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Oficializaron la reestructuración del IOSFA y separaron la obra social de los militares de la de los policías

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El Gobierno oficializó una decisión que ya habían anticipado a finales de 2025: la reestructuración integral del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas, separando de forma definitiva la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales. El anuncio, que impacta directamente sobre más de 500 mil beneficiarios, responde a demandas históricas de ambos sectores y marca un punto de inflexión en la gestión de la salud pública para las fuerzas de defensa y seguridad.

Las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La deuda que mantiene ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Gobierno consideran que estos problemas operativos derivan de irregularidades en la gestión de las administraciones anteriores.

Entre las poblaciones más golpeadas por el deterioro de la entidad se encuentra Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceder a servicios básicos de salud.

Frente a este diagnóstico, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de alternativas viables para rescatar a IOSFA del colapso. La reorganización planteada consiste en una división estructural del organismo.

De esta manera, la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) nace como ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su ámbito de acción se extiende a todo el territorio nacional, con la misión central de “brindar cobertura para la atención médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria”, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio Directorio. El decreto estipula que las prestaciones jamás podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio aprobado por el Decreto N° 492/1995, ni a futuras actualizaciones.

La OSFA contará con un directorio integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas. Esta estructura garantizará, según el Ejecutivo, una conducción especializada y alineada con las necesidades particulares de cada institución militar. El Ministerio de Defensa ejercerá la fiscalización y el control de la nueva obra social, actuando como autoridad de aplicación y responsable último de su funcionamiento.

En paralelo, se establece la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su principal objetivo es la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.

Esta desarrollará sus funciones a nivel nacional, bajo estrictos parámetros de control por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, todos serán designados y removidos, en caso de ser necesario, por el Ministerio de Seguridad. La presidencia recaerá en una persona con probada idoneidad y antecedentes técnicos en gestión pública o privada. El decreto exige que todos los miembros demuestren competencia y formación en administración, así como experiencia en organismos complejos.

La OSFA Tendrá como afiliados titulares al personal militar en actividad, personal civil de las Fuerzas Armadas, empleados directos de la obra social, retirados y pensionados. A ellos se suman los beneficiarios incorporados, que int tegran el grupo familiar primario del titular, incluyendo cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, bajo ciertas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios formales. Según lo dispuesto, el directorio podrá autorizar la incorporación de afiliados adherentes, siempre que no posean otra cobertura de salud y cumplan con los requisitos de sustentabilidad financiera.

Mientras tanto, la OSFFESEG incorpora como titulares al personal con estado militar de Gendarme en actividad, personal policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, personal civil en relación de dependencia en ambas fuerzas, empleados de la propia obra social y personal retirado o pensionado de ambas instituciones. El grupo familiar primario de cada titular también accede a la cobertura, con condiciones similares a las fijadas para la OSFA. Además, el Directorio de la OSFFESEG tiene la facultad de admitir nuevos afiliados adherentes, siempre que se acredite la viabilidad financiera y se trate de personas sin otra cobertura.

Ambas obras sociales contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de los haberes, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

El decreto establece que tanto OSFA como OSFFESEG deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a la prestación de servicios de salud, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán superar el 8 %. Si existiera un excedente y todas las obligaciones de salud y administrativas estuvieran cubiertas, hasta un 12 % podrá dirigirse a otras prestaciones sociales.

A su vez, autorizaron al directorio de cada institución a formular el reglamento interno, proponer estructuras orgánicas y normativas administrativas, aprobar programas médicos, presupuestos anuales y balances, contratar personal y servicios, fijar políticas de inversión y presentar informes de gestión ante sus respectivos ministerios.

Además, aclararon que ambos equipos de trabajo estarán sometidos a auditorías internas bajo la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir rigurosas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés.

En esa línea, establecieron que el mandato de los miembros será de cuatro años, con posibilidad de reelección. De manera obligatoria, todos los integrantes deberán acreditar competencia y experiencia en la gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.

Para garantizar la continuidad de servicios, el decreto prevé la transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas entidades. Durante la transición, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— supervisarán el traspaso, incluyendo la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la definición de toda la normativa complementaria necesaria.

El proceso contempla la preservación de las prestaciones actuales y la protección de la población afiliada a lo largo de toda la transición. Las sedes centrales de ambas nuevas obras sociales estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde operarán sus sistemas y servicios a nivel nacional.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a “circunstancias excepcionales que tornan necesario y urgente adoptar medidas inmediatas de reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud”, ante el “desequilibrio estructural y desfinanciamiento que atraviesa el IOSFA”. El Ejecutivo remarcó que la reestructuración permitirá “asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”.

