La imagen del recinto de Diputados era impactante: de madrugada y en forma realmente sorpresiva, exponía al bloque oficialista y al kirchnerismo votando juntos para designar a los representantes en la Auditoría General de la Nación. Una postal fuerte, también por los que se retiraban o no votaban, empezando por socios del Gobierno y bloques críticos pero no de oposición cerrada. La operación fue tan rápida y fuera de agenda que al menos dos de los auditores llegaron casi a la carrera al Congreso, después de haber sido despertados por llamadas a sus celulares.

El pacto coronado el jueves en la Cámara baja tiene lectura interna en el oficialismo y estribaciones más profundas, porque el arreglo con el kirchnerismo, extendido a otros sectores del peronismo, lastimó la relación del Gobierno con sus aliados. Los tironeos y presiones cruzadas -que hicieron fracasar todo acuerdo durante los dos años iniciales de Javier Milei- nunca incluyeron la alternativa de “dos peronistas y un libertario”, según resumen con acidez en medios hasta ahora socios de Olivos. Parecía claro ahora el reparto de uno para la LLA y otro para UxP, como bloques de mayor peso. Y el tercero arrastraba nuevos y viejos reclamos: el PRO -con impulso directo de Mauricio Macri-, alguna vez los radicales -que ya habían perdido la batalla- y algunos otros espacios.

El acuerdo precipitado en pleno y complicado trámite del Presupuesto 2026 -objetivo número uno del Gobierno desde octubre, junto a la reforma laboral- demandó una línea principal de negociación con el kirchnerismo -núcleo de UxP- y tratativas con Gustavo Sáenz. El gobernador salteño está absolutamente enfrentado con el círculo “cristinista”, que le jugó en contra en la provincia, pero mantiene otros canales amigables en el PJ. Logró anotar como auditora a Pamela Calletti, que acompaña así a Mónica Almada, por LLA, y Juan Forlón, por UxP.

La designación de Forlón no dejó dudas sobre el trato. El nuevo integrante de la AGN tiene relación directa con CFK y con Máximo Kirchner. En la vereda violeta, la coronación de Almada fue interpretada en clave de interna. Esa pieza fue movida por decisión directa de Karina Milei, cuando estaba asegurado el trato con el peronismo, a cargo de Martín y Lule Menem. La aceleración, sin reparos por el contexto -el Presupuesto- y el horario, habría apuntado además a bloquear movimientos de Santiago Caputo en el mismo tablero.

La decisión oficialista de cruzar abiertamente la línea que en el discurso marcaría el corte con el kirchnerismo -como máxima expresión de la “casta”- provoca otras inquietudes, porque después de octubre surgieron especulaciones -desmentidas, como otras anteriores- sobre contactos reservados para destrabar la integración de la Corte Suprema y avanzar con la designación de jueces federales. Esa alarma ha sido reactivada.

La reacción del PRO, el radicalismo más cercano a LLA y Provincias Unidas fue amplificada casi de inmediato por el oleaje que levantó la votación del Presupuesto. Y al menos por la respuesta amarilla, podría derivar en la judicialización del tema AGN. Se verá. Por lo pronto, generó una herida profunda entre el oficialismo y sus socios, que no impediría nuevos acercamientos, pero difícilmente desaparezca.

El clima volvió a espesarse con el rechazo al capítulo del Presupuesto marcado por la intención de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El Gobierno forzó su inclusión como un punto específico del proyecto, a pesar de los cuestionamientos que asomaron de inmediato y en el trámite de comisión. No hubo gesto alguno para buscar un camino alternativo. Y los movimientos posteriores para blindar el artículo terminaron por convertirlo en el tema dominante. La aprobación del Presupuesto fue opacada por esa revés generado y sufrido por el oficialismo.

La primera reacción de Olivos llegó al nivel increíble de hacer trascender la posibilidad de veto en caso de que el Senado no pudiera revertir el cuadro. Y pegó sobre los gobernadores, especialmente sobre aquellos que encabezan el listado del reparto de ATN después de una larga sequía de esos fondos: Tucumán y Catamarca, en primer lugar. El malestar alcanzó también a aliados de lo que fue alguna vez JxC, entre ellos Mendoza, Chaco, Entre Ríos. Con varios de ellos hubo después contactos para descomprimir, del mismo modo que fueron retomadas las tratativas con el gobierno porteño por la poda de fondos de la última etapa K.

De hecho, esa tensión provocó la postergación de la reforma laboral, que el oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza, imaginaba aprobar de manera exprés. Y más aún, el dictamen de comisión sobre el Presupuesto reprodujo el texto tal como salió de Diputados -es decir, sin derogación de las leyes referidas- y el debate de la nueva norma laboral, en febrero, quedó condicionado a que no haya sorpresas en esta materia.

El Presupuesto será debatido en el recinto del Senado el viernes 26. Desde el Gobierno trascendió la intención de introducir algunas modificaciones para ajustar cuentas sin intentar reponer el capítulo crítico, que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Una jugada de ese tipo terminaría en la Justicia con carátula de inconstitucional. No está clara la alternativa. En caso de ser aprobados cambios, el proyecto tendrá que volver a Diputados. Por lo pronto, Martín Menem ya pidió a los diputados de LLA que estén listos en Buenos Aires para sesionar el lunes 29 o el martes 30.

El Gobierno giró el principal foco político hacia el Congreso apenas pasadas las elecciones de octubre. Fueron intensas las negociaciones con los gobernadores, tarea casi excluyente de Diego Santilli desde su primer día en el ministerio del Interior. Y los acuerdos tuvieron como contraparte los compromisos de ATN, otros fondos -por ejemplo, para compensar cajas previsionales-, reactivación de algún acuerdo de obra pública. Un “costo” que se suponía por un paquete de leyes, no sólo Presupuesto.

Pero ese costo podría ser doble, con la mirada puesta en la reforma laboral, postergada para febrero. Eso, sin contar los riesgos que supone el caso de la AGN en términos de imagen. Hay cuestionamientos cruzados en el interior del oficialismo. Y referencias ásperas sobre mala praxis o daños autogenerados, otra vez. ¿Sólo eso? En todo caso, antes del resultado, asoma la decisión de jugar el juego de la “vieja” política.