Diego Santilli estuvo reunido con Patricia Bullrich y volvió a contactarse con gobernadores. Las tratativas con jefes provinciales -en varias entregas y hasta último minuto- fueron monitoreadas todo el tiempo desde Economía, con Carlos Guberman en primera línea. Martín Menem y Lule Menem también se movieron, como siempre con chapa de Karina Milei. Y no falto el ingrediente de Santiago Caputo. Una especie de mega operación negociadora para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. Todo, con una pincelada indisimulable: el texto finalmente celebrado por Olivos terminó siendo el proyecto podado en Diputados, algo que apenasocho días antes había generado enojo extremo del oficialismo, al punto de hacer circular el disparate de un nuevo veto.
El Gobierno pudo festejar así el primer Presupuesto de su gestión. Hasta ahora, y con comodidad, se vino manejando con dos reescrituras de la ley aprobada en el final de la última etapa kirchnerista. Y el giro fue potente, no sólo por el doble “costo” o refuerzo de los acuerdos con gobernadores, sino por el modo en que debió asimilar el golpe recibido en Diputados, que opacó la votación y el pase a la Cámara alta en tiempos mínimos.
La baja del ruidoso Capítulo XI del Presupuesto había provocado de inmediato una respuesta destemplada del Gobierno. Fuera de la efímera referencia a un veto, fueron difundidas versiones sobre modificación de partidas como respuesta al rechazo del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Hubo hasta una virtual amenaza o advertencia de recortes a las provincias. Pero frente a la realidad, tales ideas se esfumaron. El Gobierno necesitaba los votos de anoche en el Senado. Y los va a necesitar en las dos cámaras para las iniciativas que vienen, empezando por la reforma laboral.
En la noche de este viernes, el festejo fue por la aprobación sin modificaciones del Presupuesto. Fue una marcha atrás con el imaginario de la revancha. Y la sanción del proyecto tal como llegó de Diputados se convirtió en festejo frente a la posibilidad de nuevos frenos a otros ajustes en educación e investigación. Fue, en ese contexto, un triunfo que deja además a la vista el complejo y costoso ejercicio de los arreglos con gobernadores para lograr votos en iniciativas cruciales para Olivos.
En ese paso a paso, parece casi imposible establecer un mecanismo de acuerdos estables y medianamente duraderos. Se trata de acuerdos proyecto por proyecto, frente a un conglomerado que incluye desde socios -pero ninguno, ajeno a la lógica de los tratos en particular- hasta dialoguistas, incluyendo los que cumplen doble objetivo: acompañar y fisurar al peronismo/kirchnerismo. El menú, que nadie oculta, incluye diferentes vías de contraprestación, entre ellas los ATN, deudas de anteriores pactos fiscales, casos puntuales de aportes incumplidos por cajas previsionales no transferidas.
En paralelo al debate del Senado, circularon trascendidos bastante precisos sobre el “cumplimiento” de acuerdos con gobernadores de diferente posición política. Incluye en primera línea a peronistas distanciados del kirchnerismo (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados (Mendoza, Entre Ríos, Chaco) y provinciales o no alineados (Misiones, San Juan), entre otros.
El final del recorrido del Presupuesto expuso un motivo de celebración para el Gobierno, con doble costo de negociación y aplazamiento de la reforma laboral como consecuencia del traspié de la semana pasada en Diputados. No fue estrictamente el resultado de un error de cálculo, sino de práctica y, claro, de concepción política.
De entrada, había resultado llamativo que el Gobierno difundiera que el recambio legislativo le permitiría avanzar casi a libro cerrado. Y más aún, que después se pretendiera forzar artículos sin aviso, es decir, sin sondear siquiera a gobernadores y referentes de espacios opositores pero dispuestos a conversar en el Congreso. Frente a los traspiés autoprovocados, las miradas -incluso, algunas propias- apuntaron a Luis Caputo en el caso del capítulo caído del Presupuesto y a Federico Sturzenegger por tensiones extras con la reforma laboral, finalmente postergada hasta febrero.
Algo paradójico ocurrió con los movimientos del Gobierno a partir de octubre: sobredimensionó el resultado electoral y, a la vez, desperdició el momento para establecer algún sistema de alianzas más o menos sólido. Pasada la celebración poselectoral, el oficialismo tuvo casi cuarenta días para cerrar trato con vistas a las sesiones extraordinarias. Contaba con el efecto del éxito en las urnas -potenciada por la reversión del cuadro bonaerense- y con gobernadores sedientos de fondos. Noviembre, en especial, fue un mes muy malo en materia de coparticipación, que agudizó la situación de arrastre por el frío del consumo y decisiones del poder central, que pisó el reparto de ATN.
El Gobierno puede celebrar, por supuesto, una vieja fórmula: mantener abiertos esos frentes, sin dar respuestas de fondo a los reclamos de las provincias, le permitiría articular otras negociaciones, en especial para los proyectos que pretende bajo el título de “reformas estructurales”. El camino del Presupuesto también expone que la realidad no se ajusta siempre a sus deseos, aún atendiendo la “lógica de la política”, según la definición utilizada por Javier Milei al avalar el pacto con el kirchnerismo para designar a integrantes de la Auditoría General de la Nación.
La otra nota distintiva de la ofensiva del Gobierno después de la elección de octubre fue el anuncio de un trámite exprés de la reforma laboral. Se llegó a difundir el objetivo de sancionarla antes de fin de año. Pero debió pasar para febrero y cosecha, fuera de los cruces públicos -que se desvanecieron de inmediato con la postergación del debate-, señalamientos reservados de expertos en la materia por la el “bajo nivel técnico” del texto y por posibles y variados artículos que podrán ser judicializados si son aprobados tal como dice el original.
Se verá qué pasa, incluso con la fecha para la segunda entrega de sesiones extraordinarias.
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