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El Gobierno siente el desgaste de las últimas semanas en el Congreso y le puso límites a sus diputados

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El gobierno parece estar atravesando su peor crisis política desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La acumulación de casos resonantes como $Libra, Andis, los créditos hipotecarios a funcionarios del Banco Nación y la escasa explicación respecto de su crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; conformaron una tormenta que deja a La Libertad Avanza casi sin margen para poder festejar las buenas noticias.

Este descontrol, que hizo que durante el 2 de abril no quedara claro si el Presidente iba a hacer uso de la cadena nacional o no, está haciendo que el férreo control que tenía la Casa Rosada sobre el resto de los miembros libertarios muestre signos de fisura. Esto quedó más a la vista en la Cámara de Diputados en donde la organización que mostró LLA para hacerse de las comisiones claves no se reflejó en el accionar de algunos de sus legisladores que mostraron signos de independencia que generaron discusiones internas.

“Nadie presenta nada sin que se autorice”, se escuchó decir en la última reunión del bloque de LLA en la Cámara baja. “Las prioridades las marca el Ejecutivo y no hay que meter ruido con nada”, agregaron en modo reto las autoridades del bloque frente a la mirada de buena parte de los 95 legisladores que conforman el bloque.

Desde el 1 de marzo hasta el pasado 2 de abril se presentaron 853 proyectos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó de ese total el 7% -63 proyectos-, de los que 28 fueron declaraciones de beneplácito, otros 11 que incluyen pedidos de modificación de decretos, derogación de normas, pedido de informes, solicitud de liberación de personas, al Ejecutivo; 20 que señalan modificación, creación o derogación de leyes nacionales y 1 de ratificación o aprobación de tratados internacionales.

Buena parte de estos presentan una gran cantidad de firmas del bloque, pero hubo algunos que se presentaron en soledad y que generaron discusión interna por la intención de llevar adelante una agenda propia y diferenciada a la que marca la Casa Rosada.

El mal humor de las autoridades libertarias llegó a su punto máximo luego de un nuevo error en redes sociales de la diputada Juliana Santillán, quien posteó que estaba con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe desde 1992. “Hay que tener más cuidado, nos están mirando con lupa, ya no podemos hacer boludeces con el argumento del desconocimiento”, dijo un diputado libertario. “Hay que reordenarse y concentrarse, va a ser un año complejo”, agregó.

En el bloque generó discusión una andanada de proyectos por afuera de la línea oficial que aparecieron en las últimas semanas como por ejemplo el primero que presentó como autora la diputada Karen Reichardt el cual propone que el feriado del 24 de marzo pase a denominarse “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.

A pesar de que el proyecto está en línea con el discurso oficial, las autoridades de la Cámara entienden que genera ruido en un recinto que está totalmente polarizado y en donde sumar voluntades será fundamental para avanzar con la agenda oficial.

Otro punto que generó mucho ruido fue la presentación por parte de 10 diputados de La Libertad Avanza de una carta de intención en donde se comprometen a impulsar una agenda que hoy es inexistente en el Congreso: la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El texto convoca lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

En este paquete de leyes que se presentaron sin la anuencia de las máximas autoridades del bloque de La Libertad Avanza resaltó también el de Virginia Gallardo que declara de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto además pega en la línea de flotación de la pelea cultural en donde la comunidad artística suele apuntar a la administración libertaria por la falta de apoyo a la industria.

En medio de una crisis política en la que el oficialismo no encuentra, por lo menos por ahora, una salida y con sus principales figuras cuestionadas legalmente, las autoridades parlamentarias bajaron una línea única de acción en referencia a que nadie se “corte solo” y avance con presentaciones que abra nuevas discusiones. La famosa frase que supo utilizar en la campaña de 2023 el presidente Milei “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones” dejó paso a la de la obediencia parlamentaria que implica una profesionalización del bloque.

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Cuál es la estrategia del Gobierno para revertir la suspensión de la reforma laboral: temores, versiones y la vía rápida a la Corte

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El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.

Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, según opinó ante Infobae el directivo de una importante compañía del sector de servicios.

Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.

Fuentes oficiales admitieron a Infobae que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.

“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato”, dijo la fuente.

Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.

¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.

Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.

La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”, como resaltó un referente de la Libertad Avanza.

La misma fuente reveló a Infobae que la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.

Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.

Aun así, en medio de este complejo cuadro, abogados experimentados interpretan que la ley está vigente pese a los fallos contrarios ya que fue sancionada por el Congreso Nacional y que los jueces a lo sumo pueden analizar si algún artículo es inconstitucional, pero lo que dictamine regirá únicamente en su jurisdicción.

Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.

Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.

¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.

