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Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”

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En medio de las recientes denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió por primera vez al caso y afirmó: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”.
El dirigente enfrenta acusaciones judiciales surgidas desde finales de 2025, que señalan presuntas maniobras financieras y desvíos de dinero hacia sociedades vinculadas a personas cercanas a él y a otras autoridades de la AFA. Tapia, sin embargo, aseguró que vive estos días “tranquilo” y diferenció la percepción pública de la cobertura mediática: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, expresó.
A lo largo de su estadía en Mar del Plata, Tapia sostuvo que la respuesta de la gente ha sido positiva. “A donde voy es igual”, declaró en diálogo con La Nación. El presidente de la AFA remarcó que las muestras de afecto se multiplicaron tras el campeonato mundial de fútbol obtenido en Qatar 2022, y valoró la cercanía con el público, señalando que “esta es la verdad”, en referencia a la reacción popular frente a las denuncias.
Tapia explicó que, aunque permanece atento a la exposición mediática y judicial por los contratos de la AFA, en su vida cotidiana no recibe reproches al respecto. “Con lo otro (las denuncias y acusaciones) no pasa nada”, afirmó, y agregó que su principal preocupación siempre fue su familia, pero consideró que “los pibes ya están grandes” y saben cómo afrontar la situación. Durante su permanencia en el balneario Punta Mogotes, Tapia compartió almuerzos con amigos y allegados, y recibió visitas de funcionarios como Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Santiago Pérez Teruel, asesor general bonaerense. Acorde a lo reconstruido por Infobae, fue el propio titular de la AFA quien solicitó tomarse una fotografía junto a los dos funcionarios, quienes accedieron al pedido.
Esta aproximación al entorno de Axel Kicillof no constituye un episodio aislado para Tapia. Días antes, mantuvo reuniones con otros dirigentes del peronismo, incluyendo a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), con quienes mantiene una relación consolidada. El grupo de confianza se completa con Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Mantegazza, además, preside el Club Estrella del Sur de Alejandro Korn, San Vicente, institución que, por primera vez en su historia, competirá este año en la división C y cuyo estadio lleva el nombre de “Chiqui Tapia”.
La investigación por el manejo de fondos en la AFA
El análisis de registros bancarios confidenciales y documentos judiciales, difundidos tras un discovery ordenado en Estados Unidos, reveló una estructura sofisticada para gestionar los fondos internacionales generados por la Selección argentina de fútbol. Estos documentos demuestran que, bajo la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, se canalizaron partidas millonarias a una empresa privada radicada en Florida, TourProdEnter LLC, evitando así el circuito formal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los controles institucionales habituales. Este esquema permitió financiar tanto operaciones asociadas al fútbol, como otros destinos privados y poco transparentes, ampliando el monto investigado desde 260 millones de dólares y abriendo la puerta a posibles nuevas revelaciones.

Uno de los elementos más contundentes, según la documentación obtenida, radica en que las operaciones con TourProdEnter actuaron como una “caja central”. A partir de esa empresa, los fondos provenientes de patrocinadores internacionales y derechos comerciales de la Selección no solo se utilizaron para cubrir gastos habituales o inversiones deportivas, sino también para transferencias hacia sociedades offshore, intermediarios financieros y personas vinculadas personalmente a dirigentes, sin divisiones entre fondos destinados al fútbol y los usados con otros fines.

La investigación judicial, iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni tras reclamos contractuales por la organización de partidos amistosos, destapó así un entramado de ingresos y egresos que funcionaba con regularidad y altos volúmenes especialmente entre 2023 y 2024. Las planillas bancarias demuestran que TourProdEnter LLC, controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, manejó transferencias sistemáticas. El 14 de septiembre de 2023, se registró una transferencia de USD 4.200.000 a una cuenta de esta firma en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. Un ingreso adicional de USD 6.100.000 se documentó en noviembre del mismo año, canalizado a través del Bank of America bajo el concepto sponsorship payment. Estos pagos nunca pasaron por cuentas de la AFA, sino que se consolidaron en las arcas de la empresa privada.

Durante el proceso judicial en Miami, salieron a la luz mecanismos en los que la empresa TourProdEnter no solo servía para concentrar ingresos, sino también como punto de partida de transferencias millonarias a empresas “fantasma”. Al menos cuatro sociedades radicadas en Bariloche, con titulares de dudosa solvencia, fueron receptoras de aproximadamente 42 millones de dólares cuyo destino permanece sin esclarecerse.
La documentación revela casos donde los fondos alimentaron gastos personales o ajenos a la administración deportiva. El hijo de José Almaraz, identificado como guía espiritual y cercano al presidente Tapia, recibió giros desde las cuentas de TourProdEnter por un monto total de USD 340.000. Estos movimientos carecen de justificación contractual o vínculo comprobado con tareas institucionales. La naturaleza opaca de tales egresos repite el mismo patrón: la “caja” de la Selección se utilizó con amplia discrecionalidad.

El esquema incluyó operaciones complejas como la adquisición del club italiano Perugia Calcio. El 18 de diciembre de 2023, TourProdEnter dispuso dos transferencias de USD 150.000 cada una hacia Sports NextGen Ltd, otra sociedad ligada a Faroni. En marzo de 2024, se repitió el método con dos envíos de USD 412.500. Las fuentes judiciales, consultadas por Infobae, indican que esos fondos se trasladaron a Europa para concretar la compra.

Otra ruta significativa se detectó en el envío de USD 109 millones a un broker financiero con sede en Montevideo. De acuerdo con los registros, TourProdEnter giró dicho monto por cuenta y orden de la administración pública de los fondos internacionales de la AFA. Portavoces de ese intermediario uruguayo aseguraron que “todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y contaron con la debida documentación respaldatoria” y que “en todos los casos los fondos provinieron de bancos norteamericanos y eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local, de forma consistente con el contrato existente entre ambas empresas, que es de público conocimiento”.

El análisis de los extractos bancarios expone también pagos suntuarios que no guardan relación con el fútbol. El 22 de noviembre de 2023, TourProdEnter abonó USD 38.500 a un proveedor de aviación privada, y el 15 de enero de 2024, se efectuó una transferencia de USD 27.000 a una empresa vinculada a embarcaciones. Montos de entre USD 10.000 y USD 80.000 resultaron frecuentes para servicios de charter, aviación y actividades náuticas, siempre financiados con los ingresos de la Selección y sin justificación asociada a actividades deportivas.

La arquitectura financiera organizada por la gestión de Tapia permitió la fragmentación del dinero, dificultando su trazabilidad. Los fondos, cobrados y administrados en el exterior, ingresaban a cuentas locales apenas tras pasar múltiples intermediarios, lo que complicó la labor de los técnicos y auditores argentinos. La revelación del circuito se facilitó mediante la intervención judicial en Estados Unidos, donde tanto la Justicia como el FinCEN —homólogo estadounidense de la UIF argentina— avanzaron en la obtención de pruebas y documentación clave.

El contraste entre lo declarado en los balances oficiales de la AFA y el rastro documentado en los registros bancarios constituye la principal revelación de la investigación: los caminos del dinero generado por la Selección argentina resultaron ser mucho más complejos y ajenos al control institucional que lo que reflejaba la información pública de la dirigencia.

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El Gobierno evalúa gestos para las provincias de cara al 2027 y creen que podría haber más alianzas

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El presidente Javier Milei debe hablar el 1 de marzo para dar las perspectivas de lo que será su administración este 2026, así como la dinámica legislativa que buscará imprimir. El oficialismo de La Libertad Avanza comenzó a ganar mayor peso político con el crecimiento de sus bloques en ambas cámaras, pero todavía no tiene un nivel de independencia que le permita movilizar sus proyectos de manera automática.

“Todo depende de cómo nos llevemos con la oposición dialoguista y, en particular, con las provincias”, sintetiza un importante miembro de la Casa Rosada. Es decir, la ambición reformista del Gobierno está condicionada a cuántos incentivos tengan para colaborar los espacios opositores. Cuando se mira con esa óptica, 2027 está mucho más cerca de lo que se piensa.

Milei hará énfasis este domingo en la necesidad de ampliar el espíritu reformista a los fines de dar la batalla cultural que permita “sepultar” el modelo anterior. En su entorno coinciden, pero, tal y como adelantó Infobaemarcan que la cantidad de proyectos que podrán impulsar son menores a lo que se espera.

Y es que varios gobernadores están mirando hasta cuándo más apoyar al oficialismo. “Esto es fácil. Va a ser más fácil dar el número y ser laxos en nuestros apoyos en la medida que La Libertad Avanza no avance con el armado en nuestros distritos”, dicen cerca de un jefe provincial que coquetea con el Gobierno.

Este medio recabó opiniones de tres importantes integrantes del Gobierno. En todas parece haber la noción de que, con las cartas que se tienen ahora, debe haber un mayor espacio para la negociación política con los gobernadores de cara al año próximo.

El año pasado había dos grandes posturas. Por un lado, el sector ligado a Santiago Caputo consideraba que debía haber más consensos con los oficialismos provinciales: La Libertad Avanza perdía posibles escaños en ese trade, pero ganaba fidelidad de parte de un gobernador. La lectura del campamento Menem y del karinismo puro era de más intransigencia: apostar por candidatos puros que sean 100 por ciento fieles en ambas cámaras del Congreso.

Ambos parecen estar dispuestos a ser más concesivos de cara al año próximo. Así, La Libertad Avanza tendría intenciones de hacer más alianzas con provincias de las que hizo en 2025.

En ese entonces, la conducción nacional del partido convalidó solo tres coaliciones electorales con gobernadores: en Chaco, con Leandro Zdero; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; y en Mendoza con Alfredo Cornejo. También hubo un pacto de caballeros en San Luis con Claudio Poggi, que no compitió con su sello en las nacionales a cambio de que LLA no se presentara en sus elecciones locales, donde el gobernador ganó por amplísimo margen.

“Hay gobernadores que nos están dando los gestos correctos. Por ahora no tenemos los incentivos para competir contra ellos. Si muestran colaboración podemos aliarnos”, afirmó una fuente inobjetable.

Tal y como le gusta decir al Presidente, las sesiones extraordinarias fueron el principio de revelación de las alianzas que pudo tejer para impulsar sus principales reformas. El salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil fueron los principales partícipes de la colaboración hacia el oficialismo: “sus legisladores apoyaron casi todas las reformas del Gobierno y, además, les dieron las órdenes a sus respectivos senadores para que abandonaran el bloque Convicción Federal para disminuir el poder del interbloque de Unión por la Patria”.

Esa sucesión de gestos cayó muy bien en la Casa Rosada: no sería raro que, de continuar este ida y vuelta entre Nación y provincias aliadas, más de un referente provincial de La Libertad Avanza pueda tener que esperar cuatro años más para aspirar a la gobernación. Aun así, queda mucho camino por recorrer.

Los libertarios también agradecieron los comportamientos del cacique misionero Carlos Rovira, jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, que siempre se ha mostrado pragmático en su colaboración con los libertarios. El santacruceño Claudio Vidal ayudó en la reforma laboral, aunque eso no implica que en La Libertad Avanza sientan la necesidad de soltar el pie del acelerador y no armarle en su distrito. Lo mismo sucede con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro: pese a que en las últimas semanas se generaron espacios de colaboración, el oficialismo les va a competir en 2027.

Pese a esto, quienes han negociado con varios de estos jefes provinciales han notado que, en los últimos días, han crecido las demandas de parte de estos legisladores. Es por eso que varios consideran que el vínculo podría ser insostenible a partir del segundo semestre.

Una importante voz de la Casa Rosada no se resigna y piensa que hay algún gobernador con margen para afiliarse a La Libertad Avanza. De no poder hacerse, continuarán dialogando como se hacía hasta ahora. “El consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. No tiene un valor per se. Y el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo. Si sirve para eso, son bienvenidos, y si no, estarán enfrente”, afirman.

Muy cerca del Presidente creen que el año próximo puede darse un excelente resultado siempre y cuando la economía muestre signos de recuperación y la oposición esté dispersa. En un escenario optimista, creen que pueden ganar en 16 provincias. El calendario electoral sigue sin definirse y en una gran cantidad de casos podría adelantarse para cuidar el pago propio.

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El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

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El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.

“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.

Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.

Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.

Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.

“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.

Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.

“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.

Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.

Qué dice el proyecto

La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.

El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.

El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.

En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

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Arde el PJ: la alianza Pichetto-Moreno, la batalla ganada por los Kirchner y la avanzada de Kicillof en CABA

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“El peronismo tiene que perdonarse. Mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está mandando a la miseria. Dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido, y empezar a mirar el presente y el futuro, y la necesidad de construir una propuesta junto al centro nacional para ganar las elecciones”.

El mensaje pertenece a Miguel Ángel Pichetto, el actual diputado nacional que forma parte de Provincias Unidas, donde convergen el peronismo cordobés y un sector del radicalismo. Un espacio con el que una parte del peronismo cree que se debe forjar una alianza electoral. El rionegrino fue un estandarte histórico del peronismo en el Senado y terminó protagonizando una disruptiva candidatura presidencial junto a Mauricio Macri. En los últimos meses volvió a mimetizarse con las bases del justicialismo, anudado a la figura de Guillermo Moreno.

El legislador y el ex secretario de Comercio hace tiempo que tienen sintonía fina. Si bien conviven con aspiraciones propias de cara al 2027, el objetivo central de sus apariciones políticas en conjunto tiene que ver con la necesidad de dinamizar la discusión del peronismo, inmerso en una tediosa disputa en la provincia de Buenos Aires, y atestado de dirigentes que quieren construir un proyecto nuevo pero no se mueven demasiado para impulsarlo.

Pichetto y Moreno trabajan en tándem para movilizar la construcción de una propuesta nueva justicialista. Claro está que ellos, como figuras, no expresan lo nuevo. Lo que hacen es empujar ese debate desde una terminal del peronismo. Levantan la mano, proponen que la discusión se expanda, reclaman que haya más compromisos de todos los sectores y advierten sobre la necesidad de levantar un esquema político más amplio para enfrentar a Milei. Para eso, creen, hay que saber perdonar. Menos acusaciones de traición y más abrazos de perdón. Como Cristina Kirchner y Sergio Massa hicieron en el 2019, antes de la creación del Frente de Todos.

El martes pasado Pichetto visitó a Cristina Kirchner. Fue un encuentro cálido en el que empezaron a saldar algunas heridas del pasado. Llevaban mucho tiempo sin verse. El rionegrino fue jefe de la bancada peronista en el Senado durante los dos primeros gobiernos kirchneristas. Un leal consciente de que la verticalidad del peronismo condiciona cualquier postura personal. Un crítico de las ideas más progresistas del kirchnerismo, que quiere trabajar de articulador de voluntades. Un rol que siempre le quedó cómodo.

“Ahora viene la etapa más fácil que es elegir un candidato. Solo nos falta que nos pongamos de acuerdo en elegir el hombre o la mujer que sea capaz de entender que es un proyecto colectivo, que tiene doctrina, que tiene un plan de gobierno. Tenemos que hacerlo entre todos”, dijo Moreno en el plenario que protagonizaron en el centro porteño. El ex secretario de Comercio asegura que el eje de la construcción tiene que ser “la producción y el trabajo”. Y es con todos adentro

Moreno asoció a Pichetto a la tarea de “volver a las bases peronistas”, como suele decir en sus actos. Ambos tienen una posición distante del armado de Axel Kicillof que, hasta ahora, es el principal precandidato que tiene el peronismo y el único que se mueve, decididamente, en esa dirección. El Gobernador tiene la intención de correrse de la interna bonaerense, pero los tironeos constantes con el cristinismo se lo impiden. Él también, por acción u omisión, a veces quiere jugar ese juego.

En las primeras horas del viernes Kicillof perdió una de las tantas batallas que dio contra La Cámpora. El sector de Cristina Kirchner se quedó con la vicepresidencia primera del Senado bonaerense. Pudo imponer al intendente, en uso de licencia, y actual senador por la primera sección electoral, Mario Ishii. Era un lugar que el kicillofismo no estaba dispuesto a negociar y que, después de una semana de conversaciones, terminó perdiendo.

El Gobernador quería que ese lugar fuera para la senadora de Bahía Blanca Ayelén Durán, pero no lo logró. Entendía que la línea sucesoria tenía que quedar en su poder. Sobre todo pensando en una eventual licencia si llega a ser candidato a presidente. Pero el cristinismo se plantó, peleó hasta el final, y le bloqueó esa posibilidad. “Cristina le dio la línea de sucesión a Macri y a Milei cuando fueron presidentes. Y ahora La Cámpora se la arrebató a Axel”, se quejó un dirigente de primera línea del kicillofismo. La diferencias son muchas. En lo máximo y en lo mínimo.

El esquema político del Gobernador jugó a fondo como sucedió en las discusiones por el PJ y el desdoblamiento. Pero esta vez se chocó con la derrota. O, visto desde otra óptica, con el triunfo de los Kirchner. El resultado abrió una hilera de reproches y acusaciones. En el kicillofismo aseguran que el cristinismo “rompió el acuerdo” de los lugares, ya que el vicepresidente primero anterior, Néstor Vivona, hombre de Leonardo Nardini, había tenido el aval de Kicillof. En el toma y daca, en La Plata dejan entrever que en esta vuelta no hubo una devolución de gentilezas.

“Hay un sector minoritario del MDF que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo. Siempre hablan de ganadores y perdedores”, indicaron en el entorno de la ex presidenta de la Nación. Los apuntados tienen nombre y apellido: Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque. En el sector de CFK hay un enojo profundo con el Jefe de Gabinete bonaerense. Nunca lo quisieron demasiado, pero desde que aseguró que había que cumplir con los pedidos de Kicillof “sin chistar”, directamente pasó al grupo de los peores enemigos internos.

En paralelo a las batallas con el camporismo, Kicillof sigue sumando ladrillos a su construcción presidencial. Este sábado un conjunto de agrupaciones que están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizarán un primer plenario en el barrio porteño de Flores, con el objetivo de centralizar y consolidar el armado del Gobernador en la Ciudad de Buenos Aires.

En la articulación de ese esquema político, que derivará en la presentación del MDF porteño en un lapso breve, está el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, amigo y hombre de extrema confianza de Kicillof. Costa creó una agrupación llamada Kilómetro 0 que, junto a Primero la Patria, liderada por el “Cuervo” Larroque, trabajan en la construcción del kicillofismo en la capital.

La idea que tienen es que para la presentación del MDF, Kicillof haga su desembarco oficial como precandidato presidencial en CABA. Ese cúmulo de agrupaciones tienen un plan paralelo e institucional. Quieren ganar terreno dentro del PJ Porteño para poder competir en las próximas elecciones, que se realizarán este año. “Hay que fortalecer las bases de quién va a ser el próximo presidente de la Argentina”, fue la sentencia anímica de una de las armadoras del esquema territorial en suelo porteño. La tribu axelista está decidida a avanzar con mayor decisión en el 2026.

El peronismo está en movimiento. Hay algunos acercamientos, unas cuantas grietas, divisiones marcadas y varios dirigentes que tratan de gestionar un debate interno que dé lugar a una nueva propuesta electoral. Sumas y restas. Casi todo el tiempo. Cuentas que se dan en un año donde el peronismo tiene que encontrar un camino que los lleve a mimetizarse, nuevamente, con las mayorías. Ese gran amor que tuvo varias separaciones en los últimos diez años.

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