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Promulgaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal tras la aprobación del Senado

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El viernes 26 de diciembre, el Senado aprobó por amplia mayoría el primer Presupuesto bajo la gestión de Javier Milei luego de una sesión que se extendió por más de ocho horas. Ahora, el Gobierno publicó en Boletín Oficial la reglamentación tanto del plan fiscal 2026 -bajo el decreto 932/2025-, como de la Ley de Inocencia Fiscal.

Tras el debate en la sesión especial del Senado, la votación fue positiva y se aprobó en general el Presupuesto 2026. La victoria fue por amplio margen: 46 votaciones afirmativas ante 25 negativas. Solamente hubo una abstención.

El cálculo para el período que comienza contempla una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual estimada en 10,1% y un valor del dólar que, según el Gobierno, alcanzará los $1.423 en diciembre del próximo año. De acuerdo con lo informado por la Casa Rosada, se proyecta un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Además, las exportaciones tendrían un aumento del 10,6%.

El Presupuesto prevé también la evolución de la demanda agregada para el próximo año. Las proyecciones oficiales señalaron que el consumo privado crecería 4,9%, lo que implica una reducción de 5,3 puntos porcentuales respecto a la estimación para 2025. En cuanto al consumo público, se espera un incremento del 1,2%, superior en 1,4 puntos al registro de este año. Por su parte, la inversión presenta una expectativa de crecimiento del 9,4%.

“Estímase para el Presupuesto del Sector Público Nacional, Ejercicio Fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de pesos dos billones setecientos treinta y cuatro mil veintinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco ($2.734.029.655.055)”, establece el texto de Ley 27798. Pese a las diferencias que generó el proyecto en el Congreso, el Senado terminó por aprobar la ley de leyes con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

El artículo 30 del capítulo 2 fue uno de los temas que más dudas generó durante el debate, debido a que contemplaba la eliminación de cláusulas relacionadas con el financiamiento del Sistema Nacional de CienciaTecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.

De hecho, el texto publicado derogó:

  • El artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (26.206), el cual obligaba al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento del sistema educativo nacional.
  • El inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565, que creaba el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y establecía que el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional se debían destinar al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, incluyendo inversiones en ciencia y tecnología para la defensa.
  • El artículo 52 de la Ley 26.058 (Educación Técnico Profesional), que creaba el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNEP)
  • Y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 (Financiamiento de Ciencia y Tecnología), que establecían una meta de inversión progresiva en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en 2032

Inocencia Fiscal

En paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026, el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el régimen penal tributario y los procesos de control fiscal. El objetivo es facilitar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario y simplificar los trámites para los contribuyentes. Según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos mantenían alrededor de USD 254.000 millones fuera del sistema financiero.

La ley no habilita un blanqueo de capitales ni cambia la estructura del Impuesto a las Ganancias, sino que permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones por parte del fisco, siempre que no superen ciertos límites. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Entre los principales cambios que introduce la norma se destacan:

  • Principio de Inocencia Fiscal: el Estado presume que los contribuyentes cumplen sus obligaciones y solo investiga si hay pruebas concretas de incumplimiento. Ya no se podrá suponer automáticamente la existencia de evasión.
  • Ajuste de los montos penales: se actualizan los valores a partir de los cuales la evasión se considera delito penal, y se permite cancelar deudas y evitar causas penales si se paga antes de que se inicie la denuncia, aunque solo se podrá hacer una vez por persona.
  • Extinción de la acción penal: si el Estado pierde la posibilidad de reclamar una deuda por vía administrativa, tampoco podrá hacerlo por la vía penal. No se podrán cerrar causas de evasión con mecanismos de conciliación como sucede en otros delitos.
  • Penas por simulación: quienes utilicen documentos falsos o maniobras engañosas para simular el pago de impuestos podrán recibir entre dos y seis años de prisión si el monto involucrado supera ciertos valores, medidos en salarios mínimos.
  • Actualización automática de montos: los valores de referencia para multas y delitos se ajustarán cada año según la inflación y deberán publicarse oficialmente.
  • Cambios en plazos y multas: se reducen los plazos de prescripción a tres años para quienes cumplen regularmente, y se eliminan suspensiones automáticas. Las multas administrativas para individuos y pymes bajan hasta un 90%, pero no para grandes empresas.
  • Declaración jurada simplificada: personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones podrán optar por una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias
  • Efecto sobre ahorros en dólares: la ley no establece un blanqueo, pero reduce el riesgo de fiscalizaciones automáticas si los ahorros no superan los límites y no hay inconsistencias graves en las declaraciones.
  • Modernización fiscal: El éxito de la reforma dependerá de que el organismo recaudador implemente tecnología y mejore sus sistemas de control.
  • Multas más altas: las sanciones por no presentar documentación pasan de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas, aunque habrá un periodo de aviso antes de aplicar la multa.