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De Kicillof a CFK: el PJ avanza en un frente anti Milei, pero todavía no consolida una estrategia de unidad

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El peronismo dio este fin de semana una muestra de acercamiento entre los distintos sectores cuando gobernadores, legisladores e intendentes de distintos puntos del país coincidieron en la provincia de Tierra del Fuego para participar de los actos por el Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Fue un primer paso para una construcción en vistas al 2027 que por el momento tiene más interrogantes que certezas.

Como contó Infobae un grupo de diputados busca traccionar la construcción de un frente anti Milei de carácter federal. En esa idea también está embarcado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tras las actividades en Tierra del Fuego desde su entorno se encargaron de remarcar su rol activo “en la construcción de consensos”. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López.

Las actividades en Tierra del Fuego dejaron varias fotos. Por un lado la comitiva de La Cámpora que se reunió en la tarde noche del miércoles en Ushuaia mientras Kicillof junto a Quintela y un grupo de legisladores nacionales se preparaban para participar de la vigilia en Río Grande. Ese grupo estuvo con el gobernador fueguino Gustavo Melella. Entre actividad y actividad. Hubo conversaciones sobre la coyuntura y el plan 2027. Kicillof aprovechó para empezar a tejer lazos con los intendentes. Se mostró con los tres jefes comunales de Tierra del Fuego, Martín Pérez de Río Grande; Walter Vuoto de Ushuaia y Daniel Harrington de Tolhuin. Pérez y Vuoto mantienen sus diferencias con el mandatario provincial, Gustavo Melella. De hecho, el camporista Vuoto recurrirá a la justicia por el recorte de fondos al municipio de parte de la administración fueguina.

La construcción de Kicillof por fuera de Buenos Aires está atravesada por diferentes factores y dinámicas territoriales que el mandatario deberá abordar más allá de la discusión interna que mantiene con el kirchnerismo en la provincia que gobierna. Además de Melella, Quintela, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Kicillof también fue recibido por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

En el acto oficial el mismo 2 de abril, hubo presencia de todos los sectores del peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por la diputada nacional Cecilia Moreau; La Cámpora, además de Vuoto, también se hizo presente con Mayra Mendoza, una de las voces de CFK y apuesta del cristinismo para la sucesión bonaerense de Kicillof en 2027. A la intendenta en uso de licencia de Quilmes también la escoltó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora; el Subsecretario de Relaciones Municipales durante la presidencia de Alberto FernándezPablo “Tato” Giles, entre otros, como el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.

Mientras sucedía el acto en Ushuaia, en el barrio porteño de La Paternal, el jefe de La Cámpora encabezaba una actividad por Malvinas. Fue la inauguración de un mural en homenaje a los soldados. Allí, sin embargo, dejó una lectura sobre el futuro inmediata del peronismo. “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, planteó.

Por el momento, hay una matriz de coincidencia discursiva del peronismo; al menos en la consideración del gobierno de Javier Milei. Lo que aún es incipiente es definir cuál es la mejor estrategia para abordar el proceso electoral. Lo que dejó las elecciones del 2025 aún es materia de debate al interior del peronismo y con énfasis por lo sucedido en Buenos Aires, en donde Kicillof definió desdoblar la elección, ganando con holgura la elección provincial, aunque sin sostener la victoria en la elección a diputados nacionales.

Tampoco hay acuerdos de hasta dónde expandir la construcción de ese frente. Por ejemplo, un sector del radicalismo bonaerense envía señales subterráneas a algunos dirigentes del Ejecutivo bonaerense. “Si Axel decide dar el paso, seguramente vamos a estar”, admite un dirigente del radicalismo bonaerense que se para en la vereda de enfrente del senador nacional por la UCR, Maximilano Abad. Dar el paso significa romper con el kirchnerismo.

Pero eso no sucederá. Aunque la relación entre el gobernador bonaerense y la expresidenta actualmente sea nula; no está en sus planes correr a los ministros provinciales que reportan políticamente a CFK. Pero Kicillof sí busca expandir. La reunión que días atrás mantuvo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el exdiputado nacional Emilio Monzó fue en esa sintonía. Fue un acercamiento.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025″, dijo Kicillof este lunes cuando en conferencia de prensa se le consultó por la reforma electoral anunciada por el gobierno nacional, que plantea, por ejemplo, la eliminación de las PASO. “Es difícil plantear el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires sin conocer qué va a hacer Nación en ese y en varios aspectos más. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, agregó.

Es que una de las posibilidades es que Buenos Aires también desdoble la elección como suelen hacer el resto de las provincias. Lo que defina Kicillof cobra vital importancia para todo el proceso electoral, ya que Buenos Aires reúne más de 13 millones de personas en condición de votar: el distrito -por lejos- de mayor peso electoral. Buenos Aires también podría abordar temas como boleta única en papel para la elección provincial y allí será Kicillof quien defina la fecha de los comicios bonaerenses. Por el momento todo es cálculo y posibles escenarios.

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