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Se complica el quórum opositor para la sesión del martes en Diputados

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La oposición enfrenta un escenario resbaladizo en la búsqueda del quórum que de luz verde a la sesión pedida para el martes próximo en la Cámara de Diputados, con el “Libragate” y los jubilados como ejes temáticos.

Para habilitar el recinto para la votación de las leyes, se exige por reglamento un mínimo de 129 diputados sentados en sus bancas, exactamente la mitad más uno de la totalidad de legisladores que tiene el cuerpo.

A juzgar por las firmas de los distintos espacios que pidieron la sesión, el número para el quórum es insuficiente.

La suma de Unión por la Patria (98), Democracia para Siempre (12), Encuentro Federal (15) y la Coalición Cívica (6) da como para ilusionarse, ya que la cuenta da 131. Si se agrega al Frente de Izquierda, la cifra trepa a 136.

Pero nada es tan fácil y es ahí donde se introducen muchas otras variables que complejizan la cuestión.

Para empezar, las negras también juegan: el Gobierno podrá toda su maquinaria de persuasión al servicio de desbaratar la ofensiva opositora, y en el pasado reciente ya se ha probado en combate con eficiencia, quebrando voluntades de diputados dóciles.

Lo hizo, por ejemplo, en la sesión convocada por el kirchnerismo el pasado 19 de abril, el mismo día en que Diputados avaló la autorización al Gobierno para cerrar el acuerdo con el FMI.

Ese día la oposición juntó 124 diputados, cinco menos de los necesarios, y el dato sobresaliente fue la ausencia de siete legisladores de Unión por la Patria.

Tres de ellos tenían excusas válidas para ausentarse, pero los restantes cuatro faltaron por orden directa del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien en estos momentos vive una luna de miel con la Casa Rosada.

Los tentáculos invisibles del Gobierno llegan también a los demás bloques que están solicitando esta sesión para el martes próximo.

En Encuentro Federal hay que descontar a cuatro de los cinco cordobeses (Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brügge), cuyo gobernador, Martín Larryora, no quiere agitar olas con el Gobierno.

De los cordobeses encuadrados en el bloque que comanda Miguel Pichetto, solamente Natalia de la Sota escapa a esa lógica de sometimiento.

Tampoco darían quorum el entrerriano Francisco Morchio, cuyo gobernador Rogelio Frigerio tiene un acuerdo provincial con La Libertad Avanza, ni el chubutense Jorge “Loma” Avila, quien suele acomodarse a los designios del Gobierno en cada votación.

En limpio, Encuentro Federal solo puede rescatar, en el mejor de los casos, nueve votos: Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Florencio Randazzo.

Éste último, sin embargo, había estado ausente en la sesión del 19 de marzo por los jubilados y podría repetir la misma conducta de apoyo al oficialismo el martes próximo.

La sospecha también comprendería al propio Pichetto, quien suele “cuidar” al oficialismo en las votaciones, si no fuera porque su firma encabeza el pedido de sesión oficial.

El bloque de radicales díscolos Democracia para Siempre tiene, por lo general, un comportamiento más compacto pero aún así suele tener fugas.

Los seguros son el jefe de bloque, Pablo Juliano, y los diputados Facundo Manes, Marcela Coli, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Juan Carlos Polini, Manuel Aguirre y Carla Carrizo. 

Los restantes tres (la pullarista santafesina Melina Giorgi, la entrerriana Marcela Antola y el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti) están en una zona de indefinición.

En el PRO los únicos que podrían colaborar son los larretistas Álvaro Gónzalez y Héctor Baldassi pero el reciente pacto de no agresión recíproca que selló Horacio Rodríguez Larreta con el mileísmo porteño podría incidir para que no den quórum.

En el radicalismo solamente Julio Cobos y Natalia Sarapura habían dado quórum en la sesión del 19 de marzo, y esta vez enfrentarán el mismo dilema: contribuir para ayudar a dar respuestas a los jubilados o aceptar la línea mayoritaria del bloque radical.

El santafesino Roberto Mirabella podría contarse como parte del quórum para la sesión del martes, ya que suele acompañar al kirchnerismo, y la duda es qué harán los tres diputados del MID, encabezados por Oscar Zago, y la monobloquista ex libertaria Lourdes Arrieta.

El santacruceño Sergio Acevedo es otro de los diputados que suele moverse en tándem con Unión por la Patria, pero no así su compañero de bancada José Luis Garrido.

La cuenta provisoria, sumando 94 votos de Unión por la Patria, nueve de DPS, ocho de EF, seis de la Coalición Cívica, cinco del FIT, Mirabella y Acevedo arroja un total de 124 legisladores.

En esta hipótesis faltarían cinco para el quórum, y se toma en cuenta un escenario ideal sin ausencias en ninguno de los bloques convocantes.

En este marco, es trascendental la postura que tome la UCR, pero hay un dato inequívoco de desesperanza es que ninguno de los veinte miembros de la bancada liderada por Rodrigo de Loredo rubricó el pedido de sesión.

La mayoría de los diputados radicales siguen atrapados en una lógica de mansedumbre a los deseos del oficialismo por especulaciones electorales y conveniencias políticas.

La convocatoria al recinto pondrá a prueba el compromiso de la UCR con los jubilados, que fue el bloque que hizo caer la sesión del pasado 19 de marzo pedida pedida por el kirchnerismo para tratar la prórroga de la moratoria previsional.

Entre los proyectos relacionados al caso Libra, se encuentran los dictámenes para conformar una comisión investigadora e interpelar a los funcionarios que quedaron expuestos cuando se destapó la olla de la “criptoestafa”.

