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La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial

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Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.

¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.

Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.

La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.

El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.

Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:

1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.

2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.

4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.

5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.

6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.

7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores”.

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Lara Goyburu, politóloga: “La inflación volvió a ser el principal problema del país”

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La directora ejecutiva de Management & Fit, Lara Goyburu, detalló en una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso que el 77% de las personas consultadas identifica a la economía como su mayor problema, en un contexto de inflación creciente y endeudamiento que supera niveles de la pandemia.

En una charla con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Goyburu analizó cómo “el principal problema del país es la inflación”.

La economía y el ánimo social: los datos detrás de la protesta de la CGT

La reciente movilización de la CGT en Plaza de Mayo y la lectura de un documento con tono de advertencia fueron el telón de fondo del análisis. Goyburu contextualizó el reclamo sindical con los resultados de la encuesta: “Hace ya muchos meses que la dificultad para cubrir los gastos del mes es el principal problema personal”.

Según la politóloga, el endeudamiento y la morosidad para consumo hoy “superan los niveles de la pandemia”, reflejando una situación crítica. Aziz planteó que, aunque la inseguridad sigue presente, la economía absorbe todas las formas de malestar: “Creo que le preocupa la economía y adentro de la economía, el tema de la inseguridad”.

Esperanza en descenso y expectativas de futuro: el impacto en Milei

La directora de Management & Fit precisó que la esperanza, aunque aún está presente, retrocede: “Durante mucho tiempo, los sentimientos negativos rondaban el 50%. Pero siempre primaba la esperanza. Ahora, los sentimientos negativos duplican a los positivos, y el principal es la preocupación”.

Entre los consultados, la tristeza y la angustia desplazan al enojo como emoción predominante: “No es que entre los sentimientos negativos lo primero que aparece es el enojo, sino que son sentimientos más bien desmovilizantes”.

Sobre el vínculo con el gobierno de Milei, Goyburu aclaró: “Hasta el año pasado, este era un gobierno muy anclado en la confianza, en la expectativa de futuro. Esa expectativa, que en 2025 llegaba al 45%, ahora bajó al 34%. Pero ese descenso no se fue al pesimismo, sino al igual: todavía hay una especie de buffer de resistencia”. A pesar de la caída, un 60% aún cree que la situación va a mejorar en algún momento, aunque ese horizonte se va alejando.

Aziz destacó que la sociedad “todavía no hace responsable a Milei” de la crisis. Goyburu coincidió en que la falta de enojo masivo impide un recambio inmediato: “El 42,8% todavía dice el mismo equipo, con o sin cambios de política, pero el 51,6% quiere un cambio total, solo que no hay una oferta alternativa que los amalgame”.

Juventud, redes y futuro electoral: un electorado que no encuentra nuevas propuestas

Goyburu subrayó que “el 72% del pueblo consumidor tiene menos de 40 años” y que para las próximas elecciones, “casi el 53% del padrón va a tener menos de 39 años”. Este grupo no ha cambiado sus valores esenciales, pero ha desarrollado su identidad política en entornos digitales, lejos de la presencia adulta tradicional: “Lo que no ha tenido es la presencia de los adultos en los territorios donde construyeron identidad. Los valores son los mismos, pero se ordenaron sin la presencia de los adultos”.

El apoyo a Milei entre varones jóvenes, tradicionalmente transversal, ahora se concentra en sectores de nivel socioeducativo medio y alto. “El nivel socioeducativo bajo no vuelve al otro lado, se va al igual, al no sabe, no contesta, al no elegir a ninguno”, explicó la analista. El sistema político, según Goyburu, enfrenta el riesgo de un primer gran fracaso generacional si no logra ofrecer alternativas nuevas: “Si este ciclo fracasa, va a ser el primer fracaso fuerte de esta generación”.

Sobre la imagen de dirigentes, mencionó que “todos los que han sido protagonistas de los últimos 20 años tienen más de un 45% o hasta un 55% de imagen negativa”.

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El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof

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La falta de certezas sobre qué pasará con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el orden nacional para el año que viene, producto de los consensos que hoy por hoy no están en el Congreso, impacta en la provincia de Buenos Aires, donde hay una ley propia de Primarias. En este esquema, el peronismo empieza a discutir cómo definir una candidatura para la gobernación y la chance de ir a una interna cobra volumen.

