La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes que el oficialismo convocará a sesión el 11 de febrero para tratar la reforma laboral. La principal espada legislativa de Milei en la Cámara alta aseguró que la negociación está “95% cerrada” pero reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.

Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Ante esta situación, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Algo similar a lo que ocurrió cuando se aprobó el Presupuesto 2026: en esa oportunidad salió rechazado el capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

Sin embargo, desde una de las principales provincias productivas explicaron que no tienen ninguna intención de confrontar con el Gobierno por este tema. “Que Zdero o Frigerio vayan a pelear por Ganancias, porque después nosotros nos peleamos con el Gobierno y ellos terminan siendo aliados”, explicaron.

La referencia a los gobernadores de Chaco y Entre Ríos no es casual, ya que ocupan el cuatro y el quinto lugar de las provincias más afectadas por la caída de la masa coparticipable (Buenos Aires dejará de recaudar $397 mil millones; Santa Fe, $161 mil millones; Córdoba, $160 mil millones; Chaco, $90 mil millones; Entre Ríos, $88 mil millones). Pero además en ambos casos conformaron alianzas electorales con La Libertad Avanza para las elecciones provinciales y nacionales.

Según su visión, las provincias grandes serán las más afectadas pero tienen espalda financiera para hacer frente a la caída de recursos, que además se aplicará a partir de 2027. “No tiene sentido que nosotros pongamos la cabeza en la guillotina por las provincias chicas”, insistieron.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya tiene una postura muy clara de confrontación total contra el gobierno de Milei. Pero los gobernadores de Córdoba y Santa Fe son conscientes de que comparten electorado con LLA y no quieren quedar expuestos como los que rechazan una baja de impuestos. Además, sondeos de opinión locales indican que la reforma laboral tiene apoyo mayoritario entre sus votantes.

Hasta el momento, desde la Casa Rosada dejan trascender que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a ceder sobre el capítulo fiscal. No habrá ninguna compensación adicional para las provincias incluso si esto significa que el artículo salga rechazado al momento de la votación en particular.

Por su parte, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para este miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Pero el encuentro permanecía en duda porque muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir. En ese grupo se destacaban los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.