Pero además, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con altas fuentes de Encuentro Federal, en la misma sesión se buscará aprobar una moción que emplace a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, quien está sentado encima de los expedientes que versan sobre la extensión de la moratoria jubilatoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Precisamente, el miércoles 9 de abril está convocada una reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, por lo que la idea es forzar este martes en el recinto el emplazamiento de Presupuesto para que se acople en un formato de plenario de comisiones a desarrollarse ese mismo día.

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ARBA lanza un programa de alivio para desendeudar a los jubilados

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En medio de una fuerte crisis recaudatoria que está en niveles de la pandemia de Covid-19, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, anunció este lunes un programa de alivio fiscal destinado a jubilados bonaerenses con deudas impositivas.

Según detalló el funcionario, se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones. Este universo cumple con los requisitos para acceder a la exención: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (unos $760.638), ser titular de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La medida que presentó Girard en conferencia de prensa en Casa de Gobierno contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y también la exención de obligaciones futuras. “Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, explicó.

El operativo se realizará en articulación con municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS), e incluirá acciones territoriales, comunicación directa y jornadas especiales de atención. Además, ARBA solicitará a Anses una nómina de jubilados con domicilio en la provincia para ampliar el alcance de la medida.

Actualmente, unos 35.051 jubilados bonaerenses ya acceden a este beneficio. “Queremos desendeudarlos y eximirlos del pago hacia adelante”, resumió destacó Girard en referencia a uno de los sectores “más afectados por la crisis económica y la motosierra”.

La recaudación bonaerense y la crisis

De acuerdo al panorama que trazó el funcionario, la provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte contracción de sus recursos fiscales, en línea con el deterioro de la actividad económica. Y en ese sentido advirtió que la recaudación “está en niveles de pandemia sin el virus”.

Aunque en lo que va del año se registra una leve suba real de los recursos propios, del orden del 0,2%, Girard destacó que ese incremento se da sobre una base muy deprimida, lo que agrava el cuadro general.

Al respecto, contó que el esquema tributario bonaerense depende en gran medida de Ingresos Brutos y Sellos, que explican el 80% de recaudación provincial. “Para que se hagan una idea, 3 de cada 4 pesos son sobre Ingresos Brutos, que tiene que ver con las ventas. Cuanto menos actividad, menos ingresos”, señaló.

Y a esto se suma el desplome de los recursos de origen nacional: la coparticipación viene en retroceso por la baja sostenida de la recaudación tributaria nacional, que acumula nueve meses consecutivos de caída, con ocho meses en baja también para el IVA.

Fuente: Agencia DIB

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Gas: el Gobierno subsidiará un 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios

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El Gobierno de Javier Milei dispuso este lunes una bonificación extraordinaria del 25% sobre las tarifas de gas para el mes de mayo, que elevará al 75% el nivel de subsidio sobre el bloque de consumoalcanzado por el esquema oficial.

La medida dispuesta a través de la Resolución 11/2026 alcanza a 4.780.000 usuarios y apunta a amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los usuarios de menores ingresos.

La decisión fue formalizada a través de la resolución de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según se estableció, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán durante mayo un 25% adicional de bonificación, que se suma al 50% general vigente.

El esquema de subvenciones que comenzó a regir este año estableció una “base” de 50% de precio subsidiado para los usuarios alcanzados por subvenciones, más un 25% adicional que fue disminuyendo todos los meses (en abril, por caso, fue 18%). La decisión del Gobierno, en concreto, es que en mayo vuelva a ser excepcionalmente de 25%. Luego seguiría siendo reducido a lo largo del año.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios del gas. También señaló que, si bien la Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.

Cambios en el gas y no en la luz

En ese marco, se indicó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, lo que justifica la decisión de reforzar temporalmente la asistencia estatal.

La resolución establece que la bonificación adicional del 25% se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones de bien público, que estén incluidos en el régimen.

En paralelo, el Gobierno mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios en el caso de la electricidad. Según el comunicado, en ese segmento “se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.

“El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”, se indicó en un comunicado.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia enfría, por ahora, el reclamo de la Corte por las vacantes

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El duro planteo de los integrantes de la Suprema Corte de Justiciabonaerense para tener autarquía para administrar sus fondos y que se avance en la cobertura de vacantes no cayó bien en el Gobierno. Y este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio una respuesta escueta y tajante que dejó en claro el malestar.

“Es una prerrogativa, es una potestad del del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, dijo Bianco en conferencia de prensa al ser consultado sobre cuándo se avanzará con la decisión de completar el máximo tribunal que actúa con tres de los siete integrantes que debería tener.

De esta manera buscó ponerle paños fríos al reclamo de los cortesanos que, la semana pasada, presentaron un proyecto de ley que busca independencia financiera. Pero lo que hizo ruido en la administración de Axel Kicillof, como contó Agencia DIB, fue el contenido político del mensaje para cubrir las vacantes. Este trámite Kicillof varias veces lo postergó para usarlo como moneda de cambio de otras negociaciones y ahora quiere acelerar antes de su salida del poder político provincial.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, dijo el titular de la Corte, Sergio Torres, al presentar el informe junto a sus pares Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general, Julio Conte Grand.

Al ser repreguntado en la conferencia, Bianco evitó dar mayores precisiones sobre los “tiempos de Kicillof” en relación con esas vacantes. “Repito lo que lo que dije antes, es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para para definirlo”, expresó.

Fuente: Agencia DIB

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