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Los movimientos sociales lanzarán una jornada nacional “contra el hambre” y anticipan un diciembre de tensión

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Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.

La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.

“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.

No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.

El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.

Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.

El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.

Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.

Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.

Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.

Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.

En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.

Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.

La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.

Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.

Las organizaciones exigen:

  • Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
  • Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Bono de fin de año para trabajadores informales.
  • Reactivación de obras en barrios populares.

La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.

El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.

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Luis Juez habló de Victoria Villarruel: “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”

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Luis Juez reavivó el debate sobre la dinámica interna en el Senado y la relación entre Victoria Villarruel y Javier Milei. El dirigente cordobés atribuyó las tensiones actuales a lo que describió como una transformación de la actitud de la vicepresidente, que fue impulsada por su entorno. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, dijo.

El diálogo entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel es nulo desde hace tiempo y la salida de Guillermo Francos del Gabinete, que oficiaba como interlocutor entre las partes, hizo que la comunicación hoy sea inexistente.

Juez responsabilizó a los “adulones que rodean al poder” por alimentar las aspiraciones de Villarruel al estar en línea directa de sucesión, generando una desconfianza interna y dificultando la relación con Milei.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, el senador nacional enfatizó que “no tiene sentido que no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional y te hizo vicepresidenta”. Además, consideró que la titular del Senado se habría dejado llevar por la idea de que podría suceder al presidente en caso de una eventual caída del gobierno.

En ese sentido, el dirigente cordobés también abordó el impacto del poder en la conducta de los dirigentes políticos, afirmando que es “un gran afrodisíaco” y sostuvo que, incluso, quienes no provienen de estructuras políticas tradicionales pueden verse desestabilizados por tener aún más. De esta manera, el senador ironizó al decir que “si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”.

Asimismo, Juez recordó que, durante el primer año legislativo de Milei, trabajó para consolidar un bloque de 39 integrantes en el Senado, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la Cámara alta. Sin embargo, lamentó que las disputas internas y el clima de adulación hayan deteriorado la dinámica institucional.

En este contexto, recordó que la historia argentina demuestra que los vicepresidentes suelen convertirse en una complicación cuando no comprenden cuál es su función. “El Vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del Presidente. Si no, no aceptes el cargo”.

Uno de los episodios que, según Juez, marcó un quiebre en la relación con Villarruel fue la discusión por el aumento de los sueldos de los senadores. El legislador calificó esa decisión como “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”, y sostuvo que ese tipo de medidas contribuyó a profundizar las diferencias dentro del oficialismo.

Esta semana, este tema volvió a ser noticia luego de que Villarruel se desmarque nuevamente de la Casa Rosada para otorgarle un bono extraordinario a los empleados del Senado. La presidenta de la Cámara alta dispuso un pago único de $500.000 a los trabajadores de planta y, aunque la medida no alcanza a los senadores, reavivó las tensiones por la política salarial restrictiva del Gobierno.

Juez insistió en que Villarruel fue “devorada por el personaje” y que su transformación responde tanto a factores personales como al entorno que la impulsó a creerse con un protagonismo superior al que su cargo le exige.

Sobre su relación con Milei, el senador comentó que habló con él cuando estuvo en Córdoba el fin de semana ahí en Las Higueras para la presentación de los aviones de los F-16. Y añadió: “Seguramente me voy a juntar antes de fin de año”.

Pese a las diferencias que tuvieron este año por haber votado a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad, Juez mencionó: “Yo lo escucho a Milei y me identifico con algunas cuestiones disruptivas” y aseguró: “Yo antes de las redes ya era un Milei sin pelo”.

Milei tiene una idea de lo que no hay que hacer. Sabe que a este país el populismo lo puso en el lugar donde lo puso, y creo que ahí tiene una gran posibilidad. Yo por eso lo sigo, por eso lo acompaño, por eso estoy convencido, por eso creo que no puede fracasar. No hay más nada. Para mayor claridad, fue la última elección. La gente dijo ‘esto no, por Dios, no me llevés ahí’. Pero muchas veces los pueblos vuelven al peor de su destino, vuelven a manos de los tipos que los han mancillado, humillado. Entonces, me parece que Milei sabe lo que no”, concluyó.

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El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026

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El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.

El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.

Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.

Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.

El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.

La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.

Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.

En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.

Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.

