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Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

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Luego del anuncio de la CGT con un paro general de 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en Diputados, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que ese día no haya colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La decisión se conoció este lunes luego de un encuentro virtual que llevó a cabo el Consejo Directivo cegetista y confirmó el cuarto paro general que la central gremial realizará durante el gobierno de Javier Milei. La decisión se llevó a cabo de forma urgente, pensando en la intención del Poder Ejecutivo de discutir el proyecto el próximo jueves.

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

En ese marco, tras el anuncio que realizó la CGT, se conoció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente decidió unirse a la medida. Las dudas estaban puestas, ya que el pasado 10 de abril, en la última medida general de la CGT, hubo colectivos circulando con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.

Según informó Infobae, el titular de la UTA, Roberto Fernández, recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión de su gremio a la medida. Tras lograr el apoyo clave, desde los tranviarios sostuvieron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“.

El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

Uno por uno, los gremios de transporte que se sumarán a la medida

A la medida se adhiere la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano como secretario general, con la confirmación de los siguientes gremios:

  • Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
  • Personal Superior Ferroviario (UPSF)
  • Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
  • Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
  • Señaleros (ASFA)
  • Federación Argentina de Remises (FAREM)
  • Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
  • Gremios de la aviación
  • Sindicato de Cementerios (SOECRA)
  • Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
  • Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
  • Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

El Consejo Directivo de la UGATT difundió un comunicado en el que garantizó el paro total de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma laboral en Diputados y respaldó la decisión de la CGT. En el texto institucional, firmado por Maturano, se remarcó: “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”.

Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que impulsan la adhesión al paro son:

  • Sindicato de Dragado y Balizamiento
  • Camioneros
  • Aeronavegantes
  • Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
  • AOITA
  • Capitanes de Ultramar
  • APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
  • AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
  • SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
  • SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
  • SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
  • Guincheros
  • SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
  • SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
  • Sindicato Vialidad
  • ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

El malestar sindical se profundizó luego de la aprobación en el Senado del artículo 44 de la reforma laboral, que limita el derecho a percibir el salario completo durante una licencia por enfermedad o accidente no relacionado con la actividad laboral. Según el texto, los trabajadores afectados recibirán un 50% del salario, con la opción de alcanzar un 75% si la situación no se debe a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, no había sido parte del debate original y generó fuertes críticas internas y externas a la CGT.

Un dirigente de la central obrera, citado por Infobae, expresó que este artículo “vulnera los derechos individuales de los trabajadores y nunca estuvo entre los cambios que se discutieron”, marcando el descontento incluso entre sectores dialoguistas del sindicalismo.

Desde el Gobierno admiten que existe desacuerdo en torno al artículo 44 y analizan modificarlo mediante el decreto reglamentario para evitar trabas en la sanción definitiva de la ley. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores oficialistas, justificó la inclusión del artículo señalando a TN que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de exceptuar a quienes atraviesen enfermedades graves.

La CGT advirtió en un documento interno que considera a la reforma laboral “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y destacó el incumplimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige un tratamiento tripartito para una reforma de estas características. La central anticipó la posibilidad de recurrir a la justicia si la norma es promulgada.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOMATEAceiteros y las dos CTA, ya había anunciado un paro con movilización al Congreso el día del debate parlamentario.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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