 

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Lara Goyburu, politóloga: “La inflación volvió a ser el principal problema del país”

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La directora ejecutiva de Management & Fit, Lara Goyburu, detalló en una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso que el 77% de las personas consultadas identifica a la economía como su mayor problema, en un contexto de inflación creciente y endeudamiento que supera niveles de la pandemia.

En una charla con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Goyburu analizó cómo “el principal problema del país es la inflación”.

La economía y el ánimo social: los datos detrás de la protesta de la CGT

La reciente movilización de la CGT en Plaza de Mayo y la lectura de un documento con tono de advertencia fueron el telón de fondo del análisis. Goyburu contextualizó el reclamo sindical con los resultados de la encuesta: “Hace ya muchos meses que la dificultad para cubrir los gastos del mes es el principal problema personal”.

Según la politóloga, el endeudamiento y la morosidad para consumo hoy “superan los niveles de la pandemia”, reflejando una situación crítica. Aziz planteó que, aunque la inseguridad sigue presente, la economía absorbe todas las formas de malestar: “Creo que le preocupa la economía y adentro de la economía, el tema de la inseguridad”.

Esperanza en descenso y expectativas de futuro: el impacto en Milei

La directora de Management & Fit precisó que la esperanza, aunque aún está presente, retrocede: “Durante mucho tiempo, los sentimientos negativos rondaban el 50%. Pero siempre primaba la esperanza. Ahora, los sentimientos negativos duplican a los positivos, y el principal es la preocupación”.

Entre los consultados, la tristeza y la angustia desplazan al enojo como emoción predominante: “No es que entre los sentimientos negativos lo primero que aparece es el enojo, sino que son sentimientos más bien desmovilizantes”.

Sobre el vínculo con el gobierno de Milei, Goyburu aclaró: “Hasta el año pasado, este era un gobierno muy anclado en la confianza, en la expectativa de futuro. Esa expectativa, que en 2025 llegaba al 45%, ahora bajó al 34%. Pero ese descenso no se fue al pesimismo, sino al igual: todavía hay una especie de buffer de resistencia”. A pesar de la caída, un 60% aún cree que la situación va a mejorar en algún momento, aunque ese horizonte se va alejando.

Aziz destacó que la sociedad “todavía no hace responsable a Milei” de la crisis. Goyburu coincidió en que la falta de enojo masivo impide un recambio inmediato: “El 42,8% todavía dice el mismo equipo, con o sin cambios de política, pero el 51,6% quiere un cambio total, solo que no hay una oferta alternativa que los amalgame”.

Juventud, redes y futuro electoral: un electorado que no encuentra nuevas propuestas

Goyburu subrayó que “el 72% del pueblo consumidor tiene menos de 40 años” y que para las próximas elecciones, “casi el 53% del padrón va a tener menos de 39 años”. Este grupo no ha cambiado sus valores esenciales, pero ha desarrollado su identidad política en entornos digitales, lejos de la presencia adulta tradicional: “Lo que no ha tenido es la presencia de los adultos en los territorios donde construyeron identidad. Los valores son los mismos, pero se ordenaron sin la presencia de los adultos”.

El apoyo a Milei entre varones jóvenes, tradicionalmente transversal, ahora se concentra en sectores de nivel socioeducativo medio y alto. “El nivel socioeducativo bajo no vuelve al otro lado, se va al igual, al no sabe, no contesta, al no elegir a ninguno”, explicó la analista. El sistema político, según Goyburu, enfrenta el riesgo de un primer gran fracaso generacional si no logra ofrecer alternativas nuevas: “Si este ciclo fracasa, va a ser el primer fracaso fuerte de esta generación”.

Sobre la imagen de dirigentes, mencionó que “todos los que han sido protagonistas de los últimos 20 años tienen más de un 45% o hasta un 55% de imagen negativa”.