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Magario y Otermín suenan para conducir el PJ Bonaerense y crecen las disidencias entre Kicillof y los Kirchner

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“No le vamos a dar el PJ a Máximo ni a ningún aliado de él. A partir de ahora hay que dar todas las peleas y todas las discusiones”. Fuerte y al medio. Así pateo un importante dirigente del grupo político más chico que rodea a Axel Kicillof. El aliado al que se refiere tiene cargo, nombre y apellido. Es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En el kicillofismo, donde se engloba el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fortalecen la idea de que quien conduzca debe estar alineado al Gobernador. El encargado de remarcarlo ayer, durante una entrevista en radio La Red, fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que dejó entrever dos posturas que dan vueltas hoy por el gobierno bonaerense: que el nombre impulsado por Kicillof sea el de la vicegobernadora, Verónica Magario, y que se realicen elecciones internas en el partido.

“Hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política de excelente manera. Después, quien sea, lo tendrán que decidir los afiliados al partido”, sostuvo Bianco. Luego, agregó que Magario “además de su carrera política, es quien más representa directamente los intereses del Ejecutivo Provincial”. Fue un guiño claro.

El sector del gobernador bonaerense empieza a cerrar filas sobre la posibilidad de que la vicegobernadora sea la presidenta del partido, aunque también aseguran que hay varios intendentes con capacidad y voluntad de conducir el PJ Bonaerense el próximo año.

Magario ha ganado confianza en el círculo más chico de Kicillof y empezó a aparecer en la boca de varios dirigentes cercanos a Kicillof como una opción viable para llegar a la presidencia del partido. El Gobernador no tiene intenciones de ser el presidente del partido, pero quiere a alguien de su confianza en esa silla. Si no es él, la matancera aparece como una opción viable.

Lo que todos tienen claro en el kicillofismo es que no avalan la continuidad de Máximo Kirchner o el desembarco de un intendente cercano. Quieren imponer un dirigente cercano para que desembarque en medio de una negociación tumultosa y cruzada, o para que compita en una elección interna y empiece, a través de los votos, a saldar las diferencias que atormentan al peronismo bonaerense.

“¿Cómo va a ser prenda de unidad una persona que negocia por un sector?“, se preguntaron cerca del Gobernador respecto al jefe comunal de Lomas de Zamora. Otermín es un dirigente de estrecha relación con Máximo Kirchner, a través del ex intendente lomense Martín Insaurralde, que sigue teniendo influencia en las discusiones de poder de la política provincial.

Durante las negociaciones por el armado de la alianza electoral y las listas de candidatos, Otermín fue uno de los nombres propios que trianguló información entre la gobernación bonaerense, el massismo y la familia Kirchner. Tiene buena relación con todos los sectores, pero está parado de un lado de la línea que divide a Kicillof de Cristina Kirchner. Más allá de los buenos modales y de su vocación de hablar con todos. Hace equilibrio, pero tiene un lugar de identificación bien marcado.

Otro nombre que suena para llegar a la cúpula del PJ Bonaerense es el de Federico Achával. Hace un año que el intendente de Pilar está presente en la ronda de nombres propios con posibilidades de ocupar cargos importantes en el peronismo de la provincia. Fue uno de los promocionados para encabezar la boleta de diputados nacionales y también para competir por la senaduría de la Primera sección electoral. Hasta aquí solo fueron rumores.

La opción de que Máximo Kirchner siga al frente del partido se diluye con el pasar de las semanas. En el MDF no avalan otro mandato, mientras que por fuera del esquema de Kicillof algunos intendentes, que tratan de hacer equilibrio en la interna, creen que la información que hizo correr el líder camporista de que quería continuar en la presidencia, tiene que ver más con una postura para negociar que con una decisión auténtica.

“Máximo quiere una salida elegante. Si no dice que quiere seguir, se lo llevan puesto y lo patean en el piso. Y eso no está bien. Esta postura le da aire para negociar. El nombre de Otermín aparece en ese contexto”, analizó un intendente del conurbano bonaerense que trabaja por una paz que nunca llega.

En La Plata impulsan la idea de hacer unas elecciones internas. “El peronismo necesita democracia interna. Necesitamos votar. Puede haber algunos sillazos, puede haber alguno que se robe una urna. Es algo mínimo al lado de que voten una gran cantidad de afiliados en un partido que se está muriendo”, fue el análisis crudo de una figura de renombre dentro del peronismo bonaerense.

La interna siempre tiene un equipo de intendentes que la repelen. Encuentran argumentos en los daños colaterales, el dinero que se debe gastar y la falta de logística para hacerlo. El peronismo hace muchos años que esquiva una competencia interna. Ya sea en una elección partidaria o en una nacional.

La fecha estimada en que debe realizarse el acto electoral es entre febrero y marzo. En eso hay acuerdo de las partes. Por eso para fin de este año o, como máximo, el principio del 2026, debe estar resuelto cómo se va a decidir la conducción del PJ Bonaerense.

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