Los límites impuestos a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, afectarían sus “derechos políticos y partidarios”, según sostiene la defensa de la ex presidenta porque supeditan su “interrelación” con otros dirigentes a una autorización judicial previa.

Además, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que, si se confirma la necesidad de pedir permiso al Tribunal y fundamentar el motivo de cada visita por fuera del listado autorizado, habría un “desgaste jurisdiccional”, informaron fuentes judiciales.

De hecho, el Tribunal Oral Federal 2 recibió ya por correo electrónico 702 pedidos para visitar a la ex mandataria en San José 1111, lugar donde cumple la citada prisión, desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes sociales la dirección electrónica oficial de esa dependencia con sede en Comodoro Py.

El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, derivó todos esos pedidos a los abogados que representan a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, Beraldi y Llernovoy, y les recordó que la norma establece que sean ellos quienes canalicen las solicitudes con su respectiva fundamentación en cada caso.

Los abogados apelaron ante la Cámara Federal de Casación la decisión vinculada a la entrega de un acotado listado de familiares, abogados, custodios y médicos que pueden ingresar sin permiso previo a ver a la detenida. Si se confirma esta decisión del Tribunal, se “limitaría los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa”, explicaron.

Además, argumentaron que “la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena”.

Los abogados sostuvieron que “cualquier limitación adicional suponía una potestad complementaria no prevista normativamente”.

Los argumentos serán ahora analizados por la sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que son los mismos magistrados que confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la ex vicepresidenta en la causa Vialidad.

La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 4, Ana María Rojas, rechazó el dictado de la medida cautelar -por considerar que no es la vía adecuada- que había solicitado el exvicepresidente Amado Boudou para que se suspendieran los efectos de las resoluciones dictadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que establecieron que dejara de percibir la asignación mensual vitalicia por el ejercicio del cargo, por considerar que es un beneficio “jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”, dada la condena que recibió en el denominado caso “Ciccone”.

De acuerdo con el sitio “Fiscales”, la decisión de la jueza fue dictada en línea con el dictamen de la fiscal interina de la Fiscalía Federal de la Seguridad Social Nº 1, Mariana Grinberg, quien había opinado que la petición del exfuncionario debe abordarse en un proceso ordinario y no en uno cautelar. La fiscal consideró que el caso resulta “procesalmente inadmisible en el marco estricto de análisis precautorio”, por cuanto “el contexto fáctico instalado en la causa no permite, al menos en el estado actual de análisis, avanzar sobre aspectos que se vinculan con el conflicto de fondo”.

La jueza analizó en su resolución los requisitos a los cuales deben ajustarse las medidas cautelares, tales como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y consideró que, en el caso, “la verosimilitud del derecho, implicará realizar un análisis de las normas jurídicas en juego y de ciertos aspectos fácticos requeridos por las normas citadas, que exceden las posibilidades acotadas de la presente acción cuyo objeto es la obtención de una medida cautelar”.

Rojas desestimó también el argumento sobre el requisito de la urgencia en la demora, dado que el fundamento del exvicepresidente sobre el “carácter alimentario de la prestación y la falta de ingresos para el sostenimiento propio y de su familia” se contradice con su inscripción como autónomo desde febrero de 2016, por lo que no logra demostrar “imposibilidad alguna para procurar sus propios ingresos”.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Boudou había solicitado el dictado de una medida cautelar autónoma contra la Anses, a fin de que se suspendieran judicialmente los efectos de las resoluciones Resol-2025-1103, que revocó la pensión vitalicia que percibía como exvicepresidente de la Nación, y Resol-2025-95, que rechazó su recurso de reconsideración y nulidad contra aquella decisión. (DIB) GML

EEl Tribunal Oral 2 concedió a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner la vía casatoria para que esa instancia analice su pedido para que las visitas que reciba en su departamento de constitución donde cumple la pena de la causa vialidad sea sin autorización judicial.

A partir de hoy, la defensa de la exmandataria tendrá 10 días para elevar su queja ante el máximo tribunal penal del pais. Allí será analizada por los jueces de la sala IV: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quienes resolverán previa opinión del fiscal de esa instancia Mariano Villar.

Cristina buscaba que uno los puntos dispuestos por el TOF 2 para el cumplimiento de su prisión domiciliaria se ampliara sin restricciones. Los jueces habían determinado que elevara una lista de sus custodios, familiares, médicos y abogados que finalmente consignó y que se mantiene bajo reserva.

Pero la exmandataria fue por más. A través de su defensa argumentó que también hay otras personas de su entorno como contadores, asesores y otros con los que requiere contactarse en persona sin necesidad que le pidan permiso a la justicia. (DIB)