El Gobierno de Javier Milei, en el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a implementar una reforma integral del sistema previsional. El compromiso fue asumido como parte del programa económico delineado en el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, que tendrá una duración de cuatro años y busca consolidar la estabilidad macroeconómica.
La reforma previsional, que debe estar diseñada para diciembre de 2026, fue incluida como un criterio estructural del programa. Según los documentos oficiales, el objetivo central será mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. Para ello, se prevé una reestructuración del esquema vigente, actualmente caracterizado por su fragmentación, con el fin de alinear de manera más eficiente las contribuciones con los beneficios otorgados. Esta modificación también buscará incentivar una mayor formalización del empleo en el mercado laboral argentino.
El compromiso en materia previsional se enmarca dentro de una estrategia fiscal más amplia basada en el principio de déficit cero, que el Gobierno ya comenzó a implementar. En ese sentido, las autoridades destacaron que durante los primeros meses de la gestión se logró registrar el primer superávit fiscal en casi dos décadas. El programa acordado con el FMI enfatiza la necesidad de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de ese ancla fiscal a través de una disciplina continua en el gasto público, mejoras en la eficiencia y una secuencia adecuada de reformas en los sistemas tributario, de coparticipación federal y previsional.
Junto con estos compromisos, el acuerdo también contempla un rediseño del régimen cambiario, con una transición hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. El objetivo de este cambio es reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción de shocks externos. Esta transición será acompañada por un nuevo marco de metas monetarias, que incluirá límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, para sostener la demanda de dinero y continuar con el proceso de desinflación, reduciendo la necesidad de intervención en el mercado cambiario.
Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5 por ciento del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.
A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.
En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.
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