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Reforma Laboral: Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las licencias por enfermedad

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La senadora Patricia Bullrich informó este domingo que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 de la Reforma Laboral, que introducía un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario a los trabajadores que solicitaban permiso para ausentarse del trabajo por estar enfermos. La legisladora explicó que será sólo para el caso de afecciones “severas, degenerativas”, y que sean “fehacientemente comprobables”.

“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, explicó Bullrich en declaraciones a TN.

“Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes”, indicó Bullrich. El proyecto, que fue aprobado en el Senado y ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados, establecía que los trabajadores que sufran una enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo cobrarían sólo el 50% de sus sueldos cuando la licencia supere los 3 meses, y 75% en caso de que sean afecciones causadas por una cuestión involuntaria. Ahora, la legisladora de La Libertad Avanza indicó que estudian la manera de introducir un cambio en ese punto, y que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios.

“Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobras menos”, dijo Bullrich.

Bullrich sostuvo que la iniciativa surge como respuesta a lo que calificó como una “mafia en los certificados médicos”, fenómeno al que atribuyó un elevado nivel de ausentismo laboral en la Argentina. La funcionaria detalló que, según datos recientes, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, afirmó la senadora durante la entrevista. En este sentido, remarcó la existencia de “clínicas y médicos presos” por la emisión de documentos apócrifos, y planteó que la reforma busca terminar con ese circuito.

La propuesta de reforma prevé la creación de juntas médicas compuestas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria para certificar los casos donde los trabajadores soliciten licencias prolongadas. Esta medida, según Bullrich, apunta a garantizar un control más estricto y evitar abusos en la emisión de certificados. “El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario”, advirtió la legisladora, en línea con el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

En lo referido a enfermedades graves, Bullrich precisó que el oficialismo planea introducir una modificación que garantice el 100% del salario durante la licencia, siempre que se trate de casos comprobados de patologías “severas, degenerativas o irrecuperables”. La senadora explicó que este nuevo criterio se aplicará únicamente cuando exista una corroboración fehaciente por parte de especialistas, para evitar que el beneficio sea capturado por quienes incurren en prácticas fraudulentas. “Vamos a dejar el 100% solo en caso de enfermedades comprobadas”, señaló.

La funcionaria también puso énfasis en la necesidad de “desarmar la industria del certificado trucho”, a la que responsabilizó de generar un gasto injustificado para el sistema laboral y afectar la productividad nacional. Según Bullrich, existen casos en los que “una persona se rompe un dedo y obtiene un año y medio de certificados”, situación que calificó como un abuso extendido. A su vez, consideró que la problemática alcanza un nivel estructural, con complicidad de abogados y personal médico.

Dentro del debate legislativo, Bullrich indicó que la discusión sobre la restitución del salario pleno para enfermedades graves se mantiene abierta. La parlamentaria mencionó conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para definir si la modificación se realizará por vía reglamentaria o mediante la incorporación de un nuevo artículo. La senadora también mencionó intercambios con la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, destacando la voluntad de encontrar una solución “con un certificado claro que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.

El esquema de licencias vigente actualmente en la Argentina establece que el trabajador puede conservar su cargo durante un año en caso de enfermedad, y que transcurridos dos años se le aplica la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma impulsada por el oficialismo introduce la diferenciación entre enfermedades leves y graves, lo que implica un cambio respecto al criterio anterior, que no contemplaba distinción alguna.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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