Un nuevo escándalo podría desatarse en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.
La situación se puso demasiado tensa, contaron fuentes policiales a Infobae, cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, pero notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso.
Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía. Sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.
Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular.
El allanamiento en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento.
La zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia.
“O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la investigación, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”.
La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.
Para entender por qué el juez federal de Lomas de Zamora emprendió esta cruzada hay que remontarse años atrás cuando, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.
En aquellos años, los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero (los que tenían) en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano. Todos los resultados indicaban que la comida estaba contaminada.
Villena estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Los defensores oficiales comunicaban al Juzgado las impresiones de los presos: comer esos alimentos les resultaba imposible, “eran absolutamente asquerosos”, según contó una fuente del caso, mientras el SPF y la empresa lo negaban y poco más aseguraban que la comida era fantástica.
Hasta que un día del año pasado Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo. Se descompuso y sufrió una fuerte diarrea. “Un asco, vomitiva”, les contó a sus allegados.
Así las cosas, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.
En una nueva licitación, de todos modos, Foodrush se presentó, junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y una más, Bio Limp, que sólo tenía experiencia en limpieza.
A poco de empezar a entregar alimentos, volvieron los habeas corpus al despacho de Villena. Con Bio Limp pasaba lo mismo que con Foodrush. Nadie quería comer de esos platos. Entonces, el magistrado reabrió la causa en noviembre pasado bajo la carátula de “Envenenamiento”.
“Fueron a la cárcel y detectaron, a través de sus chapas patentes, que los camiones que usaba Bio Limp eran de Foodrush”, contó una fuente cercana al caso.
A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.
Villena, contaron a Infobae, concluyó que esta especie de “cartelización” del negocio de la comida en la cárcel de Ezeiza no podía hacerse sin el guiño de los responsables del penal, por lo que ordenó allanar la oficina del director de la cárcel, de su director administrativo y de Fernando Martínez porque, según él, no podían desconocer esta licitación.
En los pasillos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora aseguran que Villena tiene elementos para ir contra el Servicio Penitenciario Federal, que no podían no saber que Bio Limp era una pantalla para que siguiera con el negocio Foodrush y sortearan su propia decisión judicial.
Durante la tensa reunión de los agentes judiciales con el director del SPF, estos le pidieron que diera una constancia del extravío del teléfono y Martínez se negó. Según cuentan, lo hizo de mala manera.
“El allanamiento empezó a las 11, el funcionario llegó 11.30 y su teléfono se apagó a las 10.15. Le avisaron del procedimiento, apagó el aparato y fue con otro. Fueron a tratar de buscar el celular y, mientras tanto, retuvieron a Martínez”, contó una fuente ligada al caso que aportó otro dato inquietante: el director del SPF se estaba moviendo a bordo de una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y todavía prófugo de la Justicia.
Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de todo lo actuado por Villena por considerar que habilitó medidas en un día inhábil, que no mandó a sortear el juzgado tras la reapertura de la causa por la comida en mal estado y que no tenía motivos para secuestrar el teléfono de Martínez.
Cerca del juez dijeron a Infobae que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público”, pero advirtieron que Villena está preocupado por “el desafío a la Justicia” que hizo el director del SPF y que sabe que “se está metiendo con mafias enquistadas hace muchos años”.
Consultado por este medio, Federico Villena prefirió no hacer comentarios, pero aclaró que, teniendo en cuenta que el SPF depende de Seguridad de la Nación, se comunicó con la ministra, Alejandra Monteoliva, y que tuvo una “excelente predisposición” y le dio todo su “apoyo”.
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