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El lunes se aprobarían los nuevos plazos electorales, pero se abre otro frente entre Cristina y Kicillof

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Tras el acuerdo para avanzar con la aprobación de la modificación de los plazos electorales en la provincia, que se materializaría el lunes con una doble sesión en la Legislatura, la interna en el oficialismo vuelve asomar, pero ahora por otro tema: las deudas que mantienen los municipios con la provincia por un fondo de asistencia financiera en la época del Covid.

Tal como adelantó DIB el sábado, todas las tribus del PJ se pusieron de acuerdo en aprobar una extensión de los plazos vigentes en la ley provincial para la organización de las elecciones (básicamente cierre de listas y oficialización de boletas), luego se sumó la oposición a ese entendimiento.

Hoy se confirmó que se avanzará el lunes, cuando sesionarán Diputados y Senadores para tratar exclusivamente un proyecto que establece los plazos que planteó la junta electoral como imprescindibles para avanzar con la organización de la elección: 50 días para cerrar listas y 30 para las boletas.

No son los tiempos que había planteado originalmente Kicillof, pero que el gobernador terminó por aceptar en el curso de las negociaciones con el camporismo y el massismo: cumplen con el requerimiento de la Junta y son más extensos que los que hubiesen operado sin esta modificación.

Pero cuando ese acuerdo parecía bajar la tensión política al interior del peronismo, hoy surgió otra disidencia que podría reactivarla.

La controversia gira en torno a una deuda que los municipios tienen con la provincia, que se originó en un fondo de ayuda otorgado para ayudarlas a enfrentar la emergencia financiera que supuso la pandemia por el Covid que se desató en 2020, cuyo repago se viene suspendiendo desde entonces.

Kicillof busca que el cobro de esa deuda vuelva a suspenderse, pero sectores del bloque de UxP -básicamente ligados al cristinismo y a un sector de intendentes- quieren que se condone, lo mismo que la mayor parte de la oposición.

La semana pasada, Diputados aprobó un dictamen para un proyecto respaldado por esos sectores en el que se establecía la condonación. Las comisiones en las que se trató –Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto- están presididas, respectivamente, por Avelino Zurro, ligado al Instituto Patria, Rubén Eslaiman, massista, y Juan Pablo De Jesús, cercano a Martín Insaurralde.

Hoy sesionó Diputados pero la iniciativa no se trató, mientras que Kicillof presentó un proyecto para que le autoricen endeudarse en pesos por USS 1.200 millones en el que incluyó un articulo en el que suspende el cobro de las cuotas del fondo Covid que deben pagar los municipios.

El presidente del bloque de Diputados de UxP, Facundo Tignanelli, marcó una diferencia sustancial con el articulado que propuso el gobernador, en un posteo en X en el que aclaró una nota publicada por el diario La Nación. Allí se hablaba de suspensión del pago de lo adeudado, ante lo que el legislador precisaba que ellos propugnan la condonación, es decir el perdón de la deuda. Tignanelli especificó que los fondos se originaron en una decisión del entonces Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro -también camporista- que giró el dinero a la provincia que a su vez lo transformó en un crédito para los municipios.

A la vez, en una reunión de labor parlamentaria, el radical Matías Civale pidió que el ministro de Economía, Pablo López, emita una resolución en la que se exima del pago de la primera cuota de la devolución del fondo (en la práctica es un descuento a la coparticipación) antes de que se haga efectivo. Advirtió que de lo contrario podría avanzar el dictamen de condonación y que podría haber respaldo del oficialismo, donde no confirmaron la versión más allá de la postura que expresó Tignanelli. (DIB) AL

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Los mercados llegan nerviosos a unas elecciones de medio término que se parecen a un plebiscito

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Como muy pocas veces en 42 años de democracia, las elecciones de medio término recibirán este domingo una atención casi desmesurada por parte de los mercados, que parecen ver a estos comicios como un plebiscito vinculante sobre el rumbo económico.

El gobierno acaba de ratificar que seguirá con las bandas de flotación y la austeridad fiscal, pero tanto para organismos como el FMI, como para los fondos de inversión que tienen en sus carteras bonos argentinos, y agentes bursátiles, la pregunta es si la sociedad está dispuesta a avalar más años de ajuste, o cambiará de rumbo.

El principal recorte presupuestario se realizó en el primer año de gobierno, cuando al grito de “no hay plata”, se habilitaron fuertes subas de tarifas para tratar de reducir el gasto público.

Así se alcanzó rápidamente un superávit fiscal que sorprendió al mundo financiero, pero a costa de impactar sobre la línea de flotación del crecimiento.

Los más de 300 mil despidos en el sector privado y los 70 mil en el Estado, no fueron gratuitos en materia de impacto social y poítico.

Hasta ahora, el superavit fue solo eso, una forma racional de administrar, pero se empiezan a escuchar cada más voces entre sectores medios, pymes y comerciantes, advirtiendo sobre “la necesidad de poner un mango en el bolsillo de la gente”.

Mirando los últimos números del INDEC, de agosto, sectores como la energía y el campo arrojan datos positivos, pero el resto de las actividades deben esperar.

