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Los próximos desafíos que afrontará el Gobierno y la decisión de no tomarse vacaciones para avanzar con las negociaciones

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Luego del primer triunfo legislativo del verano, al lograr aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año, el Gobierno ya se concentra en lo que será la discusión durante enero y febrero, meses en los que intentará sancionar la postergada reforma laboral, en medio de otros reclamos de la oposición.

Este martes finalizará el primer periodo de sesiones extraordinarias al que convocó el presidente Javier Milei, el cual tenía un temario ambicioso con varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero solo dos de ellos se aprobaron.

En el tintero quedaron, además de los cambios en el sistema de trabajo, los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

Es que, ante un escenario adverso en el Congreso, a pesar de haber fortalecido al bloque tras las elecciones, el oficialismo decidió dejar para más adelante todas estas iniciativas y así focalizar el debate en las medidas que la Casa Rosada consideraba más prioritarias.

Ahora, después de que pasen dos semanas de descanso, Milei tiene previsto volver a llamar a sesiones extraordinarias para tratar, en la segunda parte del verano, estas cuestiones que quedaron pendientes.

Sin embargo, ese tiempo de dispersión no será para todos, ya que hay algunos integrantes del Gobierno que, a pesar de que no hubo una orden por parte de la cúpula sobre qué hacer, decidieron que no se tomarán vacaciones.

Tal es el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes encabezará una nueva conferencia de prensa para anunciar las últimas medidas de la administración libertaria antes de que termine el 2025.

De igual forma, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado dedicar la primera mitad de enero a llevar adelante una nueva gira por el país para conversar personalmente con los gobernadores sobre la reforma laboral.

Durante este año, el funcionario visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.

Al resto de los mandatarios los recibió en la Casa Rosada, incluso a algunos de los mencionados, y con los únicos con los que no se reunió fue con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con los de la oposición dura, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Tal como anticipó en una entrevista con Infobae la senadora Patricia Bullrich, entre el 16 y el 26 de enero próximos se revisarán los dictámenes tanto de este proyecto como el de la Ley de Glaciares.

La propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza reconoció que la discusión “no será a libro cerrado”, sino que “ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”.

En ese sentido, trabajará Santilli, con la misión de conseguir el apoyo de las provincias, algunas de las cuales vienen reclamando que se sume al temario las designaciones de los jueces federales vacantes.

De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidió recientemente que se analicen los pliegos para completar los tribunales, algo que requiere solamente de la aprobación en el Senado.

“Tenemos vacantes en la cobertura de jueces y eso supone la acción de los otros dos poderes. Hace más de dos años que esto está prácticamente paralizado y no hemos podido hacer nada”, lamentó el magistrado.

De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 jueces titulares que debería haber en todo el país, hay 337 lugares que aún están disponibles, para los cuales ya hay 153 candidatos que están esperando el visto bueno del Congreso.

Sin embargo, las autoridades nacionales no tienen intenciones de avanzar con ese asunto en el corto plazo y la cuestión sería abordada recién en marzo o abril del año que viene.

Es que, el Gobierno todavía tiene que definir quién va a ser el futuro ministro de Justicia cuando finalmente se retire Mariano Cúneo Libarona, que amagó con renunciar en noviembre, pero continuó en el cargo por pedido expreso de Milei.

Además, también resta saber qué ocurrirá con la propia Corte, que actualmente está funcionando solamente con tres miembros, debido a que no hubo acuerdo con la oposición para elegir a los dos faltantes.

Así las cosas, desde el 26 de enero y hasta el 10 de febrero, el Senado buscará tratar en el recinto la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, por lo que el ministro del Interior tendrá hasta ese momento para reunir las voluntades de los gobernadores.

Por su parte, luego de conseguir su primera victoria como jefa del bloque, Bullrich sí se tomará unos días de descanso antes de retomar las negociaciones para el resto de las iniciativas.

Qué plantea la reforma laboral

La medida en cuestión incorpora lineamientos sobre modernización de las normativas de trabajo vigentes, enfatizando cambios en áreas críticas como vacaciones, indemnizaciones, despidos y la organización de horas laborales.

Tal como anticipó este medio, uno de los puntos principales del texto apunta a aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio, en un contexto en que muchas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan los argumentos que dieron lugar a los fallos desfavorables.

En este sentido, en cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización.

Además, se crea un sistema de “banco de horas”, para compensar el tiempo extra trabajado, permite el fraccionamiento de las vacaciones y establece novedades como el Régimen de Incentivo a la Formalización y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.

El proyecto fue elaborado por el Consejo de Mayo, que se reunió a lo largo del 2025 y está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, del Senado, de las provincias, del sindicalismo y del sector privado.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

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“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.

Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.

“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.

En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo“Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.

Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.

La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.

Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.

“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.

En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.

“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.

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