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La CGT comenzará el martes en Córdoba su gira de contactos con gobernadores para frenar la reforma laboral

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La CGT ya definió su primera parada en su gira por el interior contra la sanción de la reforma laboral: el martes próximo, el triunvirato cegetista viajará a Córdoba para reunirse con el gobernador Martín Llaryora con el fin de que sus legisladores no voten el proyecto oficial.

La comitiva de la CGT estará integrada por su triunvirato, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes decidieron a comienzos de mes una agenda de viajes para tomar contacto directo con los mandatarios provinciales y comprometerlos a rechazar la reforma laboral del Gobierno, que el Senado tratará desde el 11 de febrero.

El itinerario tentativo de la CGT también incluía viajes a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, en una primera etapa, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora sólo se pudo definir el encuentro en Córdoba, cuyo gobernador, junto con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no avalan el recorte de los derechos laborales ni el capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos que reciben las provincias por el Impuesto a las Ganancias.

“Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad en materia de juicios privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores y menos en un momento tan difícil con cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, dijo Llaryora al comenzar el Festival de Cosquín.

No hay más contactos confirmados de la CGT, aunque sí un encuentro con el dirigente correntino Gustavo Valdés, de la UCR, cuyo hermano, el gobernador Juan Pablo Valdés, estuvo este viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, para conversar sobre el mismo tema.

En la CGT se quejan de la actitud de tres gobernadores que se muestran renuentes a recibirla: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca): pese a la insistencia sindical en fijar una fecha de reunión, estos mandatarios “buscan excusas para no hacerlo o no contestan los llamados”.

Para la central obrera se trata de una pésima señal: crece la sensación de que la mayoría de los gobernadores acompañará al Gobierno votando en favor de la reforma laboral en el Congreso, aunque hay dirigentes que dudan porque el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su rechazo a introducir compensaciones a las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, descartó que los gobernadores avalen en forma unánime la iniciativa del Gobierno: “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley de reforma laboral”, afirmó en declaraciones radiales.

“Venimos generando conciencia con cada gobernador, con cada senador”, señaló el sindicalista y enseguida advirtió: “Apelamos a que no dejen sus convicciones en la puerta del Senado a la hora de votar”.

La raleada agenda de contactos cegetistas sólo tiene previsto hasta ahora, además de la audiencia con Llaryora, un encuentro con senadores nacionales de la UCR y de otros partidos no alineados con el Gobierno para sumarlos a su estrategia contra la reforma laboral.

Frente a la actitud reacia de algunos gobernadores a reunirse con la CGT, hay sindicalistas que están planeando la venganza: “Vamos a hacer todo lo posible para que en esas provincias aumente la conflictividad sindical”, advirtió a Infobae un jefe cegetista.

La CGT está jugando a varias puntas dentro del Gobierno para lograr su objetivo: atenuar la reforma laboral que está en el Senado y que, si se aprueba sin cambios, desatará una guerra total entre Javier Milei y el sindicalismo a partir de mediados de febrero.

En concreto, los líderes cegetistas mantienen contactos reservados en 3 frentes del oficialismo en forma simultánea: el asesor presidencial Santiago Caputo; los Menem (Martín y Lule), asociados con Santilli, y Patricia Bullrich desde el Senado, donde ya funciona una comisión técnica, presidida por la asesora bullrichista Josefina Tajes, que recibió a entidades empresariales que objetan la reforma laboral para analizar varios cambios.

Ya con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apartado de las negociaciones con la CGT y los empresarios, como fruto de la decisión política de los libertarios de llegar a un acuerdo con la central obrera, el Gobierno trata de mantener el núcleo básico del articulado de la reforma laboral “en todo lo que hace a la promoción del empleo”, como admitió Bullrich.

Aun así, en la CGT protestan en voz baja: dicen que el Gobierno muestra buena predisposición a aceptar los cambios que promueve en el proyecto oficial, pero “hasta ahora nadie bajó el martillo” para concretarlos.

Por eso los líderes cegetistas, en forma paralela, quieren influir en la postura de algunos gobernadores contra la reforma laboral y explicitan cuál es su primer objetivo en esta batalla política: lograr que el proyecto no se pueda tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba pasar a debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que Milei afronte desde marzo varios frentes críticos por la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.

Mientras, dirigentes sindicales del ala dura que critican la estrategia cegetista en curso y de las dos CTA acordaron este miércoles un plan de lucha contra la reforma laboral sin esperar una decisión orgánica de la CGT.

En una reunión realizada en la UOM, los referentes sindicales decidieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10 de febrero, además de la convocatoria a realizar paros y marchas callejeras el día en que el Congreso trate el proyecto de ley.

El encuentro fue encabezado por el anfitrión, Abel Furlán, líder de los metalúrgicos, y contó con la presencia de dirigentes de la la Federación de Aceiteros (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Uno de los referentes de este frente sindical es Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que declaró: “Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina por desfinanciar y fundir a las provincias”.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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Por trabajos programados no tendrán agua en el barrio Juan Lopes

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ABSA informó que mañana se verá afectado el servicio de agua potable en el barrio Juan Lopes por trabajos programados en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) en Bahía Blanca.

Las intervenciones serán en las intersecciones de Thompson y Arango; y de Cittá y Chubut.

“Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio”, pidieron desde la prestataria.

Fuente: Frente al cano.

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