Desde la oposicion, en tanto, aseguran que la votación en la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre), en la que el Gobierno perdió por 13 puntos, reflejaría parte de esa fatiga de sectores de la población que no perciben una mejora a pesar de estar haciendo enormes sacrificios.

Expertos advierten que la economía está estancada -caída de ventas- y, lo que es peor, no se ven signos de recuperación más allá del resultado de las elecciones.

En este escenario, el gobierno apuesta a las inversiones que llegarán a través del Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), cuyas propuestas esperan una convalidación del modelo actual para terminar de formalizar las presentaciones, según señalan en el mercado.

Es en los sectores pasibles de RIGI -como energía y minería- donde más se ha concentrado un crecimiento.

Un informe de la consultora Equilibra advirtió que la “estabilidad o caída del ingreso real y empleo formal configuran un riesgo electoral para el Gobierno”.

Habrá que ver, también, qué impacto tienen el fuerte respaldo de los Estados Unidos, que podría ser se ampliado por bancos internacionales.

Una de las noticias de las últimas semanas ha sido el salvataje financiero que aportó Estados Unidos a través del formato del swap de monedas (intercambio) por U$S20.000 millones.

La intención del gobierno es que ese acuerdo, con algunas peculariedades, sea replicado por bancos privados.

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Las elecciones que ponen en juego el modelo de Milei y las proyecciones de la oposición

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Las elecciones de medio término que se celebrarán el domingo próximo serán el primer test de la gestión de Javier Milei, que viene de haber obtenido resultados dispares en distintas provincias y que pone en juego por primera vez su supremacía en las urnas, mientras los espacios opositores del peronismo y Provincias Unidas medirán su llegada a los distintos sectores sociales descontentos con las políticas del Gobierno.

A través de estos comicios, que se llevarán a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), los electores renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, la mitad de cada cuerpo legislativo, en unos comicios donde la oposición pondrá en juego más casilleros que La Libertad Avanza (LLA), que gobernó los dos primeros años de mandato con minoría en ambas cámaras.

LLA se juega buena parte de su proyecto político después de dos años de “motosierra” a través de reformas dispuestas durante el primero año de gobierno como el decreto 70/23 y la ley Bases, un proceso en que el experimento libertario obtuvo apoyos de distintos sectores de la oposición como la UCR, el PRO y gobernadores de distintas extracciones.

Para el segundo año, ya sin respaldo de la mayoría de los aliados, el oficialismo acumuló derrotas legislativas y Milei debió recurrir a vetos que también fueron rechazados por el Congreso, como los casos de las leyes de emergencia en Discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

El Gobierno llegó a las elecciones de medio término con una sonada derrota por 14 puntos el 7 de septiembre ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, lo que generó una zozobra e inestabilidad en los mercados que derivó en un pedido de auxilio al Tesoro de estados Unidos, que acudió en ayuda con un swap de 20 mil millones de dólares.

La apuesta de la oposición

El peronismo, por su parte, buscará ratificar la victoria bonaerense y extenderla a nivel nacional, en medio de un impasse en la interna por la conducción entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el sector de La Cámpora que encabeza Máximo Kirchner y el referente del Frente Renovador y ex candidato presidencial Sergio Massa.

En la búsqueda de inaugurar un tercer espacio, en tanto, los gobernadores de Provincias Unidas, en su mayoría ex aliados de Milei, perseguirán el objetivo de abrirse paso para presentar una opción competitiva en las elecciones presidenciales de 2027.

Integran ese espacio los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Provincias Unidas competirá con listas propias en 14 distritos del país con diferentes denominaciones, como el caso de Ciudadanos Unidos en la ciudad de Buenos Aires, donde se postulan Martín Lousteau a Diputados y Graciela Ocaña al Senado.

Las provincias de Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Tierra del Fuego celebrarán elecciones legislativas para renovar cargos nacionales y también provinciales, al no haber desdoblado los comicios locales del calendario nacional.

En Santiago del Estero, en tanto, junto a las legislativas nacionales se llevarán a cabo las elecciones a gobernador por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

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Alberto Fernández comparó la deuda de los gobiernos de Macri y Milei con el costo de reconstrucción de Gaza

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El expresidente Alberto Fernández comparó este viernes la deuda que contrajeron los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei con el costo de la reconstrucción Gaza tras el conflicto armado con Israel, y sostuvo que “los adictos a la deuda siempre recaen y nosotros pagamos su vicio”.

“Reflexionemos: reconstruir Gaza, después del martirio que vivió ese pueblo, va a costar 70 mil millones de dólares. Una cifra semejante a la deuda que contrajeron Macri y Milei con el FMI”, equiparó Fernández desde sus redes sociales.

Al hacer referencia al endeudamiento de ambas administraciones, el ex jefe de Estado sentenció que “los adictos a la deuda siempre recaen…y nosotros pagamos su vicio”.

La publicación del ex mandatario estuvo acompañada de una captura de pantalla de un medio nacional donde se informó que, según los cálculos de la ONU, la reconstrucción de la Franja de Gaza luego de la guerra con el Estado de Israel costará al menos 70 mil millones de dólares.

 

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