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Dirigentes y legisladores proponen un “compromiso democrático” contra los ataques a periodistas

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Legisladores y dirigentes de la oposición convocaron a un “compromiso democrático” en defensa de la libertad de expresión, en respuesta a los reiterados “ataques al periodismo promovidos desde el Gobierno de Javier Milei”.

“La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de toda República. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin posibilidad de expresar ideas, críticas o investigaciones sin temor, no hay libertad”, afirmaron los promotores de la iniciativa.

Señalaron en el texto que observan “con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el Presidente de la Nación y muchos de sus seguidores usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra”.

La convocatoria original lleva la firma de peronistas como Daniel ArroyoRamiro Gutiérrez y Victoria Tolosa Paz; radicales como Julio CobosMartín LousteauCarla Carrizo y Facundo Manes; dirigentes del Pro como la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri y la diputada Silvia Lospennato; la socialista Mónica FeinMargarita Stolbizer y Sergio Abrevaya (GEN); Paula Oliveto (Coalición Cívica); y los diputados Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

“No odiamos lo suficiente”

El comunicado alude especialmente a la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, que difunden casi a diario Milei y sus seguidores en respuesta a informaciones que lo incomodan.

“La incitación al odio de manera explícita, o el ejercicio de violencia física en algunos casos, hacen más grave aún la situación y nos ponen en el deber de advertir sobre el grave retroceso institucional que ello implica, afectando la convivencia democrática, el respeto y el debate público en la Argentina. La Constitución Nacional tutela de manera categórica la libertad de prensa y expresión, entendiendo su vulneración como el primero de los síntomas de las tiranías”, indica el texto.

Añade que “el ataque a la prensa no busca ni defiende la verdad” y denuncia que se está usando el poder del Estado “para intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica”.

De esa forma, “es necesaria una reacción común y colectiva y hacerlo a tiempo, desde la política y desde todos los estamentos de la sociedad”.

Compromiso público

En el texto convocan a “líderes y fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, referentes culturales, entidades periodísticas y ciudadanos y ciudadanos, a suscribir un compromiso público en defensa de la libertad de expresión y de la labor de los trabajadores y trabajadoras de la prensa”.

Y “ante cada intento de silenciamiento” se propone una serie de ítems:

  • “Sostener un apoyo irrestricto a la libertad de expresión, incluso cuando las críticas se dirijan a nuestros propios espacios o referentes”.
  • “Denunciar de manera pública y sostenida cada intento de hostigamiento del poder contra periodistas, en especial cuando se los acuse falsamente”.
  • “Utilizar todos los canales de comunicación institucionales, partidarios o sociales disponibles para visibilizar y condenar estos actos de persecución”.
  • “Nunca dejar de considerar la perspectiva ética de las relaciones y la convivencia política y social, aún y especialmente en tiempos electorales”.

El silencio frente al autoritarismo es una forma de complicidad. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño”, concluye el comunicado. (DIB)

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno de Kicillof pide ser parte de la organización de la visita del papa León XIV

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reclamó ser parte de la organización de la visita de León XIV a la Argentina, luego de que la primera reunión de coordinación se realizara entre Nación, la Iglesia y la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que el Papa tiene previsto visitar territorio bonaerense.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclamó este lunes que se llame a la Provincia a una mesa coordinadora para trabajar en el viaje del Sumo pontífice que tendrá una parada en la basílica de Luján, y donde se esperan más de 3 millones de personas.

En una conferencia de prensa, Bianco precisó que, hasta el momento, lo único confirmado para territorio bonaerense es una actividad en Luján, y dejó abierta la incógnita sobre una eventual visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, que todavía no está definida.

“En principio, lo que está confirmado en la provincia de Buenos Aires es la actividad en Luján. Hay alguna posibilidad de que también participe de una visita al Cottolengo Don Orione. Todavía no hemos sido citados por el Gobierno nacional para coordinar”, planteó el ministro desde Casa de Gobierno.

En ese sentido, el reclamo de la administración de Kicillof apunta especialmente a la coordinación de cuestiones vinculadas con la seguridad, los traslados, la logística y la organización del multitudinario evento. “Eso va a requerir de una actividad de organización importante en donde no hay forma de que no esté involucrada la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bianco.

La visita de León XIV a la Argentina, que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre, marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas. Entre los puntos que todavía deben confirmar Roma y el Vaticano figuran, además de Luján, el Monumento a los Españoles y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba, así como una eventual ceremonia en la Catedral Metropolitana y actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio Libertad y el Teatro Colón.

Fuente: Agencia DIB

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