestación será reemplazada por un sistema de vouchers de capacitación laboral con la intención de desarticular el plan Potenciar Trabajo.

Como contó este medio, la decisión de reformular el antiguo programa, lanzado bajo la administración de Alberto Fernández, está tomada y se presentará bajo el nombre Volver al Trabajo. La intención es que sea sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Actualmente, los beneficiarios comenzaron a ser notificados a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.

La nueva salida se enmarca en una dinámica interna de movimientos en la estructura del Gobierno que, por estas horas, suma una nueva baja. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, el nombre del sucesor fue determinado por Sandra Pettovello, una de las integrantes del Gabinete más elogiadas por el mandatario.

Tras el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo dio lugar a un cambio clave en el Ministerio de Justicia que comandaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfíl judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. Por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tandem judicial fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Miles de monotributistas en la Argentina enfrentan la posibilidad de perder el acceso a la cobertura médica provista por la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) debido a un creciente desfasaje entre el monto de los aportes mensuales y los costos reales de las prestaciones de salud.

Así lo advirtieron el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, y el presidente de OSECAC, Carlos Pérez, en una reunión que tuvieron este martes con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear esta situación.

El eje del reclamo fue la brecha que existe entre lo que abona un monotributista —$22.000 mensuales— y el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO), que ya supera los $100.000 por adulto.

La advertencia, según informaron los dirigentes a Lugones, es que ese desnivel amenaza con excluir a los monotributistas del esquema de obras sociales y forzarlos a depender del sistema público de salud.

Actualmente, el costo promedio del PMO para un adulto supera los $100.000 por mes, y para adultos mayores oscila entre $160.000 y $170.000, según el informe elevado por Pérez y Cavalieri al ministro Lugones. En contraste, alertaron, el aporte mensual que realiza un afiliado monotributista a OSECAC se mantiene en $22.000, una cifra que, señalaron, ni siquiera alcanza para cubrir el pago de una consulta médica individual.

Las radiografías tienen un valor estimado entre $80.000 y $150.000 mientras que un conjunto de análisis clínicos completos se ubica entre $200.000 y $300.000. Procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía simple, pueden costar entre $1.000.000 y $2.500.000. En tratamientos complejos —como los requeridos por enfermedades oncológicas, diabetes u otras condiciones crónicas—, el déficit financiero se agrava aún más, de acuerdo con las estimaciones de OSECAC.

“El sistema de obras sociales no tiene la capacidad de sostener esta diferencia de ingresos y egresos durante un plazo prolongado”, aseguró Cavalieri. “El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, indicó.

Ante el ministro de Salud, Cavalieri y Pérez propusieron diferentes opciones. Una de las alternativas es equiparar el monto del aporte de los monotributistas al que realizan los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción consistiría en eliminar el componente de aporte de salud dentro del monotributo.

En el país, más de 300.000 monotributistas acceden a la cobertura médica de OSECAC según el informe presentado por Pérez, quien sostuvo que el objetivo de la advertencia no es excluir a estas personas, sino “garantizar el acceso a la salud para todos”.

No obstante, el dirigente, que es también secretario adjunto del Sindicato de Comercio (SEC) de Capital, advirtió que si “continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no sólo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas sino también la de todos los afiliados del sistema” y enfatizó que este es un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la red solidaria que sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina.