Tras la maratónica sesión en el Senado Nacional que culminó con la aprobación del proyecto de modernización laboral, el Gobierno ahora buscará encadenar otro éxito político en la Cámara de Diputados con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Las dos iniciativas fueron dictaminadas ayer en sendos plenarios de comisión con amplio apoyo de bloques aliados, lo que garantiza el quórum para dar inicio a la sesión. En las filas del oficialismo se muestran confiados en que lograrán una aprobación por amplia mayoría del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años porque el despacho de mayoría tuvo el respaldo del PRO, la UCR, MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Sin embargo, los libertarios también reconocen que podría haber alguna sorpresa al momento de la votación de los artículos en particular.
El proyecto impulsado por Patricia Bullrich establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
A diferencia del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, la ratificación del tratado entre el Mercosur y la UE se votará solamente por sí o por no. Los diputados no pueden introducir ningún tipo de modificación al texto, lo que simplifica la discusión para los libertarios.
Este miércoles, en el plenario de las comisiones de Mercosur y de Relaciones Internacionales solo se opusieron a la ratificación del acuerdo el Frente de Izquierda -dictamen de rechazo- y el peronismo, que no firmó ningún dictamen. El resto de los espacios, acompañó al oficialismo.
“Son 4400 páginas, casi mil artículos. ¿Alguien puede decir que leyó a conciencia el acuerdo? ¿Alguien cree que se puede dictaminar acudiendo a resúmenes hechos con Inteligencia Artificial?”, protestó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. Además, reclamó que el canciller Pablo Quirno no explicó ante el Congreso los detalles del tratado y lamentó que no se haya escuchado a todos los sectores productivos.
Entre los más críticos estuvo el ex canciller Santiago Cafiero: “Este es el acuerdo que negoció Macri y que ratificó Milei. No tiene nada que ver con el acuerdo que se comenzó a negociar hace 20 años. Es bueno negociar un tratado con la UE pero este es un mal acuerdo porque Macri y Bolsonaro en 2019 se bajaron los pantalones”, fustigó.
Los libertarios explicaron que su objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales. Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica.
La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.
No obstante, las facultades para avanzar con algunos procesos “económicos” ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.
Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.
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