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El Gobierno quiere dejar atrás el traspié con el INDEC mientras el peronismo desconfía hasta de su sombra

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En medio de la paz, al Gobierno le estalló un problema que no esperaba. Y nada tiene que ver con la reforma laboral. En Casa Rosada nadie anticipó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pensó que el ahora ex titular se quedaría en el cargo a pesar de la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del organismo. En Nueva York, grupos de inversores referenciados en asesores argentinos, además de no esperarlo, no lo podían entender. Por estas horas sigue la sorpresa, a lo que uno de ellos definió ante un lobbysta con sede en Manhattan como una “arrogancia innecesaria”, porque “el mercado ahora te la deja pasar y luego te la cobra”.

Las consecuencias en la credibilidad del instituto son impredecibles, sobre todo por los motivos de la salida de Lavagna a raíz de la fuerte discusión para publicar el nuevo método. Quien estuvo al tanto de esta discusión se sinceró ante Infobae: “No era cuestión de si daba más o menos, porque eso hace un año que iba arriba y abajo. Lo que se rompió fue la completa independencia del INDEC, sus planes de trabajo y la credibilidad”.

La frase se condice con el informe de diciembre del Banco Central. En su página 58, la entidad señalaba: “En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del índice busca reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado”.

En otro apartado, llegaba a este punto: “La primera conclusión que surge de estas estimaciones es que los servicios ganarán peso en forma significativa en detrimento de los bienes (aproximadamente 12 puntos porcentuales)”. El Gobierno, en consecuencia, le prohibió al INDEC reflejar los datos estadísticos. Por eso renunció Lavagna.

Ese tropezón evitable apareció en una semana intensa para el Gobierno en el Congreso. Por ahora, más allá de las declaraciones que buscan calma en el poroteo, los votos no están para aprobarlo en el Senado. Patricia Bullrich asegura que irán al recinto sí o sí el 11 de febrero. La discusión central con los gobernadores afines —tanto del PJ como radicales y del PRO— es por el ya trillado Impuesto a las Ganancias. El proyecto, en esta parte impositiva, busca reducir la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5%, con escalas intermedias que bajan del 30% al 27%. Significan 1,7 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Los gobernadores estiman en 144 mil millones de pesos por mes lo que dejarían de percibir en concepto de coparticipación. Los mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz en Salta, no dudaron en sacarse la foto con Diego Santilli, ministro del Interior, pero por lo bajo aseguran que es imposible votar eso sin que haya una recomposición por otro carril. El presidente Javier Milei, por ahora, ordenó no cambiar de idea.

En ese sentido, el jueves habrá una reunión de todo el bloque de Fuerza Patria. Contará con presencia perfecta, salvo algún caso de viaje personal que pueda tener un senador. Allí se tocarán varios temas. El primero será la reforma laboral. Quienes responden a gobernadores “dialoguistas” plantearán la necesidad de acercar posiciones. Pero, como está pasando en la mayor parte de las estructuras políticas opositoras, el gran problema vendrá por planteos internos. El último pasó bajo el radar mediático, pero por estas horas es clave para evitar una ruptura que puede ser total.

Para entenderlo hay que repasar lo sucedido en Jujuy. Allí el PJ está intervenido y quienes llevan adelante la tarea son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, ambos cercanos a Cristina Kirchner. En febrero habrá elecciones internas en esa provincia. Allí, la senadora Carolina Moisés planea enfrentar a La Cámpora. Pero ahora la legisladora fue suspendida por “inconducta partidaria” —la acusan de votar y favorecer al Gobierno—. Además, dieron de baja a 300 afiliados que le responden. “Los kirchneristas creen que fue la cabecilla de la rebelión y por eso saltaron así. Ella no quiere saber nada y está dispuesta a terminar de romper”, relató un compañero de banca. Desde San José 1111 negaron una interna partidaria y apuntaron a sus votos “como si fuera libertaria”.