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El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof

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La falta de certezas sobre qué pasará con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el orden nacional para el año que viene, producto de los consensos que hoy por hoy no están en el Congreso, impacta en la provincia de Buenos Aires, donde hay una ley propia de Primarias. En este esquema, el peronismo empieza a discutir cómo definir una candidatura para la gobernación y la chance de ir a una interna cobra volumen.

Son varios los dirigentes que trazan este posible escenario. “Vayamos a una interna. Yo soy de los que cree en la competencia. Hay que hacer valer el peso que cada uno tiene”, planteó en los últimos días el intendente de un distrito de peso del conurbano bonaerense a sus interlocutores, entre los que también había colegas suyos.

Distintos intendentes se están perfilando hacia una eventual precandidatura provincial en caso de que no haya cambios a la ley que limita sus reelecciones. Hoy, pese a que la voluntad de Kicillof es cambiar esa normativa, algunos dirigentes dejan correr cierto desencanto a la posibilidad de una modificación que le habilita a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares la posibilidad de ser reelectos solo una vez y que para ir por un tercer mandato, deberán dejar pasar cuatro años. ¿Cómo ordenar esas ansias de dar el salto provincial? Con internas.

Además, el peronismo transita una interna que repercute también en la Legislatura provincial. Sumado a eso, La Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo adelantaron que no acompañarán cambios a la ley provincial 14.836. Tampoco quienes están en el oficialismo e integran el Frente Renovador darán sus votos para cambiar la norma. Ante este escenario más de 80 jefes comunales no podrán ir a una reelección.

Queda una vía judicial que -tal como dio cuenta Infobae- es una estrategia que pergeñan algunos sectores pero la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo no transita su mejor momento.

Lo evidenció la actividad que hizo el máximo tribunal de Justicia provincial esta semana. El presidente de la Corte, Sergio Torres, escoltado por el vicepresidente, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand, presentaron el proyecto de ley de Fortalecimiento del Poder Judicial. Allí, pidieron ir hacia un esquema de autarquía del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y que sea la Corte quien diseñe su propio Presupuesto, inversiones y demás cuestiones como la negociación paritaria con los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente el Ejecutivo envía fondos por goteo y en los distintos estamentos de la justicia bonaerense admiten que “les pisan los fondos”. A esta situación y con un impacto directo a la cuestión de las reelecciones indefinidas se le agrega el reclamo que hizo Torres para que Kicillof y el Poder Legislativo cubran las cuatro vacantes que rigen hoy en la Corte, un organismo que funciona con tres de sus siete miembros.

Pese a las diferencias del peronismo, en los distintos campamentos coninciden que el problema no es fondo. “Es el método”, asegura un intendente de la Tercera sección electoral.

El mundo intendentista está activo. De los posibles candidatos a la sucesión de Kicillof hay al menos siete nombres que fichan en la liga de intendentes y dan señales de que están interesados en formar parte de la conversación provincial: Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (en uso de licencia como intendenta de Quilmes), Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), están es ese listado; que se extiende a dentro del peronismo con el Frente Renovador y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

“Me genera ilusión en relación a la renovación, construimos un lindo vínculo, pensamos cómo aportar a la provincia de Buenos Aires y el peronismo en este momento tan complejo”, planteó la semana pasada el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultado sobre el grupo de intendentes que lo rodea y desde el que se empieza a impulsar su instalción.

Cuando habló de las reelecciones indefinidas dijo que “hay dos bibliotecas y son y son atendibles. Una es que la gente pueda elegir al candidato o candidata que quiera sin ningún tipo de restricción, porque después el pueblo es soberano. Los intendentes van a elecciones, las ganan, las pierden. Ahora bien, en lo estrictísimamente personal, yo tengo una mirada a favor de la renovación y de la oxigenación. Yo creo que son lugares de tanto compromiso, de tanto esfuerzo y de tanta tarea que los proyectos cuanto más colectivos sean mejor”. Otermín, que es el vicepresidente del PJ bonaerense e integra el PJ nacional; también se muestra proclive a unas PASO a nivel nacional. Es que es una herramienta ordenadora para el peronismo, dadas las diferencias internas.

A nivel nacional, Kicillof es simpatizante de llegar a una PASO si no hay acuerdo. Lo planteó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este miércoles durante una charla en la Feria del Libro. “A mí me encanta el sistema de las PASO, el que quiera ser candidato se anota, armamos un frente y ahí se vota”. Aclaró que ese proceso debe ser para el año que viene.

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La empleabilidad como garantía de inclusión social

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En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.

Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.

Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.

Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.

La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.

La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.

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