El escalofriante caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles.
Ante la crudeza y los detalles del caso, diferentes dirigentes políticos volvieron a poner en debate la necesidad de acelerar en la baja de la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor. En la reforma del Código Penal que elabora el Gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se ha llegado a proponer que esa tara llegue a los 13 años.
El Gobierno decidió no incluir esta reforma en el llamado a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo realizó vía decreto. Incluso, una altísima fuente con acceso al despacho presidencial comentó hoy a Infobae que hay asuntos que se están terminando de elaborar y que su redacción quedaría definitiva para la primera quincena del próximo mes.
Sin embargo, dados los acontecimientos recientes, al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei confesaron a Infobae que quieren incluirla para que este asunto se debata cuanto antes. “Yo la quiero impulsar ahora”, marcó una fuente inobjetable en relación a las extraordinarias.
“Hoy lo estuvimos discutiendo. Veremos. Porque las sesiones extraordinarias arrancan el 2 de febrero y, hasta que nosotros votemos las leyes, en la Cámara de Diputados no hay temas. Podría ser un tema importante, que fue relegado, que ya tenía dictamen ahí, que se cayó, pero que lo puede tener inmediatamente”, profundizó otra fuente de la mesa.
Al menos tres dirigentes marcaron a este medio que lo van a someter a debate en la reunión del próximo lunes de la mesa política que se desarrollará en Casa Rosada.
Hay quienes en ese grupo de dirigentes ponen paños fríos a ese asunto y marcan que debe tratarse en su integralidad junto al resto de modificaciones del Código Penal. “La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando”, marcó otra importante fuente.
Es decir, considera que el proyecto debe ser prioritario una vez que se inauguren las sesiones ordinarias en marzo y que va a buscar a ser discutido lo antes posible, incluso antes que otras reformas de similar urgencia.
La reforma del Código Penal fue incluida incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el avance en las negociaciones del proyecto de Modernización Laboral.
En mayo del año pasado, el oficialismo de La Libertad Avanza había conseguido que la baja de imputabilidad tuviera dictamen en la Cámara de Diputados. Con la finalización de las Ordinarias, ese dictamen ya no existe. En ese momento se trató por separado y se impulsaba bajo la denominación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Además de que se habilite a que un menor sea punible desde los 14 años, el dictamen marcaba que, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio, que no se puede interrumpir sus estudios y que se deben implementarse programas de educación.
El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años. El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes.
Pero la idea que prosperó en las mesas políticas y técnicas del Gobierno fue que la iniciativa debía estar cubierta por un paraguas con reformas más amplias e integrales. “Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, habían explicado a Infobae.
La reforma integral del Código Penal pasó por dos etapas. En primer término, un grupo de penalistas, con integrantes como el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, entregó una primera versión con un total de 540 artículos que luego se amplió a 912 artículos. Meses después, se inició un extenso período de revisión con una mesa de estilo político, encabezada por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la exfuncionaria.
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