El temor es que lo sucedido en Jujuy pueda reproducirse en otros ámbitos. “Es cierto que los sellos no le importan a nadie salvo a nosotros. Pero ahí se juega el armado para lo que viene”, explicaron. Puede dar fe de eso el gobernador Axel Kicillof, que tiene las horas contadas para aceptar o declinar la oferta que lanzaron desde La Cámpora para ser el presidente del PJ bonaerense. El mandatario quería imponer a Verónica Magario, pero no generó consenso. Máximo Kirchner contraatacó y dijo que debería ser él quien se ponga al frente. El armado de las listas vence el 8 de febrero. Por ahora, todos —por las dudas— juntan avales, aunque nadie quiere llegar a la instancia de votación.

“No van a financiar una interna. Es una discusión sin sentido para los que están en el territorio”, se animó a plantear un dirigente del PJ que busca acercar posiciones. Por las dudas, hubo paz en un punto clave: los veedores partidarios. En la práctica, son quienes aceptan o desestiman las listas. A los cuatro que ya estaban confirmados —Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez— se sumaron dos más para el “axelismo”. De fondo quedó otra discusión latente: las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Más allá de la alternativa legislativa, hay quienes insisten en una definición judicial que les permita seguir de la misma manera. Por fuera de la rosca partidaria, la preocupación en las filas del gobernador pasa por el déficit fiscal, que no baja de 1,5 billones de pesos. Proveedores del Estado bonaerense repiten por estas horas una pregunta clave: “¿Está el dinero para pagar las deudas con las empresas que le prestan servicios a la administración de Kicillof?”. Solo en alimentos, para citar un ejemplo, el gobierno bonaerense gasta más de 60 mil millones de pesos por mes. “Estamos financiando todo lo que Nación cortó”, explicó uno de sus funcionarios.

Sin déficit pero con movimientos sin freno, en la Ciudad de Buenos Aires hay que poner la lupa. Quizás el cambio más importante, en términos de poder y relaciones con empresarios clave, fue el que se produjo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desde esa silla se habilitan los permisos para proyectos inmobiliarios. El ganador, como de costumbre en los últimos meses, fue Daniel “Tano” Angelici. El empresario del juego y hombre fuerte del radicalismo porteño se quedó con el área.

Allí estaba Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Había ocupado ese cargo en Vicente López y asumió cuando el primo del expresidente ganó la elección en 2023. Ahora al frente estará Agustina Olivero Majdalani. “Fue un movimiento del ‘Tano’, que ahora va a manejar un área clave para la Ciudad”, relató a Infobae un dirigente del PRO.

Angelici ya había obtenido un premio a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto. Como parte del acuerdo con Macri, puso a Christian Gribaudo, ex senador bonaerense del PRO, como secretario administrativo de la Cámara. Desde allí maneja los gastos y contrataciones del Parlamento, con una billetera que envidia cualquier distrito por el volumen y la opacidad de los manejos. En ese puesto estaba Ignacio Pérez Lorgueilleux, que responde a Santilli. Pocas semanas después saltó a Nación para ser titular del RENAPER. Quienes siguen de cerca estos movimientos creen que Macri está entregando parte de su poder para no tener mayores problemas con una Legislatura que puede jugarle en contra —tiene menos de siete legisladores que le responden—. Algunos piensan que demasiado.

Días atrás, otro que encontró trabajo rápido fue el exlegislador Yamil Santoro. En diciembre dejó la Legislatura y hasta posteó en LinkedIn que buscaba empleo. La Ciudad lo volvió a cobijar: asumió como CEO del Parque de la Innovación. “Se animan varios cuando parece una estructura endeble. Y la Ciudad tiene lugares infinitos”, sentenciaron.

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Pilar Ramírez cruzó a Jorge Macri por el cambio en la gestión porteña: “No somos celosos, pero tiene que ser por convicción”

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A poco más de un año para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones iniciadas entre La Libertad Avanza y el PRO, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el cambio en las políticas que llevó a cabo Jorge Macri.

