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Por qué los cambios aceptados por el Gobierno en la reforma laboral pueden ser un alivio y, a la vez, una trampa para la CGT

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¿Habrá más cambios en la reforma laboral que beneficien al gremialismo? Es la expectativa que tiene la CGT, cuyos líderes siguen negociando en secreto con el Gobierno para atenuar o eliminar artículos del proyecto que afectan al poder sindical. No parece descabellada esa aspiración. Después de todo, en la noche del miércoles se conoció una modificación de último momento en el proyecto que deja a salvo las cuotas solidarias, ese aporte clave para el financiamiento de los sindicatos que los libertarios querían limitar y ahora buscan mantener.

Se agrega a otros cambios aceptados por la Casa Rosada para garantizar la sanción de la reforma laboral, como la eliminación de un artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, que puede explicar por qué la columna principal de la CGT tuvo un paso casi fugaz por la zona del Congreso en la que se hizo la movilización contra la reforma laboral. Fue una protesta decidida más para contener al ala dura que para castigar a un gobierno con el que sus máximos jefes están en tratativas para quitarle el sesgo antisindical al proyecto.

Con la propuesta de salir a protestar en la calle cuando comenzaba el debate en el Senado, la cúpula de la CGT logró desactivar los planteos de paros de 12, 24 y 48 horas que hicieron dirigentes ultraopositores y que, en caso de haberse aprobado, iban a complicar el diálogo con el Gobierno para suavizar la reforma laboral.

Así se llevó a la movilización de este miércoles ante el Congreso, donde pareció que la CGT cumplía un trámite a desgano: sus principales dirigentes, encabezados por el triunvirato, estuvieron en la zona no más de media hora y se fueron rápidamente antes de que la izquierda y otros sectores combativos comenzaran a generar graves incidentes, que incluyeron piedras y bombas molotov.

“Los sectores ultra fueron preparados para eso. Los extremos se unen y son funcionales entre sí“, dijo Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los adalides del sector dialoguista, a Infobae. Y destacó que la movilización al Congreso resultó “interesante y acorde con la estrategia que se decidió en la CGT a partir de la soledad en la que estamos luego del triunfo del Gobierno en las elecciones de octubre pasado”.

“Mantenemos la postura de no dar ni un paso atrás -advirtió-, pero esperamos tener el volumen político que corresponde cuando la ciudadanía pierda la paciencia y ahí estará la CGT, sólida y fuerte”.

La violenta postal que dejó la concentración, que en la CGT estimaban altamente probable, disimuló los reclamos de “paro general” efectuados en la calle por los sectores más duros y la ausencia de varios líderes sindicales en la columna principal de la central obrera.

Al margen de esas sutilezas, en la movilización reapareció Pablo Moyano al frente de los manifestantes de Camioneros, pero la principal novedad es que antes había estado con Hugo, su padre, en la sede del sindicato y ambos posaron para una foto como si hubieran declarado una tregua en la feroz pelea que mantienen desde fines de 2021. Detrás de ellos se ve una vieja foto donde el líder del gremio está junto a Saúl Ubaldini. ¿Una forma sutil de anticipar que apuntan a equiparar el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín que alcanzó el ex titular de la CGT?

Los sindicatos que se destacaron por sus columnas numerosas fueron UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT (liderada por Dragado y Balizamiento y Aeronavegantes), la UTEP (gremio de los movimientos sociales) y el FRESU (el frente que integran la UOM, ATE, las CTA, Aceiteros y Pilotos), entre otros.

De todas formas, para la CGT fue más sustancial que la movilización callejera el hecho de que el Gobierno siguió mostrando voluntad de corregir la reforma laboral. Mientras Patricia Bullrich anunciaba este martes los cambios en la reforma laboral, su equipo técnico estaba redactando otras modificaciones: la más significativa fue una que beneficiará aún más a la CGT en su pelea desesperada por conservar intacta la “caja sindical”.

En efecto, el Gobierno había incluido en el proyecto un artículo que afectaba al sindicalismo porque decía que los empleadores “podrán” ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Pero la última versión de la reforma laboral eliminó directamente ese artículo, que lleva el número 137, por lo que quedará vigente la ley actual, que le conviene al gremialismo porque establece la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención y no sólo de la cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Esa es una mención clave porque también alude a las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se descuentan de los sueldos de los afiliados y los no afiliados. Y que para la CGT son sacrosantos porque se convirtieron en la base del financiamiento de la mayoría de los sindicatos a través de millonarios fondos que reciben de todos los trabajadores de una actividad.

Son los que Federico Sturzenegger llamó “peajes sindicales” y quiso cambiar desde que Javier Milei llegó a la Presidencia. La CGT logró frenar en la Justicia la fórmula libertaria contemplada en el DNU 70 para limitar esos aportes, que fue la exigencia de que para descontar el aporte tenía que haber un consentimiento explícito por parte del trabajador. Eso mismo se incluyó en la primera versión de la reforma laboral y finalmente desapareció por las presiones de la CGT ante el Gobierno.

El proyecto con cambios anunciado por Bullrich estipulaba que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2 por ciento y se mantendrán hasta el 1° de enero de 2028 ya que desde entonces tendrán que ser voluntarias (lo mismo sucederá con los aportes patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo).

La corrección de último momento de la reforma laboral beneficia aún más a los sindicatos y en la CGT ahora aseguran que negocian otros cambios en el proyecto que les darán alivio en temas decisivos como la ultractividad de los convenios y los convenios por empresa, dos puntos que el Gobierno mantuvo hasta ahora en su versión dura y que ponen en jaque al modelo sindical argentino porque debilitan al tradicional unicato.

Algunos que no comparten la estrategia de la cúpula de la CGT alertan que la misma solución que encontraron para cambiar la reforma laboral puede convertirse en una trampa: “Arreglaron todo lo que ponía en peligro la caja sindical, pero la gente no les va a perdonar que no se hayan cambiado artículos que afectan a los trabajadores en materia de indemnizaciones, banco de horas o vacaciones”, dijo a Infobae un dirigente del ala dura.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), insistió en que la reforma laboral “realmente quita derechos tanto individuales como colectivos a los trabajadores y no va a generar empleo”. Y admitió: “Entendemos que hubo cambios aparentemente favorables hacia el movimiento sindical, pero de cualquier manera rechazamos totalmente este proyecto”.

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EEUU reconoció que le preocupa la ley que podría sancionar a sus empresas por el conflicto con Malvinas

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El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.

“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.

Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.

El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.

El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.

Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.

Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.

Quirno, en tanto, reconoció que “el embajador Lamelas lo dice constantemente, que su visión es que el Gobierno argentino reelija el año que viene”, pero intentó separar la afinidad política de la lógica de las inversiones. “El único condicionamiento que hay es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó, y enumeró el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico y la previsibilidad como las garantías reales del flujo de capitales.

Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

El “quitavisas”

Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.

Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.

Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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