El proyecto de reforma laboral que envió al Senado el presidente Javier Milei apenas regresó del viaje a Oslo encontró una sorpresiva y pública resistencia, por fuera de la previsible oposición del sindicalismo, el peronismo y la izquierda. La principal agrupación de jueces emitió una declaración de rechazo a un artículo que propuso la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo.

El extenso proyecto de 196 artículos que moderniza la legislación y las relaciones de trabajo en la Argentina ingresó el jueves al Senado y tendrá a partir del lunes una intensa actividad, con la conformación de comisiones para iniciar el debate. El objetivo del Gobierno es que la Cámara alta lo pueda discutir y dar media sanción antes de fin de año.

Pero la inclusión de dos artículos sumó un actor a la compleja negociación que se avecina: el de los jueces. La polémica -que tuvo el rechazo explícito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- se basa en los artículos 90, que limitan la discrecionalidad de los fallos, y 91, que propone la eliminación futura de la Justicia Nacional Laboral. El propio presidente Milei apuntó en varias oportunidades contra esos jueces en los dos primeros años de gestión.

¿Qué dicen esos dos ítems?

“ARTÍCULO 90.- Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones.

ARTÍCULO 91.- Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos“.

Este último párrafo fue el que generó el rechazo de los jueces. “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (…) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

“Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado. Por tanto, instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, continuó.

Y concluyó el comunicado firmado por el presidente de la asociación, el juez Andrés Fabián Basso: “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”.

La industria del juicio y el traspaso a CABA

El objetivo del Gobierno, según explicaron en la Casa Rosada, es acelerar el proceso de transferencia de esos juzgados, donde detectaron una serie de fallos polémicos que complican la sustentabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas. En el Ejecutivo pusieron el caso del restorán al que le impusieron una indemnización de 250 millones de pesos por un mozo que se consideró despedido, como ejemplo de fallos antiempresas.

Los jueces del fuero laboral nacional enfrentan un escenario complicado, tanto por los cuestionamientos a sentencias abusivas, como por un proceso de transferencia que viene encarando la ciudad de Buenos Aires y que tiene previsto absorber de manera total.

Ese proceso tuvo reparos de la propia Justicia Nacional, que ordenó paralizar todos los preparativos. Con el proyecto, la Casa Rosada espera que el Congreso Nacional apruebe la ley para reforzar el traspaso.

Sin embargo, se expone a que, como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases, la Justicia declare inconstitucional su contenido y complique su aplicación. Por eso, la declaración de la Asociación de Magistrados fue observada con preocupación en el oficialismo. ¿Es un anticipo de otro fallo similar que hará impracticable su aplicación?

De todos modos, la inclusión de esos artículos fue recibida de manera positiva por el Gobierno y la Justicia de la Ciudad, que vienen avanzando desde el año pasado con la conformación de un nuevo fuero laboral, que reemplazará la mayoría de los juzgados nacionales. De hecho, ya está en marcha el concurso para seleccionar 10 jueces, dos camaristas y fiscales, tras la aprobación de un Código de Procedimientos para regir en la Capital Federal.

Una calificada fuente de la administración de Jorge Macri, en diálogo con Infobae, calificó como “muy auspicioso el artículo” que respalda el proceso de transferencia de la Justicia Laboral de Nación a Ciudad. “No hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución en torno a consolidar la autonomía porteña y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, afirmó en diálogo con este medio.

Además, recordó que “desde principio de año estamos transitando una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad donde estamos escuchando a todos los actores, tanto la Justicia ordinaria nacional y porteña, como también las diversas asociaciones, con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales”.

“La Ciudad de Buenos Aires, en lo laboral, ya está preparada para recibir esas competencias. En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en la CABA, sancionamos el Código de Procedimientos Laboral y avanzamos con los concursos, que hoy en etapa de revisión de exámenes”, abundaron las fuentes.

Más allá del compromiso del gobierno de Milei de avanzar con la reforma laboral y desarticular ese tribunal -donde muchos de los jueces fueron ubicados a propuesta de sectores ligados a la CGT- el debate quedará en manos del Congreso, donde La Libertad Avanza deberá conseguir el apoyo de al menos 15 senadores más de los 21 propios y de 25 diputados a los más de 110 que orbitan cercanos al oficialismo.