En diálogo por Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad respondió ante la pregunta sobre si el jefe de Gobierno porteño copia las políticas de la administración nacional y dijo: “A veces le falta reconocernos el copyright. Pero el orden para este gobierno es una prioridad, pero por convicción”

Este presidente fue el que terminó con los piquetes, el que terminó con los acampes. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político, que es La Libertad Avanza, decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, agregó.

Y siguió: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si él entiende que las políticas de La Libertad Avanza que nosotros impulsamos son el camino correcto y que así lo expresaron los porteños el año pasado, bienvenido sea, porque va a mejorarle la vida a los porteños. Nosotros en ese sentido no somos celosos, pero tiene que ser por convicción”.

Las declaraciones de Ramírez se producen en el marco de una estrategia territorial que LLA viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO. Esta semana, la legisladora recorrió junto a Karina Milei la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano, donde conversaron con sus dueños sobre producción industrial, empleo y obstáculos para invertir. La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, la había acompañado en una visita a la cadena de heladerías Lucciano’s en Las Cañitas, donde el cofundador y CEO, Christian Otero, ponderó el avance económico de los últimos años: la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ese marco, sobre la posibilidad de un acuerdo electoral más amplio con el PRO de cara a 2027, Ramírez fue clara en sus condiciones. Señaló que todavía hay temas en los que ambos espacios no coinciden, como la reforma política, la suspensión de las PASO y la ley de bases porteña, sobre las que el jefe de Gobierno no se pronunció. “Yo lo que sostengo es para qué un acuerdo, porque todavía hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, planteó, y añadió que cualquier entendimiento deberá esperar al año electoral.

También identificó los principales problemas que observa en la gestión de la Ciudad: el contrato de recolección de residuos sin relicitar desde hace veinte años, basado en un modelo que Barcelona utilizó en los años 2000 y que hoy considera superado, y la demora de más de ocho meses para abrir un comercio. Como alternativa, propuso avanzar hacia la termovalorización y señaló que el Estado porteño presenta estructuras duplicadas, como el caso del Ministerio de Espacio Público y las mismas facultades replicadas bajo la Jefatura de Gabinete.

Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, Ramírez descartó estar pensando en eso. Definió a Karina Milei como “el corazón de La Libertad Avanza” y la describió como una persona que “llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue trabajando”. Sobre las perspectivas electorales nacionales, fue categórica: “Obviamente que va a ganar el presidente Milei y va a seguir profundizando este modelo que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez”.

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Senado: qué propone el régimen de incentivos a inversiones que la UCR le pide al Gobierno

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La Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado empezó a ajustar algunas tuercas en su relación legislativa con el oficialismo libertario y consiguió, por ahora, que un plenario de tres comisiones comience a debatir la propuesta de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas. La discusión se dará durante una jornada que continuará -horas de diferencia- con el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada y que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”.

El texto en cuestión fue presentado por el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), y acompañado por Mariana Juri (Mendoza) y Daniel Kroneberger (La Pampa), entre otros. El primer desafío será obtener un dictamen en las tres comisiones a las que fue girado el articulado: Presupuesto y Hacienda; Legislación General, y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se estiman un par de encuentros, de mínima.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

En cuanto a los beneficios, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”. Sobre obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Vischi fundamentó en la iniciativa que la misma “complementa lo dispuesto en el RIMI -que se disparó con la reglamentación de la ley de reforma laboral-, ofreciendo beneficios de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica”, y que “desde esta perspectiva, los beneficios a las inversiones irán desde micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo”.

El convite para analizar este tema está programado para las 16. Una hora más tarde otro plenario, el de las comisiones de Presupuesto; Economía Nacional; y Legislación General tiene agendado seguir con el Súper RIGI, que la oposición dialoguista -e incluso algún oficialista- le frenan al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La semana pasada amagó con exponer -horas antes, avisó sobre su ausencia- el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo reclamaba mucho la oposición, aunque ninguno de los que lo pedían protestó después por el faltazo.