Son varios los dirigentes que trazan este posible escenario. “Vayamos a una interna. Yo soy de los que cree en la competencia. Hay que hacer valer el peso que cada uno tiene”, planteó en los últimos días el intendente de un distrito de peso del conurbano bonaerense a sus interlocutores, entre los que también había colegas suyos.

Distintos intendentes se están perfilando hacia una eventual precandidatura provincial en caso de que no haya cambios a la ley que limita sus reelecciones. Hoy, pese a que la voluntad de Kicillof es cambiar esa normativa, algunos dirigentes dejan correr cierto desencanto a la posibilidad de una modificación que le habilita a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares la posibilidad de ser reelectos solo una vez y que para ir por un tercer mandato, deberán dejar pasar cuatro años. ¿Cómo ordenar esas ansias de dar el salto provincial? Con internas.

Además, el peronismo transita una interna que repercute también en la Legislatura provincial. Sumado a eso, La Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo adelantaron que no acompañarán cambios a la ley provincial 14.836. Tampoco quienes están en el oficialismo e integran el Frente Renovador darán sus votos para cambiar la norma. Ante este escenario más de 80 jefes comunales no podrán ir a una reelección.

Queda una vía judicial que -tal como dio cuenta Infobae- es una estrategia que pergeñan algunos sectores pero la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo no transita su mejor momento.

Lo evidenció la actividad que hizo el máximo tribunal de Justicia provincial esta semana. El presidente de la Corte, Sergio Torres, escoltado por el vicepresidente, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand, presentaron el proyecto de ley de Fortalecimiento del Poder Judicial. Allí, pidieron ir hacia un esquema de autarquía del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y que sea la Corte quien diseñe su propio Presupuesto, inversiones y demás cuestiones como la negociación paritaria con los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente el Ejecutivo envía fondos por goteo y en los distintos estamentos de la justicia bonaerense admiten que “les pisan los fondos”. A esta situación y con un impacto directo a la cuestión de las reelecciones indefinidas se le agrega el reclamo que hizo Torres para que Kicillof y el Poder Legislativo cubran las cuatro vacantes que rigen hoy en la Corte, un organismo que funciona con tres de sus siete miembros.

Pese a las diferencias del peronismo, en los distintos campamentos coninciden que el problema no es fondo. “Es el método”, asegura un intendente de la Tercera sección electoral.

El mundo intendentista está activo. De los posibles candidatos a la sucesión de Kicillof hay al menos siete nombres que fichan en la liga de intendentes y dan señales de que están interesados en formar parte de la conversación provincial: Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (en uso de licencia como intendenta de Quilmes), Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), están es ese listado; que se extiende a dentro del peronismo con el Frente Renovador y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

“Me genera ilusión en relación a la renovación, construimos un lindo vínculo, pensamos cómo aportar a la provincia de Buenos Aires y el peronismo en este momento tan complejo”, planteó la semana pasada el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultado sobre el grupo de intendentes que lo rodea y desde el que se empieza a impulsar su instalción.

Cuando habló de las reelecciones indefinidas dijo que “hay dos bibliotecas y son y son atendibles. Una es que la gente pueda elegir al candidato o candidata que quiera sin ningún tipo de restricción, porque después el pueblo es soberano. Los intendentes van a elecciones, las ganan, las pierden. Ahora bien, en lo estrictísimamente personal, yo tengo una mirada a favor de la renovación y de la oxigenación. Yo creo que son lugares de tanto compromiso, de tanto esfuerzo y de tanta tarea que los proyectos cuanto más colectivos sean mejor”. Otermín, que es el vicepresidente del PJ bonaerense e integra el PJ nacional; también se muestra proclive a unas PASO a nivel nacional. Es que es una herramienta ordenadora para el peronismo, dadas las diferencias internas.

A nivel nacional, Kicillof es simpatizante de llegar a una PASO si no hay acuerdo. Lo planteó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este miércoles durante una charla en la Feria del Libro. “A mí me encanta el sistema de las PASO, el que quiera ser candidato se anota, armamos un frente y ahí se vota”. Aclaró que ese proceso debe ser para el año que viene.

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La empleabilidad como garantía de inclusión social

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En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.

Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.

Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.

Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.

La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.

La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.

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