Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.