La puja que se da está relacionada con la resistencia de la Casa Rosada a abrir el juego en el articulado, debido a que el texto ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta podría sancionar. Una de las ideas de la jefa libertaria, la porteña Patricia Bullrich, es avanzar con el RIIR de los radicales para blindar, con los diez votos de dicha bancada, el Súper RIGI. No obstante, nadie asegura que todo esto se acelere en el corto plazo, aunque la convivencia en el Senado varía según la semana y ya nadie anticipa resultados legislativos.

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Javier Milei vuelve a colocarse al frente de la pelea legislativa, antes de poner a prueba el nuevo vínculo con el PRO

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En la antesala de las sesiones en las que el oficialismo intentará salir del letargo parlamentario y empezar a aprobar las próximas reformas, el presidente Javier Milei se volverá a poner al frente de la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, mientras que su equipo se prepara para la primera prueba de lealtad, en el marco de la nueva relación con el PRO de cara a las elecciones del año que viene.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del espacio, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Será un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta.

El encuentro se realizará tan solo unas horas después de que, a pocos metros, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se junte la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Allí estarán, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado y remarcan que “son charlas profundas sobre ideas”, en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que estos proyectos salgan, aunque hay expectativa sobre cómo acompañará el PRO, con el que están iniciando una etapa de fuerte acercamiento.

Aunque se había acordado una mesa de diálogo cada 15 días, en esta oportunidad no se adelantó para que se diera antes de la sesión y, según reconocieron algunos de los involucrados, “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

Así lo terminará de definir en estos días Santilli, que es quien se encarga de estas negociaciones, junto con un viejo conocido del macrismo, Cristian Ritondo, con quien todavía no se comunicó para coordinar.

Con una posible alianza en la mayor parte del país en el horizonte, las partes decidieron juntarse periódicamente para ir creando una “confianza mutua”, basada no solo en reglas de juego claras para el armado de las listas, sino también en una sintonía a nivel legislativo.

A diferencia de noviembre del 2025, cuando se estaba por producir el recambio parlamentario luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de medio término, a esta reunión en Casa Rosada no fueron invitados los miembros del PRO.

Uno de los puntos en conflicto entre los dos partidos sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires, donde el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, piensa ir por la reelección, pero todavía no tiene el respaldo de los libertarios.

De hecho, recientemente la titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, puso en duda el cambio de postura en la gestión del alcalde, que se muestra más “mano dura”, y se preguntó si ese cambio fue por “convicción o es solo un focus group y la foto”.

“¿Para qué un acuerdo? Hay cosas que nosotros queremos ir a fondo como la reforma política y el jefe de Gobierno todavía no se ha pronunciado, como la ley de libertad comercial, la ley bases…”, señaló la legisladora en una entrevista radial.

Por su parte, además de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal, Bonoroni también quiere convertir en ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último debería volver al Senado, porque sufrió cambios.

En ese rencinto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

Todavía no hay fecha para la discusión de la reforma electoral, que continúa generando cierta tensión interna en el Gobierno, debido a que no hay un consenso claro entre los miembros del oficialismo sobre la viabilidad de aprobar algunos de sus puntos, principalmente la eliminaión de las PASO.

Tal como anticipó este medio, en el entorno de la ex ministra de Seguridad observa con pesimismo el avance de la medida y considera que no reúne los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada, en cambio, sectores cercanos a Karina Milei sostienen que siguen trabajando en la búsqueda de apoyo.

Ambas facciones coinciden en que el debate sobre las primarias podría celebrarse entre septiembre y octubre, aunque es probable que este tema termine discutiéndose en el marco de la mesa política, donde están tanto la secretaria general como Bullrich.

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