El oficialismo y la oposición definen sus estrategias para la pelea que se avecina en la Cámara de Diputados por el veto que el Gobierno aplicará sobre leyes de aumentos de las jubilaciones y la emergencia de discapacidad.
El presidente Javier Milei tiene plazo hasta el 4 de agosto para vetar las leyes sancionadas el pasado 10 de julio por el Senado, y que fueron giradas el lunes pasado al Poder Ejecutivo.
Por eso motivo, tanto La Libertad Avanza (LLA) como el conglomerado de bloques opositores conformado por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica comienzan hacer números para conseguir imponer su postura.
Sin embargo, la oposición primero quiere dar otro golpe al Gobierno y sancionar los proyectos sobre emergencia del Hospital Garrahan, financiamiento universitario y la reforma de la ley del impuestos a los combustibles y ATN, que tienen media sanción del Senado.
Los bloques opositores que responden a gobernadores dialoguistas están esperando una señal para asegurarse el quórum y los votos para imponer su postura, señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno pondrá todas sus fichas en mantener el veto de esas iniciativas y la estrategia del oficialismo es convocar a una sesión en los primeros quince días de agosto si tienen los votos para sostener los vetos, indicaron voceros libertarios.
Desde el oficialismo están empezando a hacer números para sostener los vetos y, para ello, necesitan el respaldo de un tercio de los legisladores presentes en la sesión, con lo cual será clave la negociación con bloques aliados y gobernadores dialoguistas.
LLA debe reunir 87 votos para asegurarse los vetos por si se hicieran presentes en el recinto los 257 legisladores, lo que no sucede en forma habitual.
El interbloque de la LLA tiene 39 propios y dos aliados firmes que son CREO y Somos Fueguinos, con lo cual suma 41 votos, pero necesita otros 46 sufragios.
Fuentes parlamentarias señalaron que necesitan que al menos 33 de los 35 miembros del PRO se sumen a la estrategia oficialista, contar con los 6 radicales “con peluca” de Liga del Interior, dos ex macristas de Santa Fe de Futuro y Libertad, los tres del MID y, al menos, seis de la bancada UCR.
La mirada está puesta en las abstenciones y las ausencias que tuvo la bancada del PRO, ya que votaron en contra de la ley jubilatoria 22 legisladores, 9 se abstuvieron, tres estuvieron ausentes y el larretista Héctor Baldassi lo hizo a favor.
También buscarán sumar a otros aliados que estuvieron ausentes como los dos del MID, Eduardo Falcone y Oscar Zago, y a dos del Liga del Interior que no participaron de la votación, Mariano Campero,y Martín Arjol.
El oficialismo espera contar con el respaldo de algunos radicales tras el acuerdo electoral anunciado para Mendoza y Chaco, como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y Gerardo Polini, de ambas provincias, respectivamente.
Tanto oficialistas como algunos bloques opositores, como Democracia para Siempre y Encuentro Federal, aguardan una señal de los gobernadores dialoguistas para saber cuál será la instrucción que tendrán sobre los vetos a las leyes sobre jubilaciones.
El Gobierno asegura que no cuenta con los recursos, sin afectar el equilibrio fiscal, para sostener el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.
La Oficina de Presupuesto estimó el aumento jubilatorio, el bono y el dinero para compensar las cajas jubilatorias de la provincia ocasiona un impacto del 0,79 del PBI, y que las medidas para compensar ese aumento solo alcanza para cubrir el 40 por ciento de esas erogaciones.
En el caso del proyecto de discapacidad, la Oficina de Presupuesto estimó que el impacto fiscal oscila entre el 0.22% y el 0.42% del Producto Bruto Interno (PBI). La diferencia se produce porque aún no se sabe con claridad cuántas altas se producirán en el próximo año.
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